La muerte de varios perros en diferentes puntos de España ha vuelto a poner el foco en el maltrato animal con resultado de fallecimiento, una realidad que, pese al endurecimiento del Código Penal, sigue apareciendo en los partes policiales. En las últimas semanas, dos investigaciones abiertas en Galicia y Canarias han destapado situaciones especialmente graves que han terminado con la muerte de los animales.
En Pontevedra, la Guardia Civil ha señalado como principal hipótesis que un perro murió por un golpe de calor tras permanecer encerrado en un contenedor metálico, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la Policía Local atribuye el fallecimiento de otro can a una omisión reiterada de cuidados básicos por parte de sus dueños. Ambos casos se investigan como presuntos delitos de maltrato animal con resultado de muerte.
Muerte de un perro por golpe de calor en un contenedor metálico en Mourente
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra mantiene como investigados al propietario de tres perros y a su pareja, que ejercía de cuidadora, por dos posibles delitos de maltrato animal, uno de ellos por la muerte de uno de los animales. Los hechos tuvieron lugar el 9 de junio en la parroquia de Mourente, en el municipio de Pontevedra.
Aquel día, el dueño de los perros había contactado con la protectora Os Palleiros para ceder a los tres animales, alegando que ya no podía hacerse cargo de ellos. Sin embargo, horas más tarde avisó a la Guardia Civil asegurando que sus perros habían sido envenenados, lo que motivó la activación del Seprona y el inicio de la investigación.
Cuando los agentes llegaron a la finca, acompañados por personal de la protectora y una veterinaria colaboradora, se encontraron una escena preocupante: un perro estaba muerto, otro presentaba espasmos, convulsiones y vómitos y el tercero parecía estar en buen estado general. En el lugar también se encontraban el propietario y su pareja, que en ese momento se ocupaba de los animales.
El dueño sostuvo desde el primer momento que el perro había muerto envenenado ese mismo día. No obstante, los agentes observaron varios detalles que no terminaban de cuadrar con un caso típico de intoxicación. El cadáver presentaba un rigor mortis avanzado pese a tratarse, según el relato, de una muerte reciente en una jornada de mucho calor.
Los investigadores, además, echaron en falta signos habituales de envenenamiento en perros: no había la característica llamada “risa sardónica” asociada a determinados tóxicos, ni restos de saliva espumosa, vómitos o fluidos alrededor del cuerpo. Llamó también la atención que el animal estuviera completamente mojado con abundante agua, algo que no coincidía con el relato facilitado por el propietario.
Durante la inspección del entorno, los agentes centraron su atención en un contenedor metálico que hacía las veces de caseta de aperos y refugio para los perros. El interior de ese espacio estaba recientemente limpiado, mojado y fregado, del mismo modo que el perro que presentaba síntomas, lo que generó más dudas sobre la versión del supuesto envenenamiento.
La veterinaria comenzó de inmediato a tratar al perro enfermo, mientras el Seprona recogía muestras de vómitos y otros indicios, además del propio cadáver, para remitirlos al Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo. Allí se realizaron la necropsia y los correspondientes análisis toxicológicos, con el objetivo de aclarar si realmente se había utilizado algún tipo de veneno.
Paralelamente, la Guardia Civil solicitó la intervención de un perro especializado en detección de venenos, del grupo cinológico. Con su guía, se reconstruyó el itinerario que el dueño y la cuidadora dijeron haber hecho aquel día y se inspeccionó a fondo tanto el recorrido como el recinto donde se encontraban los animales.
La búsqueda fue exhaustiva, pero no se localizaron cebos envenenados ni sustancias sospechosas en ningún punto del trayecto ni en la zona donde vivían los perros. Este dato, sumado a las primeras observaciones en el lugar, comenzó a debilitar la hipótesis inicial de un envenenamiento deliberado.
Los resultados de las pruebas toxicológicas fueron determinantes: el laboratorio del Rof Codina no halló rastro de tóxicos en las muestras remitidas. Aunque la necropsia no pudo concretar al milímetro todos los detalles de la causa de la muerte, sí permitió descartar la presencia de venenos y orientar la investigación hacia otras posibles explicaciones.
Con esos datos sobre la mesa, el Seprona apuntó finalmente como principal línea que el perro habría fallecido por un golpe de calor tras permanecer encerrado en el interior del contenedor metálico. Aquella jornada, según los registros de MeteoGalicia, se alcanzaron temperaturas superiores a los 30 grados, un contexto que, en un espacio cerrado y de metal, puede resultar letal para un animal.
El informe veterinario relativo al perro que sobrevivió con síntomas es coherente con esta tesis: tanto la sintomatología descrita (convulsiones, vómitos, espasmos) como los resultados negativos en toxicología son compatibles con un golpe de calor severo. Las diferencias de afectación entre los tres animales se atribuyen a la susceptibilidad individual y a la diferente capacidad de termorregulación de cada perro.
