El caso de la perrita ‘Susu’ ha desatado una oleada de indignación en el distrito de Independencia, en Lima Norte, después de que se difundiera un video en redes sociales en el que se observa a su dueño intentando ahorcarla en plena vía pública. La escena, grabada por transeúntes, generó una rápida reacción ciudadana y colocó el tema del maltrato animal en el centro del debate público.
Tras la viralización de las imágenes, el Ministerio Público y la Policía Nacional activaron los mecanismos legales correspondientes. Actualmente, Óscar Balarezo Ávalos, de 66 años, afronta una investigación por presuntos delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos, mientras colectivos animalistas y vecinos se han organizado para exigir una respuesta contundente de la justicia.
Cómo ocurrieron los hechos en la avenida Contisuyo
Según el parte policial y los testimonios recogidos por los medios, el incidente se produjo en la cuadra cuatro de la avenida Contisuyo, en el distrito de Independencia. Varios transeúntes observaron a un hombre atando del cuello a una perra a un árbol, en lo que interpretaron como un intento de asfixia. El sujeto fue identificado posteriormente como Óscar Balarezo, un policía en retiro.
Ante la escena, personas que circulaban por la zona se acercaron para encarar al presunto agresor y recriminarle su conducta. En las grabaciones se aprecia a la perrita ‘Susu’ colgando de una cuerda, mientras los testigos exigen que detenga el acto. De acuerdo con las primeras diligencias, el animal consiguió sobrevivir a ese momento inicial de ahorcamiento.
La perra, una bulldog de unos seis años de edad, fue posteriormente trasladada a una clínica veterinaria en el distrito de Los Olivos, donde el personal médico evaluó su situación. Debido a su grave estado y al sufrimiento que presentaba, los veterinarios optaron por practicarle la eutanasia, decisión que ha suscitado también debate público, aunque se adoptó en el marco de la atención profesional.
En su defensa, Óscar Balarezo ha señalado que ‘Susu’ padecía cáncer y sufría intensos dolores, motivo por el cual habría decidido terminar con su vida. Sin embargo, esta versión choca con la forma violenta y pública en que intentó hacerlo, lo que ha sido duramente cuestionado por colectivos animalistas, especialistas y ciudadanos.
Organizaciones como la Unión de Animalistas han apuntado además que el tutor principal de la perrita sería el hijo de Balarezo, y no el propio investigado, lo que añade un matiz más complejo a la relación de responsabilidad sobre el animal y a la valoración social del hecho.
Investigación fiscal y diligencias clave del Ministerio Público
La repercusión del caso motivó la intervención inmediata de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que abrió una investigación preliminar contra Óscar Balarezo por los presuntos delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. El despacho fiscal a cargo del caso es liderado por el fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites.
Entre las primeras disposiciones, la Fiscalía ordenó que el personal de la comisaría PNP de Tahuantinsuyo recabe las declaraciones del investigado y de los testigos presenciales que participaron en el rescate y en la grabación del video. Estas versiones serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos y precisar el grado de violencia ejercida sobre el animal.
El Ministerio Público también ha solicitado a la clínica veterinaria de Los Olivos la historia clínica y el informe médico de ‘Susu’, con el objetivo de conocer con precisión el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y las razones médicas que sustentaron la aplicación de la eutanasia. De igual manera, se ha requerido la identificación del veterinario que realizó el procedimiento.
El expediente incluirá además la recopilación de registros de cámaras de seguridad y videos con los que se pueda complementar la prueba gráfica difundida en redes sociales. Para la Fiscalía, estas evidencias audiovisuales son centrales para determinar si existió un acto de crueldad tipificado por la ley y si el intento de ahorcamiento tuvo relación directa con la posterior muerte de la perra.
En paralelo, el Ministerio Público evalúa la justificación ofrecida por Balarezo, quien sostiene que actuó para evitar mayores sufrimientos a la perrita por una enfermedad terminal. La investigación deberá precisar si dicho argumento tiene respaldo tanto médico como jurídico o si, por el contrario, encubre un acto de violencia injustificable hacia un animal bajo su cuidado.
La versión del investigado y su pedido de disculpas públicas
Tras la ola de críticas y la difusión masiva de las imágenes, Óscar Balarezo apareció en un video difundido en redes en el que se muestra arrepentido. En el mensaje, el investigado asegura que se encontraba a punto de consumar un acto del que ahora se declara avergonzado y por el cual pidió disculpas públicas.
