Una investigación de la Guardia Civil ha sacado a la luz una estafa dirigida a compradores de perros en Alicante, Valencia y otras provincias españolas, basada en anuncios falsos publicados en redes sociales. Los supuestos vendedores ofrecían cachorros a precios muy atractivos y lograban que los interesados adelantaran distintas cantidades de dinero por animales que, en realidad, nunca llegaban a existir ni a entregarse.
Detrás de estos falsos anuncios se sitúan dos personas residentes en Bizkaia, investigadas por su presunta implicación en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. La operación, bautizada como «Becerrillo» por el Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia, ha permitido destapar diez víctimas repartidas por varias provincias, entre ellas Alicante y Valencia, con un perjuicio económico conjunto que supera los 3.700 euros.
Así operaba la estafa de venta de perros en Alicante y Valencia
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el fraude comenzaba con anuncios de venta de perros publicados en una conocida red social, donde se mostraban supuestos cachorros de razas muy demandadas a precios especialmente tentadores. Estas ofertas llamativas resultaron clave para atraer a compradores de Alicante, Valencia, Madrid, Tarragona, Ourense, Cuenca, Zamora, Barcelona, Sevilla y Ciudad Real.
Una vez que los interesados contactaban con la supuesta vendedora, se iniciaba una conversación en la que se generaba un clima de confianza. Las víctimas estaban convencidas de estar cerrando una compra legítima, por lo que aceptaban sin demasiadas dudas las condiciones que se les imponían. En este punto, los estafadores empezaban a solicitar pagos por adelantado, siempre bajo argumentos aparentemente razonables vinculados al bienestar y traslado del animal.
Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y aplicaciones de pago móvil, una combinación que facilitaba el movimiento rápido del dinero. Los conceptos utilizados eran siempre similares: compra del perro, transporte hasta Alicante o Valencia, vacunas obligatorias, jaula de transporte reembolsable u otros gastos asociados al supuesto envío del animal.
En varios casos, como en el de uno de los primeros denunciantes, el esquema se repetía de forma casi calcada: un primer pago de 100 euros por la compra del perro, un segundo abono de 450 euros por una jaula de transporte teóricamente reembolsable y, posteriormente, una nueva exigencia de 250 euros adicionales por una vacuna obligatoria. Fue precisamente al llegar a ese tercer pago cuando una de las víctimas detectó incoherencias en el relato del supuesto vendedor y decidió no completar la última transferencia.
Ese primer comprador que se plantó ante las dudas permitió que los agentes del Equipo Arroba abrieran la investigación. A partir de su denuncia, se localizaron otros afectados que habían pagado entre 100 y 700 euros cada uno, siempre siguiendo el mismo patrón de engaño. Todos ellos compartían detalles clave: contacto inicial por redes sociales, ofertas muy ventajosas y solicitud de anticipos sucesivos a través de una misma línea telefónica y una cuenta bancaria concreta.
Diez víctimas y más de 6.000 euros entre estafas y blanqueo
Conforme avanzaron las pesquisas, la Guardia Civil fue reconstruyendo el alcance real de la estafa. En total, se han identificado diez víctimas, distribuidas por distintas provincias, entre ellas Alicante y Valencia, además de Tarragona, Ourense, Cuenca, Zamora, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y la Comunidad de Madrid. Todas ellas terminaron sin perro y con un agujero en el bolsillo.
El cálculo económico realizado por los investigadores cifra el fraude en 3.705 euros estafados directamente a los compradores. A esta cantidad hay que sumar 2.602 euros considerados blanqueados, correspondientes a movimientos bancarios posteriores mediante los que se intentó dificultar el rastreo del dinero. En conjunto, el caso supera los 6.300 euros vinculados a la actividad delictiva, si bien los agentes no descartan que pueda haber más afectados que aún no hayan presentado denuncia.
