Varios ayuntamientos españoles están dando un giro de tuerca a sus ordenanzas de bienestar animal para adaptarlas a la realidad social y al nuevo marco jurídico. Municipios como Almassora (Castellón) y Gijón (Asturias) han puesto en marcha procesos de revisión profunda de sus normas locales, con periodos de participación ciudadana, informes técnicos y debates políticos sobre el uso de espacios públicos, las obligaciones de los propietarios y la protección frente al abandono y el maltrato.
Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente en España: las corporaciones locales quieren contar con un marco normativo claro y actualizado que ordene desde la identificación de los animales hasta la gestión de colonias felinas, pasando por los espacios de esparcimiento canino, la inspección municipal y un régimen sancionador más afinado. Todo ello, con la idea de reforzar la convivencia entre vecinos y animales de compañía sin perder de vista la higiene urbana, la seguridad y la salud pública.
Almassora actualiza su ordenanza y abre un proceso de participación ciudadana
En Almassora, el consistorio ha iniciado el trámite de una nueva ordenanza municipal reguladora del bienestar animal que sustituirá a la norma vigente desde 2004. El equipo de gobierno considera que, tras más de dos décadas, la reglamentación se había quedado corta para responder a la nueva sensibilidad social hacia los animales y para encajar con la legislación estatal y autonómica de protección animal aprobada en los últimos años.
Siguiendo lo previsto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el borrador de la ordenanza ya está disponible en el portal web municipal para que cualquier persona interesada, así como asociaciones y entidades, pueda remitir alegaciones, sugerencias y comentarios. El plazo fijado se extiende hasta el 27 de abril, antes de que el texto pase a su fase de aprobación definitiva por los órganos municipales competentes.
El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha incidido en que la actualización no es un simple retoque, sino una revisión de fondo de la regulación local. Según remarca, el objetivo es disponer de una ordenanza alineada con una sociedad en la que los animales de compañía forman parte del día a día de muchos hogares y en la que existe una mayor exigencia de protección, respeto y control responsable.
La propuesta normativa de Almassora incorpora expresamente las novedades introducidas por la legislación autonómica y estatal, abordando cuestiones como la identificación mediante microchip, la inscripción en registros municipales, las obligaciones de los titulares de animales y las reglas de convivencia en calles, plazas y otros espacios públicos. El consistorio pretende que el texto final sirva de referencia para prevenir conflictos vecinales y mejorar la gestión de incidencias relacionadas con mascotas.
Entre los contenidos más destacados del borrador figura un apartado específico dedicado a la gestión de colonias felinas, donde se plantean criterios para su control ético y supervisado. También se regulan los animales potencialmente peligrosos y se detallan medidas sobre la recogida y atención de ejemplares abandonados, incentivando la adopción como vía prioritaria frente al sacrificio, con la idea de reducir al mínimo el número de animales sin hogar.
La ordenanza de Almassora contempla además los procedimientos de inspección y control por parte de los servicios municipales, así como un régimen de infracciones y sanciones para los supuestos de incumplimiento. Para el área de Medio Ambiente, se trata de garantizar una convivencia equilibrada entre vecinos y animales, articulando obligaciones claras para los responsables de las mascotas y herramientas jurídicas para intervenir cuando sea necesario.
Gijón perfila su Ordenanza de Bienestar Animal con más de 700 aportaciones
En Gijón, el Ayuntamiento se encuentra en la recta final de la elaboración de su Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales de Compañía y Bienestar Animal. El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha explicado que el texto se ha construido a partir de un amplio proceso de participación en el que se han recogido más de 700 aportaciones procedentes de particulares, expertos y entidades vinculadas al ámbito animalista y vecinal.
Ese volumen de contribuciones se ha canalizado a través del Consejo Sectorial de Bienestar Animal, foro en el que se han debatido las propuestas con la intención de no dejar fuera ninguna cuestión relevante. Paralelamente, los técnicos municipales están incorporando los informes de distintos servicios, organismos autónomos y empresas municipales, así como las observaciones de los departamentos de sanciones y de la Policía Local, que serán los encargados de velar por el cumplimiento de la futura ordenanza.
Pintueles ha señalado que el plan del gobierno local pasa por elevar el proyecto de ordenanza a la Junta de Gobierno para su aprobación inicial y, posteriormente, remitirlo a la comisión municipal correspondiente y al Pleno. El calendario que maneja el área de Medio Ambiente apunta a que todo el proceso normativo podría completarse antes del periodo estival, si bien admite que los plazos pueden depender del número de alegaciones y enmiendas que se presenten en las distintas fases.
El trabajo no se está limitando a la redacción del articulado: en paralelo, el consistorio ha iniciado una revisión de los espacios destinados a la suelta de perros en todo el concejo. El servicio de Parques y Jardines está recopilando datos sobre las zonas que ya se usan de facto como áreas caninas, aunque no estén formalmente autorizadas, con el fin de regularizarlas cuando sea viable y descartar aquellas que generen problemas de convivencia, higiene o seguridad.
Con esa información, el Ayuntamiento proyecta un nuevo mapa de espacios de esparcimiento canino que, según las estimaciones, supondrá un incremento aproximado del 15 % de la superficie actual dedicada a estos usos. En cifras, se habla de añadir en torno a 40.000 metros cuadrados a los 291.343 ya existentes, mediante la ampliación de recintos, la creación de nuevas zonas o el intercambio de ubicaciones por otras que funcionen mejor desde el punto de vista urbanístico y vecinal.
Playas, zonas caninas y seguridad jurídica: cómo se ordena el espacio público
Uno de los puntos más sensibles en la ordenación del bienestar animal en Gijón es el uso del litoral y de las playas urbanas por parte de los perros. El debate se ha intensificado en torno a la playa del Rinconín, tradicionalmente frecuentada por usuarios con sus mascotas, y a la posibilidad de permitir el acceso nocturno de canes en el arenal de San Lorenzo durante los meses de verano, algo que ha generado posiciones enfrentadas tanto en el gobierno municipal como entre los colectivos ciudadanos.
