El Juzgado de lo Penal de Zamora ha dado comienzo a la vista oral para esclarecer las responsabilidades penales tras el fallecimiento de Arancha Corcero Girón. La joven sanitaria, que perdió la vida con apenas 27 años, se vio sorprendida por una jaurÃa de canes mientras caminaba por una zona rural, un suceso que ha dejado una huella imborrable en las localidades de Roales del Pan y La Hiniesta. Este proceso judicial busca determinar si el propietario de los animales actuó con la negligencia necesaria para ser condenado por homicidio.
La expectación en la capital zamorana es máxima, ya que el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en los caminos agrarios y la custodia de los perros de pastoreo. Durante el tiempo transcurrido desde aquel fatÃdico octubre, los vecinos han mostrado su apoyo constante a los familiares de la vÃctima, una enfermera muy querida que habÃa completado su formación académica en Salamanca antes de regresar a su tierra natal para desarrollar su carrera profesional.
Un ataque feroz en el camino de la Pollada
Aquel 23 de octubre, Arancha salió a disfrutar de un paseo vespertino por el paraje conocido como el camino de la Pollada. Lo que debÃa ser un momento de desconexión se convirtió en una pesadilla cuando siete perros, encargados de custodiar un rebaño de ovejas, se abalanzaron sobre ella. La joven apenas tuvo unos segundos para avisar a su madre a través del teléfono móvil, indicándole con angustia que los animales venÃan hacia ella. La comunicación se mantuvo abierta, permitiendo a su progenitora escuchar los instantes más duros del asalto.
Los informes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios que acudieron al lugar fueron desoladores. La vÃctima presentaba más de un centenar de heridas producidas por mordeduras, lo que evidencia la violencia inusitada de los canes. Al llegar las patrullas, los propios agentes comprobaron la peligrosidad de los animales, ya que estos arremetieron contra el vehÃculo oficial nada más hacer acto de presencia, mostrando una falta total de control por parte de su dueño, Pedro G. R., quien tardó cerca de una hora en personarse en el sitio del suceso.
Informes periciales sobre la conducta animal
Una de las piezas clave del juicio ha sido la declaración de una experta en comportamiento animal. Según su análisis, los perros estaban mal socializados y vivÃan en un estado de semi-aislamiento que fomentó conductas territoriales extremas. Además, la presencia de cachorros en el grupo activó un instinto de protección maternal en una de las hembras, lo que pudo actuar como detonante para el inicio de la agresión coordinada. La etóloga fue tajante al afirmar que, con una educación adecuada, este trágico final se podrÃa haber evitado.
No era la primera vez que estos mastines y sus cruces generaban problemas en la zona. Diversos testigos, entre ellos ciclistas y jinetes de una hÃpica cercana, relataron cómo en meses anteriores habÃan tenido que modificar sus rutas por el miedo que les infundÃan los perros. Incluso existe un testimonio gráfico grabado con un teléfono donde se aprecia la actitud amenazante de los canes hacia un transeúnte. A pesar de estas quejas previas, el pastor mantenÃa a los animales sueltos para proteger al ganado, alegando que esa era su labor necesaria en el campo.
Peticiones de condena y defensa del acusado
El Ministerio Fiscal solicita para el ganadero una pena de dos años y medio de cárcel, mientras que la acusación particular, que representa a los padres de Arancha, eleva su petición hasta los cuatro años de prisión, el máximo legal por un homicidio imprudente. Ambas partes coinciden en exigir una responsabilidad civil cuantificada en 250.000 euros. Por su parte, la defensa del pastor sostiene que se trató de un accidente imprevisible, negando que existiera una voluntad de causar daño y apelando a la función tradicional de estos perros en la ganaderÃa extensiva.
El acusado, que ya pasó un breve periodo en prisión preventiva al inicio de la instrucción, ha mantenido un perfil bajo durante todo el proceso. Se ha puesto de manifiesto que contaba con antecedentes administrativos por negligencias previas con otros animales, lo que refuerza la tesis de las acusaciones sobre su descuido sistemático en el cumplimiento de las normativas de seguridad. Los animales involucrados, tras ser capturados y analizados en un centro especializado en Simancas, fueron finalmente sacrificados por orden judicial para evitar nuevos riesgos.
El cierre del juicio dejará vista para sentencia una causa que ha movilizado a toda una provincia en busca de justicia. La comunidad espera que el fallo judicial sirva no solo para reparar el daño moral de una familia destrozada, sino también para establecer un precedente claro sobre la tenencia responsable de animales de guarda en el entorno rural español. La resolución de este caso marcará el fin de un largo camino judicial que ha mantenido en vilo a los habitantes de Zamora desde aquel fatÃdico dÃa de otoño.