
La justicia ha dictado sentencia tras uno de los sucesos más trágicos ocurridos recientemente en el campo zamorano. El Juzgado de lo Penal de Zamora ha decidido imponer una pena de dos años y medio de cárcel a Pedro Gago, el pastor y ganadero de ovino cuyos canes acabaron con la vida de una joven de 27 años en octubre de 2023. Los hechos, que tuvieron lugar en un camino vecinal entre las localidades de La Hiniesta y Roales del Pan, han sido calificados como un delito de homicidio por imprudencia grave, lo que supone un castigo firme ante la negligencia en la custodia de los animales.
El veredicto no solo conlleva el tiempo de reclusión, del cual se descontarán los apenas veinte días que el acusado ya pasó en prisión provisional, sino que también establece una indemnización de 250.000 euros destinada a los padres de Arancha Corcero, la víctima del brutal ataque. Aunque la defensa del ganadero intentó conseguir la libre absolución, la magistrada ha aplicado una atenuante por dilaciones indebidas para ajustar la condena definitiva, alejándose de los cuatro años que solicitaba inicialmente la acusación particular.
Un historial de agresividad y falta de vigilancia
Durante la vista oral, quedó patente que los animales implicados, un grupo de mastines y perros de raza carea, no eran precisamente unos desconocidos para los vecinos de la zona. Varios testimonios confirmaron que los canes solían abalanzarse sobre los transeúntes que paseaban por las cercanías de la explotación ganadera, un comportamiento violento que, lejos de ser corregido, se intensificó con el tiempo. La jueza ha sido muy clara al señalar que el propietario tenía la obligación legal de garantizar que sus animales no supusieran un peligro para nadie, algo que ignoró por completo.
La sentencia es especialmente dura al describir la actitud del condenado, mencionando una ausencia absoluta de remordimiento tras la tragedia. Los informes periciales presentados durante el juicio determinaron que, a pesar de no figurar en las listas oficiales de razas potencialmente peligrosas, el comportamiento de estos perros los convertía en animales de alto riesgo. El hecho de que estuvieran sueltos, sin vigilancia alguna y fuera del cercado en el momento del ataque, ha sido clave para fundamentar la gravedad de la imprudencia cometida por el pastor.

Relato de una tarde fatídica en el campo zamorano
Los detalles que han trascendido sobre los últimos minutos de Arancha son estremecedores y ponen los pelos de punta a cualquiera. La joven se encontraba paseando cuando fue sorprendida por la jauría, teniendo apenas tiempo de llamar a su madre para avisar de que los perros venían a por ella. Según el relato judicial, los animales la atacaron por la espalda con tal ferocidad que le causaron un shock traumático-hemorrágico irreversible. Fue la propia madre de la víctima quien, al llegar al lugar, tuvo que resguardar el cuerpo de su hija mientras se defendía de los perros, que seguían mostrando una actitud extremadamente violenta.
Cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el vial agrícola, se toparon con una escena dantesca en la que los animales incluso intentaron atacar a los vehículos oficiales. Se ha sabido además que el entorno del pastor ya le había advertido sobre el peligro que corrían los viandantes, una advertencia que Pedro Gago ignoró. Incluso tras el ataque, el ganadero mostró cierta resistencia a colaborar con las fuerzas de seguridad para retirar a los animales, que se encontraban en condiciones de nutrición y cuidados bastante cuestionables.
Un precedente que marca el futuro de la responsabilidad ganadera
Este fallo judicial se ha convertido en una referencia importante para el sector ganadero y la seguridad rural en España. Miguel Ángel Martín Anero, el abogado de la familia afectada, ha destacado que es la primera vez que se dicta una condena de prisión efectiva en un caso de ataque protagonizado por perros mastines dedicados al pastoreo. Esto envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad civil y penal que recae sobre los dueños de animales de trabajo, quienes no pueden escudarse en la labor de guarda para descuidar las medidas mínimas de seguridad y control.
La resolución judicial deja claro que el derecho a tener perros para proteger el ganado termina donde empieza el riesgo para la vida de los demás, especialmente cuando existen pruebas de que el propietario era consciente de la peligrosidad de sus animales. A falta de ver si la Audiencia Provincial de Zamora ratifica el fallo tras el previsible recurso de la defensa, el caso de Arancha Corcero marca un antes y un después en la jurisprudencia española sobre ataques de cánidos en entornos rurales, subrayando que la custodia negligente de animales peligrosos tiene consecuencias legales muy serias que pueden terminar con el responsable tras las rejas.