Un operativo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha sacado a la luz una grave situación de posible maltrato animal en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. En una intervención desarrollada en una finca del término municipal, los agentes rescataron un total de 29 perros que vivían en condiciones claramente inadecuadas, tanto desde el punto de vista higiénico como de bienestar.
La actuación se puso en marcha tras la denuncia de un ciudadano que alertó sobre la situación de varios perros supuestamente desatendidos. A partir de esa comunicación, el SEPRONA abrió una investigación que desembocó en la inspección de la finca señalada y en la posterior incautación de todos los animales, ante el riesgo evidente para su salud y su integridad.
Investigación del SEPRONA y origen de la intervención
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó cuando un vecino trasladó su preocupación por el posible maltrato que estarían sufriendo varios perros en una propiedad de La Aldea de San Nicolás. Esta alerta ciudadana fue el detonante para que los agentes del SEPRONA, dependientes de la Comandancia de Las Palmas, se desplazaran hasta el lugar y verificaran el estado en que se encontraban los animales.
Una vez en la finca, los funcionarios del SEPRONA comprobaron que podrían estarse vulnerando diversas normas de bienestar animal. La situación detectada fue considerada lo suficientemente grave como para abrir diligencias y poner en marcha un dispositivo de intervención que culminó con el rescate de los 29 perros.
En total, los agentes hallaron 23 perros adultos o jóvenes atados con cadenas muy cortas, que apenas les permitían moverse, junto a seis cachorros recién nacidos. Las condiciones del entorno, así como el estado físico de los animales, llevaron a la Guardia Civil a contemplar la posible existencia de un delito de maltrato animal por omisión de los cuidados mínimos exigidos por la ley.
La investigación se centra ahora en una persona vinculada con la finca, que está siendo investigada por su presunta responsabilidad en el mantenimiento de los perros en esa situación. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial para que se determinen posibles responsabilidades penales.
Condiciones precarias en la finca y riesgo para los perros
Durante la inspección, los agentes del SEPRONA detectaron que el recinto no contaba con un vallado perimetral adecuado, lo que suponía un doble riesgo: por un lado, para los propios perros, que podían escapar o sufrir algún accidente, y por otro, para terceras personas, en caso de que los animales se acercaran a zonas transitadas sin control.
En el interior de la propiedad se encontraron numerosas casetas improvisadas, construidas con pallets, restos de madera y mobiliario en desuso. Estas estructuras precarias no ofrecían una protección suficiente frente a las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por el viento, posibles episodios de lluvia o la fuerte exposición al sol en determinadas épocas del año.
Además, muchas de esas casetas contenían elementos potencialmente peligrosos para los animales, como clavos sobresalientes, bordes afilados o superficies astilladas, que podían provocar cortes, heridas o golpes. Para la Guardia Civil, esta situación suponía un claro riesgo añadido para la integridad física de los perros, más allá de la falta de confort o protección.
Otro de los aspectos más llamativos fue la forma en la que se encontraban sujetos los animales: la mayoría permanecían atados con correas o cadenas excesivamente cortas, con muy poco margen para moverse. Este tipo de sujeción limita seriamente la posibilidad de que los perros desarrollen su comportamiento natural, impidiéndoles caminar con normalidad, relacionarse entre ellos o incluso tumbarse con comodidad en algunos casos.
Los agentes también constataron que el suelo de gran parte del recinto estaba cubierto de excrementos acumulados durante varios días. Esta situación obligaba a los animales a convivir de forma continua con sus propias heces, generando un entorno claramente insalubre y con un elevado riesgo de proliferación de enfermedades.
Falta de higiene, agua sucia y ausencia de cuidados veterinarios
En lo que respecta a la alimentación y la hidratación, la Guardia Civil describió una escena preocupante en cuanto a la higiene de los recipientes. Los comederos y bebederos presentaban altos niveles de suciedad, con restos de materia orgánica en descomposición y sedimentos acumulados, señal de que no se limpiaban con la frecuencia necesaria. Esta falta de limpieza vulnera obligaciones recogidas en la normativa de bienestar animal.
El informe elaborado por los agentes detalla que el agua disponible para los animales contenía biofilm bacteriano, una película de microorganismos que se forma cuando no se renueva ni se limpia el agua de manera adecuada. Esta circunstancia hace que el líquido no sea apto para el consumo, especialmente cuando se mantiene así durante periodos prolongados de tiempo.