Los pagos realizados por las víctimas, tanto en Alicante y Valencia como en el resto de provincias, seguían siempre la misma secuencia. Primero se solicitaba un importe inicial relativamente asumible para “reservar” el cachorro, normalmente alrededor de 100 euros. Después llegaba una cantidad mayor asociada a jaulas especiales de transporte o seguros reembolsables. Finalmente, se pedía un último pago extra por vacunas, certificados veterinarios o trámites supuestamente obligatorios, momento en el que algunas víctimas empezaban a sospechar.
En varios casos, la presión y la urgencia formaban parte del guion. Los estafadores aseguraban que había otros compradores interesados en el mismo perro, o que el transporte ya estaba organizado y solo faltaba abonar una tasa concreta, empujando así a los afectados a pagar sin tener tiempo de reflexionar o contrastar la información.
Todo este entramado se articulaba desde Bizkaia, pero el impacto se extendía por buena parte de España. La modalidad telemática del engaño permitió que la estafa alcanzara a víctimas a cientos de kilómetros, sin necesidad de que los presuntos autores se desplazaran a Alicante, Valencia u otras localidades donde residían los compradores.
Blanqueo de capitales y suplantación de identidad para ocultar el rastro
En el plano económico, la investigación reveló que la cuenta bancaria utilizada para recibir los pagos estaba a nombre de una mujer con antecedentes por hechos similares. Esta persona es una de las principales investigadas y presuntamente actuaba como receptora inicial del dinero, para después derivarlo a un segundo implicado a través de distintas transferencias.
Ese segundo investigado, un hombre residente en Durango (Bizkaia), habría recibido 17 ingresos en menos de una semana por un total de 2.602 euros. Todos procedían de la cuenta empleada para canalizar las estafas, por lo que la Guardia Civil le atribuye también un papel relevante en el presunto blanqueo de capitales vinculado a la trama. La rapidez y fragmentación de estos movimientos buscaban, según los agentes, dispersar las cantidades y hacer más complicada la labor de rastreo.
Además del aspecto económico, las pesquisas destaparon un componente añadido especialmente preocupante: la usurpación de identidad de un ciudadano completamente ajeno a los hechos. Uno de los números de teléfono utilizados para hacerse pasar por el “transportista” del perro correspondía en realidad a una persona que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y que nada tenía que ver con la estafa.
Este ciudadano vio cómo su número se asociaba a una actividad delictiva sin que él lo supiera, convirtiéndose en víctima colateral del fraude. La Guardia Civil pudo determinar que su identidad había sido utilizada sin autorización, motivo por el que también se investigan posibles responsabilidades por usurpación de estado civil en el marco de la operación.
La causa judicial está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, que coordina las distintas diligencias practicadas por el Equipo Arroba. Este grupo especializado en ciberdelincuencia se encarga de recopilar las pruebas digitales, analizar los movimientos bancarios y trazar el recorrido del dinero desde que sale de las cuentas de las víctimas hasta que llega a los presuntos responsables.
La combinación de estafa telemática, blanqueo de capitales y suplantación de identidad sitúa este caso dentro de un tipo de delincuencia cada vez más frecuente en España, en la que los autores se aprovechan tanto de la confianza en las redes sociales como de la inmediatez de los pagos digitales.
El papel del Equipo Arroba y la operación «Becerrillo»
La estafa fue descubierta gracias a la actuación del Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia, una unidad especializada en ciberdelitos que centra buena parte de su trabajo en las estafas cometidas a través de internet y dispositivos móviles. Esta unidad fue la encargada de poner en marcha la operación «Becerrillo», nombre con el que se ha bautizado el dispositivo para desarticular la red.
Todo se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que, tras detectar irregularidades en la comunicación con la supuesta vendedora, decidió acudir a la Guardia Civil. Ese primer testimonio permitió a los agentes tirar del hilo y descubrir un patrón repetido de engaño que afectaba a personas de distintas provincias, entre ellas compradores de perros en Alicante y Valencia.
