La ausencia de un servicio de urgencias veterinarias operativo las 24 horas en Fuerteventura se ha convertido en uno de los temas que más inquietud genera entre familias con mascotas, colectivos animalistas y profesionales del sector. Mientras las organizaciones ciudadanas reclaman que se habilite cuanto antes un sistema de atención continuada, el Colegio de Veterinarios de Las Palmas advierte de que, con la estructura actual, resulta imposible exigir a las clínicas que mantengan guardias permanentes sin poner en riesgo su viabilidad.
En la isla quedan abiertas en torno a una veintena de clínicas, con un censo aproximado de 88 veterinarios y veterinarias, muchos de los cuales además no trabajan en centros de pequeños animales, sino en ámbitos como la ganadería. Este contexto, sumado a problemas de vivienda y a los costes de mantener un centro abierto fuera del horario habitual, ha llevado a un choque de posiciones entre las demandas ciudadanas de servicio 24h y las advertencias de los profesionales sobre los límites humanos y económicos del sistema actual.
Qué reclaman las asociaciones: un servicio 24 horas y apoyo a familias vulnerables
La Asociación Majoreros Solidarios ha impulsado una recogida de firmas en toda Fuerteventura para exigir que se ponga en marcha, con cobertura insular, un servicio veterinario de urgencias activo las 24 horas del día. La iniciativa parte de una realidad que las familias conocen de primera mano: durante noches, fines de semana y festivos, no existe un recurso público o coordinado que garantice la atención inmediata de animales enfermos o heridos.
Según denuncia la asociación, esta carencia puede provocar que animales de compañía mueran o sufran daños irreversibles al no recibir ayuda a tiempo, incluidos los primeros auxilios para perros. Además del impacto directo sobre el bienestar animal, se apunta a consecuencias sociales como la angustia de los dueños, el abandono forzado de mascotas por no poder afrontar una urgencia y una sensación general de desprotección en la isla frente a otras zonas del archipiélago donde sí existen dispositivos más estables.
Majoreros Solidarios solicita a los ayuntamientos, al Cabildo de Fuerteventura y al Gobierno de Canarias que, dentro de sus competencias, implanten o coordinen un sistema insular de urgencias que funcione las 24 horas. Entre las medidas que plantean figuran la firma de convenios con clínicas veterinarias, la dotación de recursos económicos suficientes y la creación de un protocolo claro de actuación ante emergencias con animales, de forma que no dependa todo de la buena voluntad de un profesional que esté de guardia informalmente.
La campaña también reclama la habilitación de un número de teléfono único para emergencias veterinarias operativo a cualquier hora del día, que permita centralizar los avisos y evitar que las familias tengan que ir llamando clínica por clínica sin saber si serán atendidas. A ello se suma la petición de ayudas económicas específicas para familias vulnerables que se enfrenten a una urgencia con sus mascotas y no puedan asumir el coste en ese momento.
Desde la asociación se insiste en que el bienestar animal no puede quedar supeditado al horario comercial ni a la capacidad económica puntual de quien se encuentra con un animal en riesgo. A su juicio, la atención veterinaria urgente debe considerarse una responsabilidad pública, en línea con los valores sociales actuales y con el marco normativo de protección animal vigente en España.
Argumentos legales y desigualdad territorial en el archipiélago
La petición ciudadana se apoya también en la legislación. Majoreros Solidarios recuerda que tanto la normativa estatal como la autonómica reconocen a los animales como seres sintientes, lo que implica obligaciones concretas para las administraciones públicas. Entre ellas, evitar situaciones de sufrimiento innecesario y articular recursos mínimos para asegurar su protección.
En este sentido, la asociación hace referencia expresa a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. A su entender, la ausencia de un servicio de urgencias veterinarias continuado en Fuerteventura entra en conflicto con el espíritu de esta norma, al dejar a muchos animales sin asistencia durante franjas horarias críticas como las noches o los fines de semana.
Esta situación también se interpreta como una desigualdad territorial respecto a otras islas donde existe una cobertura más amplia de urgencias. Desde el punto de vista de los colectivos animalistas, que una familia dependa del lugar donde vive para que su mascota pueda ser atendida de madrugada o en festivos no encaja con el objetivo de homogeneizar derechos y obligaciones en todo el territorio.
La recogida de firmas se lleva a cabo en distintos establecimientos, asociaciones y comercios repartidos por la isla, desde tiendas de animales y pequeños negocios locales hasta entidades sociales y culturales. La idea es alcanzar el mayor respaldo posible para presentar la demanda ante las administraciones, subrayando que no se trata de un problema puntual sino de una reivindicación social extendida entre residentes de distintos municipios.
La asociación agradece la implicación de empresas, colectivos y particulares, así como el apoyo de plataformas de autónomos de Fuerteventura y Canarias, que facilitan la difusión de la campaña. Cualquier entidad que quiera colaborar puede sumarse, con el objetivo de dar más peso a la solicitud de un servicio de urgencias 24 horas considerado por los promotores como “necesario, viable y urgente”, siempre que se diseñe con financiación y coordinación adecuadas.
La postura del Colegio de Veterinarios: por qué hoy no es viable exigir guardias 24 horas
Frente a esta presión social, el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas ha hecho público que, en las condiciones actuales, no es posible exigir a las clínicas de Lanzarote y Fuerteventura que cubran urgencias veterinarias las 24 horas del día. La institución colegial insiste en que el problema no es la falta de voluntad de los profesionales, sino una carencia estructural de recursos humanos, económicos y logísticos que se arrastra desde hace tiempo.
