El conocido como “criadero de los horrores de Gijón”, situado en la parroquia de Serín, se ha convertido en uno de los casos de maltrato animal más graves que se recuerdan en Asturias y en el resto de España. La actuación de la Guardia Civil ha permitido rescatar 347 perros que vivían, según los informes oficiales, en unas condiciones pésimas de bienestar, higiene y atención sanitaria.
Tras varias inspecciones, la investigación ha desembocado en la detención de cuatro personas, entre ellas los dos propietarios del centro canino, a quienes se les atribuyen un presunto delito continuado contra los animales y un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Aunque han quedado en libertad tras prestar declaración, el procedimiento judicial sigue abierto y no se descartan nuevas diligencias ni futuras detenciones.
Cómo se destapó el caso del criadero de Serín
El origen de la investigación está en una denuncia formal presentada el 13 de abril por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa de la Comunidad de Madrid (FAPAM). En ese escrito se advertía de que desde enero de 2024 se estarían produciendo de forma sistemática episodios de maltrato animal en dos centros de cría: uno en Serín (Gijón) y otro en Don Benito (Badajoz), ambos vinculados a los mismos propietarios.
La denuncia detallaba un cúmulo de presuntas irregularidades que iban mucho más allá de descuidos puntuales. Según FAPAM, en esos criaderos se habría consolidado un modelo de producción intensiva de perros, fundamentalmente de razas mini o de pequeño tamaño, con prácticas que vulnerarían de lleno la legislación de bienestar animal y las normas sanitarias en vigor.
Ante la gravedad de los hechos descritos, la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil, junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial, puso en marcha un dispositivo específico de inspección. La primera visita a las instalaciones de Serín tuvo lugar el 14 de abril, en el marco de un control en materia de bienestar y sanidad animal.
En esa primera inspección se revisaron uno a uno los perros alojados en el centro: su estado físico y psicológico, las zonas de estancia, las áreas de cría y cuarentena, y la documentación obligatoria de cada animal, como la cartilla veterinaria y la medicación disponible. También se analizó el funcionamiento de la empresa: número de empleados, situación laboral, horarios y condiciones de trabajo, lo que incorporó al caso un ángulo adicional relacionado con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Tras aquel primer control, la Guardia Civil realizó dos inspecciones adicionales en las semanas siguientes para recopilar más pruebas, constatar la evolución de los animales y fijar con mayor precisión el alcance del supuesto maltrato. Esas actuaciones culminaron el 21 de abril con un operativo de rescate masivo que obligó a vaciar prácticamente el criadero.
Rescate de 347 perros en condiciones extremas
En la intervención definitiva, los agentes localizaron 347 perros, un operativo que fue recogido en el especial rescatados más de 300 perros de un criadero de Gijón. La mayoría pertenecían a razas pequeñas muy demandadas en el mercado de mascotas: bichón maltés, pomerania, caniche toy, yorkshire, chihuahua, schnauzer miniatura o teckel, entre otras. Muchos de ellos se encontraban hacinados, con signos evidentes de estrés, miedo y abandono prolongado.
Los informes veterinarios describen un panorama muy duro: animales con abundante suciedad acumulada, restos de cerumen en los oídos, infecciones cutáneas y problemas bucodentales severos como periodontitis e intensa halitosis. Varios perros presentaban tejidos inflamados, patologías intestinales y otras alteraciones físicas que exigían atención urgente.
Además del deterioro físico, muchos de los perros rescatados mostraban secuelas psicológicas compatibles con un maltrato prolongado. Los veterinarios y voluntarios que participaron en el operativo relataron conductas de miedo extremo ante determinados gestos humanos, dificultades de socialización y signos evidentes de ansiedad, propios de animales que habrían pasado gran parte de su vida encerrados en espacios reducidos.
Algunos de los ejemplares afectados sufrían enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles a humanos. Entre otras afecciones, se detectaron casos de giardiasis, una infección causada por un parásito intestinal. La situación llevó al veterinario de la Oficina Comarcal de Gijón de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial a decretar, por vía administrativa, la retirada de todos los animales por riesgo de zoonosis, reforzando así la línea ya abierta desde el ámbito penal.
Ante la imposibilidad de alojar a tantos perros en un único espacio, los ejemplares rescatados se repartieron entre distintos recursos: el Centro de Protección de Animales de Gijón (albergue municipal en Serín), el albergue de Oviedo, la Fundación Protectora de Animales de Siero y otras entidades colaboradoras, incluidas protectoras asturianas y de la Comunidad de Madrid. Los casos más graves fueron derivados directamente a clínicas veterinarias para una estabilización intensiva.
Prácticas denunciadas: cesáreas sin anestesia y cachorros congelados vivos
Si el estado general de los animales ya resultaba alarmante, buena parte del impacto social del caso se ha debido a las prácticas concretas descritas en la denuncia de FAPAM. Según ese documento, algunas perras habrían sido sometidas a cesáreas sin un protocolo anestésico adecuado, de manera que los animales permanecían conscientes durante la cirugía.
