El reciente operativo ejecutado en Coronel Pringles y Tres Arroyos ha sacado a la luz una de las mayores tramas relacionadas con las carreras clandestinas de galgos en el país. A raíz de múltiples denuncias de vecinos y propietarios rurales, la policía desarrolló durante varios meses una minuciosa investigación, culminando en la detención de 15 personas vinculadas a la organización de eventos ilegales que incluían apuestas clandestinas, uso de sustancias prohibidas y tenencia irregular de armas de fuego.
La investigación, encabezada por distintas fuerzas de seguridad y supervisada por la fiscalía de Bahía Blanca, fue posible por el trabajo conjunto de Comandos de Prevención Rural y la Coordinación Zonal de Seguridad Rural. Los investigadores, en colaboración con fiscalías locales, recogieron pruebas mediante seguimientos encubiertos, análisis de cámaras de vigilancia y monitoreo de mensajes en redes sociales y grupos cerrados de mensajería. Estos elementos evidencian la existencia de una estructura criminal bien articulada y recurrente en la región.
Allanamientos y pruebas incautadas
El miércoles pasado se llevaron a cabo 14 allanamientos simultáneos, distribuidos entre ocho en Coronel Pringles y seis en Tres Arroyos. En cada uno de estos operativos se logró secuestrar un importante arsenal de armas de fuego sin documentación, teléfonos móviles, dispositivos de comunicación como handys, jeringas, medicamentos y productos químicos veterinarios supuestamente utilizados para mejorar el rendimiento físico de los galgos en competencia.
Asimismo, se encontraron trofeos, diplomas, copas y medallas correspondientes a campeonatos previos, documentos que evidencian la trayectoria y recurrencia de esta práctica, además de anotaciones y registros que sugieren la presencia de apuestas ilegales y el traslado habitual de participantes provenientes de distintas regiones, incluyendo contactos con personas de otras provincias.
Las indagaciones iniciales determinaron que las carreras, conocidas entre los implicados como “de yuntas” —donde varios galgos competían con reglamento, premios y sistemas de puntuación—, se realizaban en parajes rurales y campos privados de acceso restringido, frecuentemente sin el consentimiento de sus propietarios.
El circuito ilegal operaba con una logística compleja: los organizadores promocionaban las carreras y reclutaban apostadores mediante aplicaciones encriptadas, grupos de WhatsApp y Facebook cerrados. La movilidad de personas y animales se coordinaba con discreción, modificando con frecuencia los lugares de encuentro para evitar la detección policial.
Imputaciones y aspectos legales
Todas las personas implicadas han sido imputadas por violaciones a la Ley Nacional 27.330, que prohíbe las carreras de perros en Argentina desde 2016, además de infringir la Ley 14.346 sobre protección animal y la Ley 13.470 relacionada con apuestas ilegales. También enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas debido al hallazgo de armamento sin permisos correspondientes.
El expediente está en trámite bajo la responsabilidad de diversas fiscalías, entre ellas la Fiscalía 13 de Tres Arroyos y la Ayudantía Fiscal local. El material incautado, que incluye dispositivos electrónicos y documentación, será analizado para esclarecer el alcance de la organización y detectar posibles cómplices.
El papel de las organizaciones y autoridades
La intervención de las fuerzas de seguridad contó con el apoyo de asociaciones protectoras de animales, que celebran los avances y reclaman mayor vigilancia y control en zonas donde las carreras clandestinas son frecuentes. Estas organizaciones señalan que, aunque las leyes existen, su cumplimiento enfrenta desafíos por la falta de recursos y la connivencia en ciertos ámbitos locales.
La colaboración de la comunidad rural ha sido esencial, aportando denuncias y pruebas clave. El trabajo conjunto entre vecinos, patrullas rurales y autoridades judiciales ha permitido desmantelar una red que operaba con aparentes fines recreativos o de caza, en realidad dedicados a actividades ilícitas con consecuencias graves.
Este caso ha incentivado el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones y de implementar campañas de sensibilización para eliminar prácticas que combinan crueldad animal, fraude y delincuencia organizada. Para comprender mejor las diferentes formas en que estas actividades ilegales afectan a los animales, puedes consultar formas de ayudar a las protectoras.
El despliegue policial y judicial en Coronel Pringles y Tres Arroyos ha logrado detener una red que violaba múltiples normativas. La gran cantidad de pruebas y las detenciones realizadas constituyen un avance significativo en la lucha contra la explotación ilegal de galgos, aunque las autoridades subrayan que aún es preciso mantener la vigilancia y seguir denunciando para evitar que estas actividades vuelvan a surgir en la región.