A partir de ahí se fueron sumando nuevas denuncias, tanto de personas que habían perdido cantidades relativamente pequeñas como de otras que habían llegado a abonar hasta 700 euros en distintos pagos sucesivos. Todos los testimonios coincidían en varios elementos clave: la misma red social, un estilo de conversación similar, precios llamativos y un esquema de pagos escalonados con conceptos muy parecidos.
Los investigadores identificaron también que se utilizaban diferentes números de teléfono para articular el engaño, de modo que en ocasiones una misma víctima hablaba con una persona que decía ser la vendedora y, posteriormente, con otra que se hacía pasar por el transportista del animal. Esta fragmentación en los contactos, unida a la aparente formalidad de las explicaciones, ayudaba a reforzar la sensación de credibilidad.
Gracias a la recopilación de conversaciones, justificantes de pago y datos bancarios, el Equipo Arroba logró seguir la pista del dinero hasta las cuentas situadas en Bizkaia. Esa labor permitió relacionar los movimientos económicos entre sí y vincularlos a los presuntos responsables, que ahora están siendo investigados por su participación en la trama.
Consejos para evitar caer en estafas de venta de animales por internet
A raíz de este caso, la Guardia Civil ha aprovechado para recordar una serie de recomendaciones básicas a la hora de comprar animales por internet, especialmente cuando se trata de anuncios publicados en redes sociales o plataformas de compraventa entre particulares. El objetivo es reducir el riesgo de que se repitan situaciones como la vivida por los compradores de perros en Alicante, Valencia y el resto de provincias afectadas.
Entre las pautas principales, los agentes insisten en la importancia de desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas. Cuando el precio de un cachorro de una raza muy demandada está muy por debajo del habitual en criadores o centros de adopción autorizados, conviene sospechar y tomarse el tiempo necesario para comprobar si el anuncio es real.
También se recomienda evitar, en la medida de lo posible, los pagos por adelantado, especialmente si se realizan a cuentas desconocidas o a través de aplicaciones de pago que no ofrecen mecanismos claros de protección al comprador. En caso de que el vendedor insista en recibir varias transferencias previas por conceptos como transporte, vacunas o jaulas reembolsables, es aconsejable parar la operación y verificar la información con calma.
Otra medida clave es solicitar toda la documentación del animal y datos verificables del vendedor: nombre completo, dirección, número de teléfono estable y, si es posible, referencia de una clínica veterinaria o un centro donde conste que el perro existe realmente. Las videollamadas pueden resultar útiles, pero no deben ser la única prueba, ya que en ocasiones se reutilizan imágenes o se muestran animales que no se corresponden con los que supuestamente se venden.
En el caso de anuncios dirigidos a compradores de zonas concretas como Alicante o Valencia, puede ser útil proponer una entrega en persona o, al menos, solicitar información detallada sobre el lugar desde el que se envía el perro, la empresa de transporte utilizada y el número de seguimiento del envío. La negativa a facilitar estos datos o la aparición constante de excusas es otro indicador de posible estafa.
Por último, desde la Guardia Civil se anima a cualquier persona que sospeche que ha sido víctima de un engaño similar a presentar denuncia cuanto antes, aportando todos los datos de que disponga: capturas de pantalla de los anuncios y conversaciones, justificantes de pago, números de teléfono y cuentas bancarias utilizadas. Esta información resulta esencial para poder relacionar casos entre sí y desmantelar redes dedicadas a este tipo de fraudes.
El caso de la operación «Becerrillo» refleja cómo una estafa aparentemente sencilla puede acabar golpeando a compradores de perros en Alicante, Valencia y media España gracias al uso combinado de redes sociales y pagos digitales. La actuación coordinada de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao ha permitido identificar a los presuntos autores, cuantificar el daño económico y lanzar un aviso claro a la ciudadanía: antes de adelantar dinero por un animal que aún no has visto, conviene pararse, hacer preguntas y asegurarse de que detrás del anuncio hay alguien real y de confianza.
