Un violento episodio protagonizado por una perra de raza Cane Corso en la ciudad rionegrina de Catriel terminó con un niño de seis años herido y con una causa penal abierta contra los responsables del animal. El caso, que ocurrió en plena vía pública, ha reavivado el debate sobre el control y las medidas de seguridad que deben tomar los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos.
La Justicia de Río Negro decidió imputar a tres integrantes de una misma familia por el delito de lesiones leves, al considerar que no adoptaron las precauciones necesarias para evitar el ataque. Además, se impuso una medida cautelar poco habitual: la perra tiene prohibido regresar al barrio mientras dure la investigación penal.
Cómo ocurrió el ataque en Catriel
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el hecho tuvo lugar el 11 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:30, en un barrio de la ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro (Argentina). A esa hora, el niño circulaba en bicicleta por la calle cuando el animal salió del domicilio de sus dueños.
De acuerdo con la acusación, la perra Cane Corso se escapó de la vivienda, cruzó la calle y se abalanzó directamente sobre el menor. El impacto fue tal que el chico perdió el equilibrio y cayó de la bicicleta, quedando a merced del animal.
Una vez en el suelo, el niño sufrió varias mordeduras y arañazos, que le provocaron lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los profesionales de la salud que lo atendieron más tarde calificaron estas heridas como leves desde el punto de vista médico-legal, aunque el susto y la tensión vivida en el momento fueron considerables.
Testimonios recogidos en la investigación señalan que todo ocurrió en cuestión de segundos, sin que hubiera un adulto que pudiera intervenir de inmediato para frenar a la perra. Esta ausencia de control directo sobre el animal es uno de los ejes centrales de la acusación penal.
En el lugar se vivieron momentos de gran nerviosismo. Familiares del niño y vecinos acudieron rápidamente para auxiliarlo, mientras que la perra fue finalmente retirada por sus propietarios. El episodio derivó en una denuncia formal y en la intervención del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.
Quiénes son los imputados y qué delito se les atribuye
Tras analizar los primeros elementos del caso, la fiscalía resolvió formular cargos contra tres personas: una joven y sus progenitores, todos ellos identificados como responsables del cuidado cotidiano de la perra Cane Corso.
La acusación les atribuye el delito de lesiones leves, figura penal que se aplica cuando una persona causa, por acción u omisión, daños físicos que no alcanzan la gravedad de las lesiones graves, pero que igualmente son relevantes para la Justicia. En este caso, la fiscalía sostiene que el ataque del animal se produjo por una falta de control directamente vinculada a la conducta de los dueños.
En la audiencia de formulación de cargos, la representante del Ministerio Público expuso que los imputados eran quienes tenían la guarda, custodia y supervisión del animal al momento del hecho, y por ello deben responder penalmente por lo ocurrido.
La jueza de Garantías que intervino en la causa dio por válida la imputación y abrió formalmente la investigación penal preparatoria. Desde ese momento, se inició un plazo de cuatro meses para profundizar en la recolección de pruebas, testimonios y peritajes que permitan esclarecer todas las circunstancias del ataque.
La formulación de cargos no implica una condena automática, pero sí supone que la Justicia encontró elementos suficientes para considerar verosímil la hipótesis de responsabilidad planteada por la fiscalía y continuar con el proceso penal.
El deber de garante y la responsabilidad sobre razas peligrosas
Uno de los puntos más relevantes del caso para el ámbito jurídico es la referencia al llamado “deber de garante” de los dueños de animales, especialmente cuando se trata de razas consideradas peligrosas o potencialmente agresivas.
Durante la audiencia, la fiscal subrayó que, al decidir criar y mantener a una perra de raza Cane Corso, catalogada como peligrosa por distintas normativas y listados, la familia asumió una obligación reforzada de cuidado respecto a terceros.
En ese sentido, la acusación indica que los propietarios debían mantener al animal debidamente resguardado, sin posibilidad de acceder libremente a la vía pública. Asimismo, se remarcó que era imprescindible extremar las medidas de seguridad en presencia de menores de edad, por tratarse de un colectivo especialmente vulnerable.
El concepto de deber de garante implica que quien tiene bajo su control una fuente de riesgo —en este caso, un perro de gran porte y fuerza— está obligado a prevenir daños a otras personas. Si esa prevención falla, la responsabilidad penal puede activarse, incluso cuando el daño lo produce directamente el animal.