Según su propio relato, ‘Susu’ habría formado parte de su familia durante años y solía compartir momentos con sus nietas. Balarezo afirma que la perrita sufría por un mal congénito y que había sido atendida en varias veterinarias, donde se le practicaron análisis, radiografías y tratamientos con calmantes para mitigar el dolor.
El denunciado sostiene que el deterioro de la salud de la perra fue progresivo y que le generaba un profundo pesar verla padecer. Afirma incluso contar con comprobantes y exámenes médicos que, según él, respaldarían su intención de acabar con el sufrimiento de ‘Susu’. En su mensaje, asegura que “no saben el dolor” que le causa saber que la perrita no estará con la familia en fechas señaladas.
Pese a su discurso, los colectivos animalistas y muchos ciudadanos han mostrado desconfianza hacia su arrepentimiento. Varios manifestantes han señalado que el video de disculpas podría formar parte de una estrategia de defensa, asesorada por abogados, para intentar atenuar las eventuales consecuencias penales.
Por ahora, el arrepentimiento expresado públicamente no modifica el curso de la investigación, que sigue su trámite en la Fiscalía. Las declaraciones del investigado se incorporan al expediente, pero no neutralizan la gravedad de los hechos registrados en video ni permiten descartar la eventual imposición de una pena privativa de libertad.
Protestas ciudadanas, plantones y detenciones
El impacto emocional del caso de ‘Susu’ se trasladó rápidamente a las calles. Diversas organizaciones de defensa animal y vecinos del distrito convocaron a un plantón frente a la vivienda de Óscar Balarezo, ubicada también en Independencia, para exigir justicia y sanciones ejemplares.
La concentración, que reunió a decenas de personas, se desarrolló inicialmente de forma pacífica, con consignas contra el maltrato animal y pedidos para que se aplique rigurosamente la ley. Sin embargo, en determinado momento se produjo un incidente cuando, según información policial, algunos manifestantes habrían arrojado objetos contra la fachada de la vivienda del investigado.
Ante esta situación, la Policía Nacional intervino para restablecer el orden. Como resultado de la actuación policial, al menos una persona fue detenida y trasladada a la comisaría PNP de Tahuantinsuyo, hecho que también quedó registrado en videos y generó comentarios en redes sociales sobre la tensión vivida en el lugar.
Pese al incidente, las organizaciones convocantes señalaron que su propósito era mantener una protesta pacífica y poner el foco en la necesidad de que el caso no quede impune. Los colectivos han advertido que continuarán con acciones de vigilancia ciudadana y nuevas convocatorias si consideran que la respuesta institucional no es suficiente.
La protesta, además, sirvió para reforzar la visibilización del problema del maltrato animal y la demanda de una mayor eficiencia en la aplicación de la ley. Muchos de los asistentes insistieron en que episodios como el de ‘Susu’ evidencian que la tolerancia social hacia la crueldad contra los animales ha disminuido notablemente en los últimos años.
Marco legal: penas por maltrato y crueldad contra animales
El caso de ‘Susu’ se analiza en el marco de la Ley N.º 30407 de Protección y Bienestar Animal, que reformó el Código Penal peruano mediante la incorporación del artículo 206-A. Esta normativa establece que los actos de maltrato o crueldad hacia animales domésticos o silvestres constituyen delitos sancionados con penas de prisión.
En su configuración básica, el delito de maltrato animal contempla penas de hasta tres años de cárcel, además de multas que pueden ir aproximadamente de 100 a 180 días-multa, dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias atenuantes o agravantes. Pero cuando el maltrato deriva en la muerte del animal, el marco penal se endurece de forma significativa.
Para estos supuestos agravados, la ley marca penas privativas de libertad de no menos de tres ni más de cinco años, junto con multas que pueden alcanzar entre 150 y 360 días-multa. Asimismo, se prevé la posibilidad de imponer la inhabilitación para la tenencia de animales, medida que puede ser temporal o permanente según la valoración judicial.
La normativa va más allá de los casos individuales y también prohíbe prácticas como las peleas de animales, mutilaciones injustificadas y espectáculos basados en la crueldad, que dan lugar a sanciones tanto penales como administrativas. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano puede denunciar hechos de maltrato animal ante la Policía, el Ministerio Público o los gobiernos locales.