Finalmente, el propietario cedió los dos perros supervivientes a la protectora Os Palleiros: el que se encontraba en mejor estado quedó disponible para adopción y el que había mostrado síntomas continuó recibiendo atención veterinaria especializada. Con fecha 26 de diciembre, la Guardia Civil dio por concluida la investigación policial y remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra y a la Fiscalía, manteniendo a propietario y cuidadora como investigados por presunto maltrato animal.
Perro fallecido por omisión de cuidados en Las Palmas de Gran Canaria
En paralelo al caso gallego, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias contra un hombre de 40 años y una mujer de 36 por un presunto delito de maltrato animal por omisión de cuidados, después de que su perro muriera en un estado de deterioro físico extremo.
Los hechos ocurrieron este mes de diciembre en el barrio de Ciudad del Campo, cuando una vecina decidió avisar a la Policía ante el grave estado de salud en el que se encontraba el animal. La denunciante explicó a los agentes que los propietarios no tenían intención de llevar al perro a un veterinario pese a su evidente sufrimiento.
Tras la alerta, agentes del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) se desplazaron hasta la vivienda donde residía el perro. Al acceder al domicilio, localizaron a un can de raza American Bully, catalogada como potencialmente peligrosa, con un cuadro de desnutrición severa, debilidad extrema y una marcada apatía, prácticamente sin capacidad de movimiento ni respuesta a estímulos.
En la inspección se constató la ausencia de alimento, agua y atención veterinaria adecuadas, lo que, unido al estado físico del animal, llevó a los agentes a ordenar su retirada inmediata de la vivienda. Con el apoyo del servicio municipal de Salud Pública, el perro fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria para recibir tratamiento.
Una vez ingresado, el equipo veterinario aplicó un protocolo de cuidados intensivos y monitorización continua, intentando revertir la desnutrición y la debilidad extrema. Sin embargo, el cuadro clínico era tan avanzado que, pese a todos los esfuerzos, el animal falleció cuatro días después de su ingreso.
Durante la investigación, la Policía Local recabó informes clínicos detallados, tomó declaración a la vecina que dio la voz de alarma y citó a los propietarios en dependencias policiales en calidad de investigados. A partir de esos elementos, se instruyeron diligencias por un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte, al considerar que la prolongada omisión de cuidados esenciales habría sido determinante en el desenlace.
En la nota remitida por el cuerpo policial se recuerda que este tipo de delitos está recogido en el Código Penal con penas de prisión de hasta dos años y la posible inhabilitación para la tenencia de animales o para el ejercicio de actividades relacionadas con ellos durante un periodo que puede alcanzar los cuatro años. El caso permanece a la espera de lo que determinen la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal.
Contexto legal y relevancia social del maltrato animal con resultado de muerte
Ambos sucesos, tanto el golpe de calor mortal en Mourente como la muerte por desatención en Las Palmas de Gran Canaria, evidencian que el maltrato animal no se limita a la agresión directa, sino que también puede materializarse mediante condiciones de vida inadecuadas o la falta de cuidados básicos. En los dos casos, las autoridades consideran que la conducta de los responsables ha sido lo suficientemente grave como para ser investigada penalmente.
En España, el maltrato animal que provoca la muerte de un perro puede dar lugar a penas de cárcel y a la prohibición de convivir o trabajar con animales durante años. La investigación de la Guardia Civil y de la Policía Local en estos expedientes busca precisamente determinar hasta qué punto existió una conducta dolosa o gravemente negligente por parte de los investigados.
En el caso de Pontevedra, el foco se sitúa en las condiciones en las que se mantuvieron los perros dentro de un contenedor metálico en un día de intenso calor y en las posibles contradicciones en el relato del propietario sobre un supuesto envenenamiento. En Las Palmas, la clave está en la falta prolongada de alimentación, agua y atención veterinaria, a pesar de que el deterioro del animal era evidente para su entorno.
La actuación de vecinos, protectoras y servicios veterinarios ha resultado esencial para activar las investigaciones. En Mourente, la protectora Os Palleiros y una veterinaria colaboradora acompañaron desde el inicio al Seprona en la inspección y en la atención a los animales supervivientes. En Ciudad del Campo, fue la denuncia de una vecina la que permitió que la Policía actuara antes de que la situación empeorara todavía más.
Este tipo de casos reflejan también un cambio de sensibilidad social respecto al sufrimiento animal. Cada vez es más habitual que los ciudadanos se animen a denunciar situaciones sospechosas y que las fuerzas de seguridad cuenten con unidades especializadas, como el Seprona o los grupos ambientales de las policías locales, formadas específicamente para intervenir en situaciones de maltrato.
Aunque cada procedimiento deberá seguir su curso judicial, las investigaciones abiertas en Mourente y en Las Palmas de Gran Canaria ponen de relieve la importancia de garantizar unas condiciones de vida dignas a los animales de compañía. El calor extremo, el encierro prolongado, la omisión de comida, agua o asistencia veterinaria pueden convertirse, como han mostrado estos casos, en factores letales que terminan en la muerte de un perro por maltrato, ya sea activo o por simple abandono de sus necesidades más básicas.
