La Guardia Civil ha localizado en una finca de Azuaga (Badajoz) los cuerpos sin vida de 32 perros. Las primeras comprobaciones indican que murieron por la falta prolongada de alimento y agua, y el dueño del inmueble está siendo investigado por su posible responsabilidad penal.
Según los datos recabados por los agentes, los animales permanecieron abandonados desde junio, en condiciones de salubridad deplorables. Algunos estaban sueltos, otros atados con cadenas o encerrados en boxes, y existen indicios de que parte de la jauría intentó alimentarse de los cadáveres de los que ya habían fallecido.
Hallazgo y actuación del SEPRONA
La intervención se produjo la semana pasada, cuando una patrulla del SEPRONA detectó indicios de que en una nave podían encontrarse perros en mal estado. A partir de entonces, los agentes realizaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble y proceder a la inspección.
Durante la revisión de las instalaciones, efectuada en presencia del propietario, vecino del mismo municipio, se encontraron 32 cadáveres distribuidos por diferentes zonas de la finca. Los cuerpos presentaban delgadez extrema, claros signos de abandono y estaban en distintos estados de descomposición.
Los investigadores constataron además que los canes se hallaban sin agua ni comida y que habían convivido atados o en boxes, escenario que habría precipitado su muerte por inanición.
Con las pruebas ya recogidas, la Guardia Civil ha abierto diligencias contra el dueño por un posible delito de abandono animal por omitir los cuidados básicos, con resultado de muerte. El caso se ha remitido al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz para su tramitación.
Fuentes consultadas señalan que podrían tratarse de perros de caza, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente por el SEPRONA, manteniendo la cautela a la espera de nuevas verificaciones.
Reacciones e implicaciones
La organización política animalista PACMA ha reclamado la prisión preventiva sin fianza para el investigado y que el procedimiento se aborde con el máximo rigor penal dada la gravedad de los hechos.
En su valoración, PACMA critica la falta de control institucional sobre el sector cinegético y recuerda que había solicitado recientemente intensificar las inspecciones a rehalas y núcleos donde se alojan perros de caza por indicios de maltrato y abandono.
El suceso ha reavivado el debate público sobre el bienestar animal y la necesidad de reforzar la vigilancia y la respuesta institucional ante denuncias de desatención grave.
Para ampliar información o aportar datos de interés, la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Badajoz atiende en el teléfono 630 728 035.
Marco legal del abandono y maltrato animal
El Código Penal recoge los delitos de maltrato y abandono animal, con penas que pueden ir de 3 a 18 meses de prisión o multa, además de inhabilitación de uno a tres años para profesiones o actividades relacionadas con animales.
Cuando los hechos ocasionan la muerte del animal, las penas pueden elevarse hasta 12 a 24 meses de prisión e inhabilitación de 2 a 4 años. En todo caso, el investigado mantiene su presunción de inocencia hasta sentencia firme.
Este caso refleja claramente la gravedad del abandono y maltrato animal, evidenciando las consecuencias que tiene negligencia en la protección de las mascotas y animales de caza.