En el escenario actual, especialistas y colectivos animalistas sostienen que el caso de ‘Susu’ encajaría en el supuesto de acto de crueldad con resultado de muerte, lo que abre la puerta a la imposición de penas cercanas al límite máximo del rango legal previsto, especialmente si se confirma que la violencia ejercida fue innecesaria y deliberada.
El análisis de las juristas en derecho animal
El caso también ha sido abordado por especialistas en derecho animal, que han aportado una lectura técnica del posible encuadramiento penal. La abogada constitucionalista Heydi Candela Feijóo, experta en esta materia, ha señalado que los hechos configuran el delito de crueldad animal agravado por la muerte del animal.
Según su explicación, la ley peruana tipifica los actos de crueldad que derivan en la muerte del animal con penas que se sitúan entre tres y cinco años de prisión. Candela Feijóo subraya que este no es un rango escogido al azar, sino el resultado de la incorporación de agravantes que reflejan la mayor gravedad del comportamiento, en comparación con otros supuestos de maltrato sin resultado fatal.
La jurista considera que, mientras se lleven a cabo las investigaciones, correspondería valorar la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva, al existir un marco penal superior a cuatro años y un posible riesgo de fuga. En su opinión, el investigado es plenamente consciente de que se enfrenta a una condena potencialmente efectiva y no suspendida.
Otro de los puntos que la especialista ha querido destacar es que la eutanasia practicada a ‘Susu’ no puede funcionar como justificación automática de la muerte. A su juicio, el intento de ahorcamiento habría provocado una posible falla sistémica en el organismo del animal, de modo que la eutanasia se habría aplicado en un contexto ya extremadamente comprometido por la agresión inicial.
Además, Candela Feijóo recalca que el hecho de colgar a un perro de un árbol en la vía pública constituye no solo un agravante del acto de crueldad, sino también un posible riesgo para la salud pública, dado el impacto emocional que la escena puede generar en personas vulnerables como niños o adultos mayores que presencien el suceso.
Reacción de colectivos animalistas y demanda de sanciones ejemplares
Desde el primer momento, organizaciones defensoras de los animales y colectivos ciudadanos se han organizado para acompañar el caso. Grupos como la Unión de Animalistas, junto con otras asociaciones y activistas independientes, han condenado de forma tajante lo ocurrido con ‘Susu’.
Para estos colectivos, el estado de salud del animal en ningún caso puede justificar el método utilizado para intentar terminar con su vida. Voceras como Erika Yara han calificado el intento de ahorcamiento como un acto de extrema crueldad, al tiempo que han subrayado la importancia de respetar los procedimientos veterinarios y las decisiones profesionales en situaciones de enfermedad terminal.
El Consejo Nacional de Protección Animal también ha anunciado que asumirá la defensa legal del caso. Su representante, Edwin Barrientos, ha explicado que el objetivo es lograr una sentencia ejemplar que se sitúe entre cuatro y cinco años de prisión, rango máximo contemplado por la legislación peruana cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal.
Los colectivos animalistas insisten en que el proceso judicial debe convertirse en un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal. Su intención es que las sanciones que se impongan, de llegar a dictarse condena, envíen un mensaje disuasorio a la sociedad y refuercen la idea de que la violencia hacia los animales tiene consecuencias penales reales.
En múltiples pronunciamientos, las organizaciones han reiterado que estarán atentas a cada paso del procedimiento, desde la etapa de investigación fiscal hasta una eventual sentencia, con el fin de evitar que el caso se diluya o termine sin responsabilidades claras para el investigado.
Todo lo sucedido alrededor de la perrita ‘Susu’, desde el intento de ahorcamiento en plena calle hasta su posterior eutanasia y las protestas que han estallado en Independencia, ha puesto de relieve la creciente sensibilidad social frente al maltrato animal y la importancia de contar con instituciones que apliquen con firmeza la ley. La investigación contra Óscar Balarezo, el análisis de juristas especializadas y la presión de los colectivos animalistas convergen en un mismo punto: que la muerte de ‘Susu’ no quede solo en un caso viral, sino que se traduzca en responsabilidades penales y en un refuerzo real de la protección de los animales en el país.