La justicia española ha marcado un antes y un después en la protección de los seres sintientes tras la reciente resolución de un caso que ha conmocionado a la opinión pública catalana. Por primera vez en nuestra historia jurídica, una magistrada de lo penal en Barcelona ha emitido una sentencia condenatoria firme contra dos personas que utilizaban animales vivos para sacrificios vinculados a ritos de santería, un paso de gigante para terminar con la impunidad de estas prácticas en la sombra.
El caso, que se ha resuelto mediante una sentencia ‘in voce’ tras un acuerdo entre las partes, pone el foco en una realidad que muchas veces pasa desapercibida en los barrios de nuestras ciudades. La investigación, liderada en gran parte por el tesón de los voluntarios de la ONG AnimaNaturalis, destapó un auténtico horror semanal en el barrio de Canyadó, en Badalona, donde se degollaban y decapitaban decenas de animales para ceremonias privadas sin que ningún vecino se atreviera a dar la voz de alarma durante años.
El fin de una red de sacrificios semanales en Badalona
Todo comenzó a torcerse para los implicados aquel 23 de octubre de 2020, cuando la Guardia Urbana de Badalona interceptó a los ahora condenados transportando dos cajas de cartón que parecían simples bultos. Sin embargo, en su interior se hacinaban un gallo, nueve gallinas y tres codornices en condiciones deplorables, sin un solo orificio por donde pudiera entrar el aire, lo que suponía un riesgo extremo para la vida de las aves que iban a ser sacrificadas ese mismo día.
La labor de vigilancia previa fue fundamental, ya que se detectó que el cabecilla de la operativa, un santero de origen argentino, contaba con la colaboración de otras personas para suministrarle corderos, palomas y otros ejemplares. Los cuerpos de los animales eran arrojados a los contenedores de basura cercanos una vez finalizado el ritual de sangre, una práctica que los implicados reconocieron durante la fase de instrucción del proceso judicial, admitiendo que no existía ningún tipo de aturdimiento previo al desangrado.
Penas de cárcel y una inhabilitación pionera
La condena final, aunque no supondrá el ingreso inmediato en prisión de los acusados por carecer de antecedentes, establece un castigo de 15 meses y 20 días de cárcel por cinco delitos de maltrato animal con muerte. Lo que realmente ha llamado la atención de los expertos en ley de bienestar animal en España es la prohibición impuesta de seis años y medio para ejercer profesiones relacionadas con animales, extendiéndose además a la tenencia y a la propia convivencia en el ámbito doméstico.
Para los tres delitos en los que las aves no llegaron a morir pero sufrieron secuelas graves, la pena de prisión se ha conmutado por una multa económica que asciende a poco más de seiscientos euros. Es importante señalar que se ha aplicado una atenuante por dilaciones indebidas, ya que el proceso ha tardado más de cinco años en llegar a su fin, algo que ha restado contundencia a la liquidación final de la condena, dejando un sabor agridulce entre los protectores de los animales.
El estado crítico de los animales rescatados
A pesar de que la policía logró intervenir a tiempo para evitar el sacrificio de trece ejemplares, el final no fue feliz para todos ellos debido al maltrato previo sufrido durante el traslado. Las aves fueron enviadas de urgencia a la Fundación Santuario Gaia, donde el equipo veterinario se encontró con un cuadro clínico desolador: ocho de las gallinas presentaban disnea severa y conjuntivitis, falleciendo cinco de ellas por problemas respiratorios derivados del hacinamiento extremo en las cajas cerradas.
Desde la acusación popular, se ha hecho hincapié en que este tipo de sentencias son herramientas necesarias pero todavía insuficientes para disuadir a quienes lucran con estas ceremonias. Se estima que los precios de estos rituales pueden ir desde los cincuenta euros por un ave sencilla hasta miles de euros por iniciaciones complejas, lo que convierte a esta actividad ilegal en un negocio muy jugoso que se mueve con total discreción a través de internet y redes de contactos cerradas.
Este precedente judicial en Barcelona lanza un mensaje rotundo a toda la sociedad sobre los límites de la libertad de culto cuando esta choca frontalmente con el bienestar animal y la normativa vigente. La condena firme de estos dos individuos deja claro que ninguna tradición o creencia personal puede justificar el sufrimiento deliberado de un ser vivo, consolidando un camino legal donde la denuncia ciudadana y la vigilancia activa se presentan como las únicas armas eficaces para que estas escenas de crueldad no vuelvan a repetirse impunemente en nuestros barrios.