Pintueles ha querido dejar claro que el hecho de que determinados asuntos aparecieran en los borradores iniciales de la ordenanza no significaba que fueran a incorporarse de forma automática al texto definitivo ni que contaran desde el principio con el respaldo político del ejecutivo local. De hecho, cuestiones como el cierre o apertura continuada de Rinconín a los perros o la habilitación de tramos en San Lorenzo han sido finalmente excluidas del articulado para ganar margen de maniobra.
La estrategia del Ayuntamiento pasa por introducir un artículo específico que permita a la Junta de Gobierno determinar, mediante acuerdos posteriores, qué espacios concretos se habilitan para el esparcimiento de perros, incluidas las playas urbanas, y en qué condiciones de uso. Esta fórmula busca dar mayor agilidad a la gestión: cualquier modificación de los puntos del mapa de zonas caninas se podría acordar mediante resolución, sin necesidad de reabrir todo el procedimiento de cambio de la ordenanza, un trámite que suele prolongarse durante meses.
Según ha explicado el edil de Medio Ambiente, la elaboración de ese mapa se basará en criterios técnicos y científicos, que no se limitan a la vertiente medioambiental. Se tendrán en cuenta factores como la salubridad pública, la limpieza viaria, la seguridad, la accesibilidad, el impacto acústico o la protección del patrimonio y de la fauna. La idea es delimitar con precisión las áreas permitidas, señalizarlas adecuadamente y dejar sin efecto aquellas que, por sus características o por la experiencia acumulada, resulten conflictivas.
El consistorio gijonés considera que la futura ordenanza representa una buena ocasión para superar prácticas poco sólidas desde el punto de vista jurídico, como determinar de facto zonas de suelta de perros únicamente mediante la colocación de señales, sin un respaldo reglamentario claro. Según advierte el propio Pintueles, ese tipo de actuaciones puede generar incertidumbres legales en caso de incidentes con animales sueltos, especialmente cuando hay daños y es necesario acreditar qué decisiones formales adoptó la administración sobre la presencia de mascotas en determinados lugares y horarios.
Al margen de la polémica en torno a las playas, la ordenanza gijonesa aspira a reforzar la protección frente al abandono y el maltrato, impulsar un control ético de las poblaciones animales, exigir una mayor responsabilidad a los propietarios de mascotas y garantizar espacios públicos más limpios y cuidados. Todo ello se acompaña de un régimen sancionador más robusto, concebido como herramienta para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa y no solo como mecanismo punitivo.
Adopciones, centros de protección y responsabilidad de los propietarios
La renovación de las ordenanzas de bienestar animal también tiene reflejo en aspectos como la gestión de los centros municipales de protección y el impulso de la adopción frente al abandono. En distintos municipios se está apostando por modelos que combinen la mejora de instalaciones con tasas ajustadas para quienes deciden incorporar un animal de compañía procedente de refugios municipales o entidades colaboradoras.
En este contexto, se ha señalado la importancia de que las tasas de adopción incluyan servicios básicos como la identificación mediante microchip, la cartilla sanitaria al día, las vacunaciones obligatorias o, cuando procede, pruebas específicas como la de ADN canino. El argumento que defienden buena parte de las áreas de bienestar animal es que, aunque estas cuotas puedan percibirse como un coste inicial, evitan que los nuevos propietarios asuman posteriormente desembolsos mucho mayores y garantizan que los animales abandonen el centro en condiciones adecuadas de salud y trazabilidad.
El debate político suele girar alrededor de si estas tasas deben modularse según la edad, el tamaño o el estado de salud de los animales, con propuestas para bonificar aún más la adopción de perros mayores, con enfermedades crónicas o de gran tamaño, que suelen tener más dificultades para encontrar familia. Frente a esta visión, algunos equipos de gobierno sostienen que no es viable fijar tarifas distintas en función de cada caso y que la bonificación estándar ya supone un alivio notable respecto al coste real de los servicios incluidos.
En paralelo, la mayoría de ordenanzas en tramitación o revisión coinciden en subrayar que los animales no pueden tratarse como simples mercancías, sino como seres vivos sujetos a protección. Ello se traduce en la exigencia de compromisos claros por parte de los adoptantes: proporcionar alimentación adecuada, atención veterinaria, espacios seguros y la debida supervisión para evitar fugas, molestias al vecindario o situaciones de riesgo tanto para las mascotas como para las personas.
Los ayuntamientos están incorporando a sus textos referencias expresas a la tenencia responsable, que incluye desde la identificación obligatoria y la inscripción en registros municipales hasta la obligación de recoger los excrementos en la vía pública, mantener al animal en condiciones higiénicas y evitar comportamientos que puedan ser considerados maltrato o negligencia. Estas obligaciones se refuerzan con campañas de información y con la actuación de la Policía Local y los servicios de inspección, que adquieren un papel clave en la vigilancia y en la tramitación de sanciones cuando corresponde.
En conjunto, las nuevas ordenanzas de bienestar animal en municipios como Almassora y Gijón evidencian un cambio de enfoque en la gestión local de la relación entre personas y mascotas. Las corporaciones quieren normas más detalladas, mecanismos de participación y criterios técnicos que permitan ajustar, con cierta flexibilidad, el uso de playas, parques y zonas de suelta de perros. Al mismo tiempo, se consolida la idea de que la protección de los animales, la convivencia vecinal y la calidad del espacio público son piezas de una misma política municipal que exige responsabilidad compartida entre administración, propietarios y resto de la ciudadanía.
