La polémica estalló en Chignahuapan (Puebla, México) tras la difusión de vídeos en redes en los que se ve a agentes municipales retirando perros en situación de calle del centro de la localidad. Las imágenes, grabadas la noche del 3 de noviembre, muestran un operativo que ha generado una oleada de críticas y preguntas sin respuesta.
Colectivos de protección animal acusan al Ayuntamiento de haber ejecutado una redada en plena temporada de Día de Muertos con apoyo de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos. Según los testimonios, los canes fueron subidos a una patrulla identificada como M-909 (placas SP-51-120), sin ofrecer información clara sobre su destino ni sobre el presunto “resguardo animal”.
Qué se sabe del operativo
De acuerdo con activistas que siguieron el dispositivo, algunos animales fueron introducidos en transportadoras en mal estado para su traslado. Mientras los funcionarios hablaban de “resguardo”, varias fuentes sostienen que se dio la orden de llevarlos al vertedero municipal, una versión que el consistorio no ha confirmado ni desmentido.
En las denuncias se subraya que parte de los perros estaban esterilizados y vacunados; incluso habría casos de animales con cuidador o propietario, lo que facilita identificar y ayudar a los perros callejeros. Las asociaciones preguntan dónde están, en qué condiciones se encuentran y qué protocolo legal amparó la retirada.
Organizaciones que han alzado la voz
La agrupación Huellitas con Amor Chignahuapan Puebla difundió los vídeos y reclamó explicaciones inmediatas. Por su parte, la Fundación Patitas Enlodadas A.C. respaldó la denuncia y sostiene que no es la primera vez que se hacen levantamientos de este tipo coincidiendo con eventos multitudinarios como el festival Luz y Vida, alegando que se busca evitar la llamada “mala imagen”, similar a matanzas de perros callejeros denunciadas en otros contextos.
Ambas organizaciones piden una investigación formal, la identificación de quienes dieron las órdenes y sanciones si se acreditan abusos, incluso por casos como envenenamientos de perros. En varios mensajes públicos señalan al alcalde Juan Rivera Trejo y solicitan que se detalle el listado de animales retirados, su estado sanitario y el lugar exacto donde se encuentran.
Respuesta institucional y denuncia ante la Fiscalía
El Instituto de Bienestar Animal (IBA) de Puebla informó que ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el retiro de los animales de la vía pública. El organismo pidió al Ayuntamiento y al alcalde transparencia total sobre las actuaciones y el paradero de los canes, recordando que las administraciones deben actuar bajo principios de bioética y bienestar animal.
Hasta el momento, y según los colectivos denunciantes, no hay una postura oficial del Ayuntamiento de Chignahuapan. La ausencia de información ha incrementado la presión social y mantenido el debate en redes y medios locales.
El marco de actuación y el debate de fondo
Más allá del caso concreto, las asociaciones subrayan que la gestión de animales comunitarios debe orientarse a estrategias de captura, esterilización y retorno, así como a la adopción responsable, con registros públicos y protocolos verificables. En la práctica europea —incluida España— son habituales los procedimientos humanitarios con control veterinario y seguimiento.
Los colectivos reclaman campañas educativas, refuerzo de la identificación con microchip, colaboración con refugios y auditorías periódicas de cualquier instalación municipal de resguardo. Para los denunciantes, un operativo que priorice la “imagen” por encima del trato digno a seres sintientes contraviene las políticas modernas de protección animal. También insisten en medidas para proteger a los perros callejeros en situaciones de riesgo.
El caso sigue en el foco público: mientras el IBA impulsa la vía penal y las organizaciones insisten en conocer dónde están los animales y en qué condiciones, el Ayuntamiento de Chignahuapan continúa sin ofrecer una versión completa de los hechos, y la ciudadanía espera respuestas y medidas concretas que garanticen el bienestar y la legalidad.