La acusación sostiene que estas operaciones se habrían realizado sin la debida sedación, provocando un dolor físico extremo, estrés agudo y un sufrimiento prolongado en las madres. De confirmarse judicialmente, estaríamos ante una de las formas de maltrato más graves recogidas en la normativa española, ya que implicaría intervenciones invasivas realizadas al margen de las prácticas veterinarias más básicas.
Otro de los puntos más estremecedores relatados por las asociaciones animalistas tiene que ver con el tratamiento de los cachorros nacidos con deformidades. La denuncia afirma que existían supuestas indicaciones de arrojar a la basura o introducir en congeladores a los perros nacidos con malformaciones, en algunos casos cuando aún seguían vivos.
Trabajadores y personas del entorno del criadero habrían escuchado, siempre según la denuncia, llantos procedentes del interior de los congeladores. Esos testimonios, ahora bajo análisis de la autoridad judicial, son los que han llevado a muchos colectivos a referirse a este caso con expresiones especialmente duras y a bautizar las instalaciones como el ya tristemente famoso “criadero de los horrores”.
La misma documentación apunta a una elevada mortandad de cachorros asociada a deformidades y a unas condiciones reproductivas inadecuadas, con partos reiterados y una presión constante sobre las hembras. Expertos en bienestar animal consultados por distintos medios han señalado que este tipo de dinámicas encajarían en un modelo de explotación intensiva de perros de raza, donde la prioridad es la producción continua de camadas para su comercialización en toda España.
Falta de control veterinario y uso indebido de medicamentos
Otra de las líneas de investigación abiertas se centra en el uso y administración de medicamentos dentro del criadero. La denuncia de FAPAM sostiene que personas sin titulación veterinaria habrían llevado a cabo prácticas reservadas legalmente a profesionales colegiados, como la vacunación, la prescripción de antibióticos o determinados tratamientos médicos.
Este punto no solo refuerza la presunta existencia de maltrato animal, sino que añade posibles delitos o infracciones relacionadas con la normativa sobre medicamentos y productos sanitarios de uso veterinario. La investigación analiza si se pudieron administrar fármacos sin control, en dosis inadecuadas o sin el seguimiento clínico necesario, con el consiguiente riesgo para la salud de los animales e incluso para la seguridad de los futuros compradores.
Durante las inspecciones, la Guardia Civil también halló elementos llamativos en las instalaciones. En la zona dedicada al lavado y corte de pelo de los perros, los agentes localizaron en el interior de una papelera, junto a gasas y guantes clínicos, restos orgánicos correspondientes a un tumor extirpado de uno de los animales. Ese perro, posteriormente sometido a control veterinario, presentaba dolor, infección y un deterioro generalizado, lo que apunta a que la intervención no se habría realizado en condiciones sanitarias adecuadas.
Este tipo de hallazgos refuerza la tesis de que, además de la falta de higiene en el día a día, en el criadero se habrían realizado procedimientos quirúrgicos o semiquirúrgicos sin el respaldo de una clínica veterinaria reglada ni de un protocolo asistencial conforme a la ley. Las diligencias tratan ahora de determinar quién practicaba esas intervenciones y en qué circunstancias concretas se producían.
Paralelamente, desde el punto de vista administrativo, la actuación de la UPRONA y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha permitido identificar 18 infracciones en distintas materias: calidad ambiental, protección de los derechos y bienestar animal, normativa sobre medicamentos y productos sanitarios, gestión de residuos y suelos contaminados, sanidad animal y protección de consumidores y usuarios. Todo ello dibuja un escenario en el que, presuntamente, se habrían acumulado irregularidades de distinta gravedad durante un periodo prolongado.
Cuatro detenidos e investigación por grupo criminal
Como resultado de las investigaciones, la Guardia Civil procedió a la detención de cuatro personas vinculadas directamente con el criadero, entre las que se encuentran los dos propietarios, hermanos entre sí. A todos ellos se les atribuye un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal y un presunto delito continuado contra los animales, figuras que buscan reflejar la continuidad en el tiempo y la presunta organización estructurada de las actividades investigadas.
Las detenciones se practicaron tras la intervención en Serín y fueron acompañadas de una entrada y registro en la oficina del centro canino, autorizada judicialmente. Ese registro tenía como objetivo localizar documentación, registros internos, historiales y cualquier otra prueba que pudiera clarificar el funcionamiento real del negocio, tanto desde el punto de vista económico como sanitario y administrativo.
Tras la práctica de las diligencias iniciales, los detenidos quedaron en libertad provisional, a la espera de la evolución del procedimiento. La Guardia Civil ha reiterado que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas actuaciones, tanto en el ámbito penal como en el administrativo. El impacto del caso ha sido tal que el cuerpo armado ha hecho públicos varios comunicados detallando paso a paso las actuaciones realizadas.
En paralelo, el Ayuntamiento de Gijón analiza la mejor fórmula jurídica para declarar a los animales en situación de desamparo. El objetivo de esta medida es que la titularidad de los perros pase a manos municipales o de las entidades de protección designadas, facilitando así su futura adopción una vez se despejen las cuestiones legales y sanitarias que todavía condicionan su destino.