En cuanto al estado de salud de los perros, los agentes observaron heridas visibles en todos los animales, algunas de ellas con presencia de insectos. No constaba que se estuviera realizando ningún tipo de seguimiento veterinario ni tratamiento para esas lesiones, algo que, unido al entorno insalubre, agrava el posible impacto sobre el bienestar de los animales.
El aspecto general de los perros reflejaba signos claros de abandono prolongado: falta de higiene, posible desnutrición, pelaje descuidado y un comportamiento que denotaba estrés y falta de socialización adecuada. En uno de los casos, los agentes llegaron a observar a un perro alimentándose de sus propios excrementos, un comportamiento que suele estar asociado a carencias nutricionales o a condiciones de extremo abandono.
Todas estas circunstancias han sido recogidas por la Guardia Civil en las diligencias remitidas al juzgado, donde se subraya que el cuadro general es compatible con un posible delito de maltrato animal por omisión de los cuidados básicos que exige la legislación vigente en España.
Incautación de los 29 perros y custodia municipal
Ante la gravedad de lo encontrado, los agentes del SEPRONA decidieron proceder a la incautación inmediata de los 29 perros, incluidos los seis cachorros recién nacidos. Esta medida cautelar se adoptó con el objetivo de garantizar la supervivencia y el bienestar de los animales, evitando que siguieran expuestos a las mismas condiciones.
Para el traslado de los perros fue necesaria la , a través de su área de Bienestar Animal. El consistorio ha asumido la custodia temporal de los animales, que han sido reubicados en instalaciones municipales consideradas más adecuadas para su atención.
Desde el momento de su traslado, los perros quedan a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar su futuro, tanto en lo relativo a la tenencia como a posibles procesos de adopción, en función del avance de la causa penal y de los informes técnicos que se emitan.
La Guardia Civil ha instruido diligencias penales contra la persona investigada, al considerar que existen indicios suficientes de la comisión de un delito por maltrato animal. Corresponderá ahora a los juzgados de la zona valorar los hechos, las pruebas aportadas y la aplicación del artículo correspondiente del Código Penal, que contempla penas para quienes sometan a los animales a situaciones de sufrimiento injustificado o abandono grave.
Desde el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento se ha destacado la importancia de la rápida coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para poder actuar con celeridad en este tipo de casos, especialmente cuando hay cachorros o animales en situación de evidente vulnerabilidad.
Marco legal y papel de la ciudadanía en la protección animal
El caso de La Aldea de San Nicolás vuelve a poner el foco en la normativa de protección animal vigente en España. El maltrato y el abandono de animales están regulados, entre otras disposiciones, por el Código Penal y por la legislación específica sobre derechos y bienestar animal, que en los últimos años se ha reforzado con nuevas obligaciones para los responsables de su cuidado.
Estas normas establecen que los propietarios o cuidadores deben garantizar unas condiciones mínimas de higiene, alimentación, seguridad y atención veterinaria, así como un entorno que permita a los animales desarrollar conductas propias de su especie. El incumplimiento grave de estas obligaciones puede derivar en responsabilidades penales o administrativas, en función de la gravedad de los hechos.
En este contexto, la Guardia Civil recuerda que cualquier persona que detecte una situación sospechosa de maltrato o abandono puede y debe ponerlo en conocimiento de las autoridades. Para ello, están disponibles tanto los canales oficiales de contacto con la Guardia Civil como el teléfono de emergencias 062, a través del cual se pueden comunicar incidencias que requieran una actuación rápida.
La colaboración ciudadana se ha mostrado en numerosas ocasiones como una herramienta clave para destapar casos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Avisos como el que ha dado origen a esta intervención en La Aldea permiten que los cuerpos de seguridad puedan actuar, abrir investigaciones y, cuando sea necesario, rescatar a los animales afectados.
Las administraciones públicas, por su parte, desempeñan un papel fundamental a la hora de ofrecer recursos para la acogida y recuperación de los animales intervenidos, ya sea a través de instalaciones propias, convenios con protectoras o redes de adopción responsables. La coordinación entre ayuntamientos, comunidades autónomas, fuerzas de seguridad y entidades de protección animal es cada vez más necesaria para dar respuesta a situaciones complejas como la detectada en este municipio grancanario.
Este operativo en La Aldea de San Nicolás ilustra cómo la combinación de vigilancia institucional, implicación vecinal y aplicación de la normativa puede marcar la diferencia para decenas de animales que viven en contextos de abandono o maltrato. El rescate de los 29 perros y su puesta a salvo en unas condiciones más dignas representan un paso importante para su recuperación y, al mismo tiempo, un recordatorio de las responsabilidades legales y éticas que implica convivir con animales.