La fiscalía consideró que en este episodio hubo una clara omisión de esas medidas de resguardo, dado que la perra pudo salir del domicilio, cruzar la calle y atacar al niño sin ningún tipo de sujeción ni supervisión inmediata.
La postura de la defensa y las objeciones a la causa
Por su parte, la defensa de la familia imputada sostuvo una versión crítica de la acusación. El defensor oficial cuestionó tanto la claridad de los hechos como la calificación legal de lesiones leves, e intentó frenar el avance del proceso penal.
En la audiencia, el letrado planteó que no estaban suficientemente acreditadas todas las circunstancias del ataque, y que existían dudas sobre cómo se desencadenaron los hechos y sobre la verdadera entidad de las lesiones sufridas por el menor.
Además, la defensa sugirió que la figura penal escogida podría ser desproporcionada para un episodio que, si bien fue impactante, no dejó secuelas graves en la víctima. Con este argumento, solicitó al juez de Garantías que se dispusiera el cese de la investigación en favor de sus asistidos.
Pese a estas objeciones, el planteamiento defensivo no prosperó. El magistrado entendió que la versión de la fiscalía contaba con respaldo suficiente en informes médicos, testimonios y demás elementos iniciales de prueba.
En consecuencia, la Justicia rionegrina resolvió rechazar el pedido de archivo y convalidar la acusación, manteniendo en pie los cargos por lesiones leves contra los tres imputados, al menos hasta que concluya la etapa de investigación.
Medidas cautelares: la perra no puede volver al barrio
Junto con la formulación de cargos, la jueza de Garantías dispuso una medida de carácter preventivo que afecta directamente al animal. La resolución prohíbe que la perra Cane Corso regrese al barrio donde ocurrió el ataque mientras se desarrolla la causa penal.
Esta decisión tiene como objetivo proteger al niño agredido y al resto de los vecinos de la zona, evitando así cualquier riesgo de nuevos episodios similares mientras la Justicia analiza en profundidad el caso.
La medida cautelar no supone, por el momento, la eutanasia ni el decomiso definitivo del animal, pero sí implica que la perra debe permanecer alejada del entorno donde tuvo lugar el incidente. El lugar exacto donde será alojada durante este periodo no fue detallado públicamente por razones de privacidad.
Además, el juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. Durante ese tiempo, la fiscalía podrá recabar más pruebas, ordenar peritajes sobre el comportamiento del perro si lo estima necesario, y tomar nuevas declaraciones a testigos y profesionales.
Finalizado ese lapso, corresponderá decidir si la causa se eleva a juicio, si se alcanza algún tipo de acuerdo entre las partes o si, por el contrario, se considera que no hay elementos suficientes para sostener la acusación.
Contexto: perros potencialmente peligrosos y debates en Europa y España
Aunque el caso concreto ocurrió en Río Negro, la discusión sobre la responsabilidad de los dueños de perros de razas fuertes es recurrente en Europa y en España, donde también se han registrado episodios de ataques que han generado gran impacto social.
En distintos países europeos existen normativas que catalogan a ciertas razas como potencialmente peligrosas y exigen requisitos especiales para su tenencia: licencias, seguros obligatorios, bozal y correa en espacios públicos, e incluso cursos de formación para los propietarios.
En España, el régimen legal sobre estos animales ha ido cambiando en los últimos años, con debates sobre si es adecuado centrarse en la raza o en la conducta concreta del perro y su nivel de socialización. Algunos expertos sostienen que el foco debe ponerse más en la educación y en la responsabilidad de los dueños que en el listado de razas.
Casos como el de Catriel, aunque ocurran fuera del territorio europeo, suelen ser utilizados como ejemplo en el debate público sobre la necesidad de reforzar controles, campañas de concienciación y sanciones claras para quienes no cumplen con las normas de seguridad; otros ataques similares suelen alimentar esas discusiones.
Al final, tanto en América Latina como en Europa, la cuestión de fondo gira en torno a cómo compatibilizar la convivencia con perros de gran porte con la protección de la integridad física de peatones, y muy especialmente de niñas y niños.
Lo sucedido en Catriel deja sobre la mesa un mensaje claro sobre la trascendencia del deber de cuidado de los propietarios de animales, en particular cuando se trata de razas con gran fuerza física y potencial de daño. La evolución de la causa penal y las decisiones que adopte la Justicia serán seguidas de cerca, no solo por la comunidad local, sino también por quienes trabajan en la elaboración de políticas de protección y bienestar animal en otras regiones.
