La tranquilidad de la comarca abulense de La Moraña se ha visto sacudida por el descubrimiento de un negocio bastante turbio que operaba a nivel nacional. La Guardia Civil ha logrado poner fin a una estructura organizada que se dedicaba a la cría y comercialización irregular de perros, un entramado que no solo engañaba a los compradores, sino que ponía en serio peligro la vida de los animales.
Las pesquisas, que se bautizaron como operación ‘Bibiache’, arrancaron a finales de 2025 de la mano del SEPRONA. Tras meses de seguimientos y análisis de plataformas digitales, los agentes descubrieron que este grupo captaba a sus víctimas en redes sociales y páginas web, ofreciendo cachorros que supuestamente estaban en regla pero que en realidad carecían de cualquier tipo de garantía sanitaria.
Un negocio basado en el engaño y la falta de bienestar
El modus operandi de esta red era de lo más rastrero, ya que los animales eran distribuidos por toda España sin una documentación legítima que avalara su origen. En muchos casos, los microchips se intercambiaban de un perro a otro o simplemente nunca llegaban a registrarse en las bases de datos oficiales. Esto dejaba a los nuevos dueños totalmente desamparados cuando surgían los primeros problemas, que no tardaban en aparecer debido a las malas condiciones en las que se encontraban los animales.
Se ha podido confirmar que los perretes eran sometidos a viajes larguísimos por carretera cuando apenas tenían unos meses de vida, lo que les generaba un estrés brutal. Esta falta de cuidados básicos provocó que muchos ejemplares desarrollaran enfermedades graves tras la entrega, llegando en varias ocasiones a un desenlace fatal. Los compradores se encontraban de repente con facturas veterinarias astronómicas o, lo que es peor, con la muerte de su nueva mascota a los pocos días de llegar a casa.
La implicación de profesionales y el fraude económico
Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es que la red contaba con la ayuda de tres veterinarios. Estos profesionales habrían facilitado el acceso a medicamentos restringidos y habrían blanqueado la situación de los cachorros implantando microchips de forma irregular para dar una falsa apariencia de legalidad. Durante los registros, se hallaron cartillas en blanco y material médico que confirmaba que todo estaba orquestado para que el comprador no sospechara nada a simple vista.
En cuanto a la pasta que movía esta gente, las cifras son mareantes. Aunque se han acreditado pagos por valor de unos 146.000 euros, la Guardia Civil sospecha que de euros si se tienen en cuenta los cobros en efectivo que no han dejado rastro. Hay más de 600 personas afectadas en todo el país que realizaron transferencias para reservar a sus mascotas, pensando que estaban tratando con un criadero serio y responsable.
Además de los delitos relacionados con los animales, los agentes se toparon con otras sorpresas durante las inspecciones en La Moraña. Encontraron varias que no tenían los papeles en regla, incumpliendo la normativa CITES. Por si fuera poco, las instalaciones estaban conectadas de forma ilegal a la corriente, por lo que también a لس imputa un delito de defraudación de fluido eléctrico.
El caso ya está en manos de la autoridad judicial y se investiga a los implicados por una larga lista de delitos que incluye estafa, falsedad documental, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal. Esta operación pone de manifiesto la importancia de en internet y de verificar siempre que el vendedor cumple con todos los requisitos legales antes de realizar cualquier pago, ya que detrás de una foto bonita puede esconderse una red de sufrimiento animal y fraude económico.