En islas como Fuerteventura, la mayoría de las clínicas funcionan con equipos muy reducidos e incluso unipersonales. Los veterinarios soportan jornadas largas, con una elevada presión asistencial y una fuerte carga emocional asociada al trato diario con animales enfermos y sus familias. Imponer de forma continuada guardias nocturnas, de fines de semana y festivos sin refuerzos suficientes, advierte el Colegio, supone un riesgo real tanto para la salud de los profesionales como para la calidad del servicio que se ofrece.
Desde la organización colegial se aclara que mantener un centro abierto 24 horas implica mucho más que tener un teléfono operativo. Supone afrontar gastos fijos elevados —personal, suministros, alquiler, equipamiento, energía— incluso en guardias en las que apenas se presentan pacientes. A ello se suman los avisos que finalmente no se materializan, posibles impagos y una actividad irregular que dificulta cuadrar cuentas sin un sistema de compensación adecuado.
El Colegio recalca que, en estas condiciones, obligar a las clínicas a prestar un servicio de urgencias continuadas sin apoyo externo desemboca en pérdidas económicas directas y puede poner en peligro la viabilidad de los propios centros. Por ese motivo, la entidad ha manifestado que no promoverá ni avalará soluciones que fuerzen a los profesionales a trabajar a pérdidas o que supongan un sacrificio personal y económico desproporcionado.
La institución insiste en que las urgencias veterinarias son necesarias, pero que deben articularse bajo un modelo sostenible, equitativo y respetuoso con quienes las prestan. Desde su punto de vista, velar por la atención a los animales implica también garantizar unas condiciones razonables para los veterinarios que, día a día, sostienen el sistema.
Falta de personal y crisis de vivienda: los principales cuellos de botella
Uno de los puntos que más subraya el Colegio de Veterinarios de Las Palmas es la imposibilidad práctica de reforzar las plantillas en islas como Lanzarote y Fuerteventura. Aunque sobre el papel podría pensarse en atraer profesionales de otras zonas, la realidad es que se topan con una barrera difícil de salvar: la crisis de vivienda en las islas orientales.
Los precios de alquiler elevados y la escasez de oferta hacen muy complicado ofrecer condiciones mínimas para que nuevos veterinarios decidan instalarse de forma estable. Desde la organización se resume la situación con una frase contundente: «Sin vivienda asequible, no hay captación de personal posible». Esta falta de relevo y de refuerzos mantiene a muchos centros funcionando con estructuras muy ajustadas.
El problema no solo es cuantitativo, en términos de número de profesionales, sino cualitativo: con equipos reducidos, la carga de guardias se concentra en muy pocas personas, lo que incrementa el riesgo de agotamiento y errores, y dificulta garantizar una atención continuada con estándares de calidad. La combinación de jornadas largas, turnos partidos y urgencias imprevistas genera un desgaste que preocupa al Colegio.
A ello se añaden los costes de mantener una clínica abierta incluso cuando no se atienden urgencias. Guardias en las que nadie acude, llamadas que no se concretan y los habituales gastos fijos hacen que, sin una compensación adecuada, el servicio de 24 horas resulte económicamente inviable para muchos titulares. En un entorno de márgenes ajustados, la obligación de mantener guardias permanentes puede traducirse, señalan, en cierres de centros a medio plazo.
Por este motivo, la entidad colegial plantea que cualquier avance hacia un sistema de urgencias 24 horas en la isla debe pasar por un rediseño global del modelo, donde se aborden a la vez la captación de personal, la disponibilidad de vivienda, la financiación del servicio y la distribución de responsabilidades entre administración y sector privado.
Hacia qué tipo de modelo apuntan las distintas partes
Aunque las posiciones de los colectivos ciudadanos y del Colegio de Veterinarios parten de realidades diferentes, coinciden en un punto: la atención de urgencias veterinarias es necesaria y debe mejorar en Fuerteventura. La discrepancia se sitúa en cómo lograrlo y quién debe asumir el peso principal del sistema.
Las asociaciones como Majoreros Solidarios ponen el acento en que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar un mínimo de cobertura, especialmente cuando las leyes reconocen a los animales como seres sintientes y recogen el deber de evitarles sufrimientos innecesarios. De ahí su insistencia en que se actúe mediante convenios, financiación específica y un dispositivo de coordinación insular.
Por su parte, el Colegio de Veterinarios subraya que no basta con pedir más servicio sin abordar los recursos necesarios. A su juicio, cualquier solución debería incluir, como mínimo, mecanismos de compensación económica para las clínicas que participen en un hipotético sistema de guardias, incentivos para atraer profesionales, medidas que faciliten el acceso a la vivienda y una planificación basada en datos reales de demanda y capacidad asistencial.
Entre los escenarios que se mencionan en el debate público figuran fórmulas como redes de clínicas que roten las guardias, servicios de urgencia insulares concertados, acuerdos público-privados con financiación estable o la implantación de un centro de referencia que asuma las urgencias más graves, como un ataque epiléptico, fuera del horario ordinario. Ninguna de estas opciones se ha concretado todavía, pero sirven de base para plantear alternativas más allá de la situación actual.
Mientras tanto, el día a día en Fuerteventura sigue marcado por la ausencia de un servicio formal 24 horas, la preocupación creciente de las familias con mascotas y la advertencia de los veterinarios sobre los límites del sistema. El reto pasa por encontrar un modelo que, sin cargar todo el peso sobre las clínicas, permita que cualquier animal en situación crítica pueda ser atendido con rapidez, sin que el reloj o el calendario determinen sus posibilidades de recibir ayuda.