Por el momento, la mayoría de los animales continúa bajo control judicial, lo que impide su adopción generalizada. Solo en aquellos casos en los que se ha podido acreditar documentalmente una compra previa legalmente registrada, algunos dueños han podido recuperar a sus mascotas. Para muchos de los perros rescatados, los veterinarios calculan que serán necesarios meses de tratamientos, rehabilitación física y apoyo conductual antes de que puedan integrarse en un nuevo hogar con ciertas garantías.
El otro criadero de Don Benito y las inspecciones fallidas
La denuncia que dio origen al caso no se refería solo al centro de Serín. FAPAM también señalaba la existencia de otro criadero vinculado a los mismos propietarios en Don Benito (Badajoz), donde presuntamente se estarían produciendo hechos similares. Esta circunstancia llevó a la Guardia Civil a solicitar la colaboración de sus unidades en Badajoz para realizar inspecciones paralelas.
Sin embargo, cuando los agentes se desplazaron hasta las instalaciones señaladas en la localidad extremeña, comprobaron que el centro ya no existía operativamente. El resultado de la inspección fue, por tanto, negativo, lo que complica la obtención de pruebas directas sobre lo que pudo ocurrir allí meses atrás. A pesar de ello, el posible vínculo entre ambos criaderos sigue formando parte de las pesquisas.
La dimensión interprovincial del caso refuerza la hipótesis de un entramado empresarial con alcance más amplio que el de un simple negocio local. Las autoridades tratan de reconstruir la red de distribución de los cachorros, ya que muchas de las ventas se habrían realizado a clientes de diferentes puntos de España, aprovechando la alta demanda de perros de raza pequeña en todo el territorio nacional.
Este enfoque más amplio también ha reavivado el debate sobre la trazabilidad de los animales de compañía y la necesidad de mejorar los registros y controles a escala estatal, para evitar que casos de esta magnitud pasen inadvertidos durante años pese a operar bajo una apariencia de legalidad.
Mientras tanto, en Asturias la intervención en Serín ha tenido un fuerte impacto mediático y social. Asociaciones, ciudadanos y profesionales del sector coinciden en que este caso ha puesto sobre la mesa las posibles carencias en los sistemas de supervisión y ha generado una desconfianza considerable hacia el modelo de determinados criaderos intensivos.
Un negocio de perros mini bajo sospecha
El criadero de Serín funcionaba, a ojos del público, como un negocio especializado en razas pequeñas. Desde el exterior, para muchos vecinos, era simplemente una empresa más dedicada a la crianza de bichones, pomeranias, caniches toy o chihuahuas, destinada a abastecer un mercado creciente de perros de compañía de pequeño tamaño, muy visibles en redes sociales y en anuncios online.
Sin embargo, los datos que han ido aflorando tras la intervención de la Guardia Civil dibujan un escenario mucho más oscuro. Según la investigación, el centro habría operado durante tiempo con una lógica casi industrial de producción, donde las hembras reproducían de manera reiterada para sostener un flujo constante de cachorros, muchos de los cuales se comercializaban a precios elevados en toda España.
Las asociaciones de protección animal llevan años alertando de que parte del mercado de perros de raza se sostiene sobre dinámicas de este tipo: camadas sucesivas sin descanso, ausencia de control veterinario real, falta de planes de cría responsables y ocultación de problemas genéticos. El caso de Serín se ha convertido para muchos en el ejemplo más visible de estas prácticas.
El escándalo ha salpicado también a algunos clientes conocidos públicamente que adquirieron perros en este criadero, generando debates encendidos en redes sociales sobre el grado de responsabilidad de quienes compran animales sin interesarse en profundidad por sus condiciones de origen. La polémica ha puesto el foco tanto en la falta de información del comprador medio como en las carencias de control institucional.
En paralelo, el aluvión de solicitudes para quedarse con los perros intervenidos ha hecho que muchos profesionales del ámbito animalista hablen de una especie de “liquidación por cierre”, en la que se mezcla la solidaridad real con cierta percepción de oportunidad. Detrás de esa avalancha está el hecho de que se trata de animales con un alto valor económico en el mercado, ahora reubicados bajo el paraguas de las protectoras y las administraciones.
La imagen pública del sector de los criaderos legales ha quedado notablemente tocada. Muchos potenciales compradores reconocen que, a partir de este caso, exigirán más transparencia, visitas a las instalaciones y garantías antes de decantarse por un cachorro de raza. En el horizonte, las entidades protectoras piden reforzar los controles, aumentar las inspecciones y endurecer las sanciones para quienes utilicen a los animales como simples piezas de una cadena de producción.
Con todo lo que se ha conocido hasta ahora, el llamado criadero de los horrores de Gijón se ha convertido en un punto de inflexión: ha evidenciado la magnitud que puede alcanzar el maltrato organizado bajo apariencia de negocio legal, ha forzado a las instituciones a mover ficha y ha generado una reflexión colectiva sobre el modelo de cría, la responsabilidad de los compradores y la necesidad de que la protección animal en España deje de depender solo de que un caso extremo llegue a los titulares.