El sector veterinario en España vive momentos de tensión y malestar tras la reciente aprobación y aplicación del Real Decreto 666/2023, una normativa que ha despertado una fuerte reacción entre los profesionales de la salud animal. En los últimos meses, diferentes organizaciones colegiadas y asociaciones del sector han mostrado su rechazo a una regulación que consideran restrictiva, especialmente en lo que respecta a sus competencias clínicas y a la capacidad de prescripción de medicamentos. La polémica se ha materializado incluso en medidas simbólicas como la declaración de ‘persona non grata’ al director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Valentín Almansa de Lara, algo que refleja hasta qué punto se ha deteriorado la relación entre la profesión y la administración.
Según han expresado portavoces de distintas organizaciones, la aprobación de esta normativa se ha hecho sin consenso ni verdadero diálogo con los representantes de los veterinarios. Se denuncia que durante el proceso no se han tenido en cuenta propuestas técnicas fundamentadas que defendían la importancia de mantener la autonomía clínica del veterinario y su papel fundamental en la salud animal y pública. Para el colectivo, se trata de una nueva vuelta de tuerca en una tendencia que, lejos de reforzar la profesión, la debilita y genera inseguridad jurídica entre quienes ejercen diariamente en clínicas, hospitales y explotaciones ganaderas.
Los veterinarios afectados consideran que el Real Decreto 666/2023 coarta su margen clínico y pone en riesgo tanto el bienestar animal como la seguridad de los tratamientos médicos. Uno de los puntos más controvertidos es la limitación para recetar ciertos fármacos, lo que puede suponer un inconveniente serio para aplicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Además, muchos profesionales afirman que la presión administrativa añadida y la falta de reconocimiento a su labor incrementan el estrés en una profesión ya marcada por la responsabilidad y la carga emocional.
El Comité de Crisis Veterinario, integrado por las principales entidades del sector, ha sido especialmente crítico con la actuación de Valentín Almansa, a quien responsabilizan directamente del clima de descontento. La decisión de declararle ‘persona non grata’ es una respuesta al que califican como un desprecio continuado y una actitud de imposición frente al diálogo. Entre las quejas más repetidas destaca la percepción de que se intenta reducir el peso de los veterinarios en la toma de decisiones que afectan tanto a la salud animal como a la salud pública, lo que provoca rechazo e incertidumbre entre los profesionales.
El enfrentamiento no es solo simbólico: en las últimas semanas, la movilización de veterinarios se ha visto reflejada en protestas en diferentes puntos del país y en la defensa activa de sus derechos y competencias. Los profesionales mantienen que, más allá de la aplicación de cualquier ley o reglamento, es imprescindible que se respete la experiencia clínica adquirida y el compromiso del sector con el bienestar animal y la salud global. «Seguiremos movilizados, unidos y activos hasta que se reviertan las normativas lesivas para el conjunto de la sociedad», señalan desde el Comité.
Más allá de la controversia con la administración, el debate sobre la regulación y el rol del veterinario pone sobre la mesa la necesidad de garantizar que los profesionales puedan ejercer con autonomía y respaldo institucional, en beneficio tanto de los animales bajo su cuidado como de la salud pública en general. El momento actual se percibe como una encrucijada en la que la profesión reclama más presencia, reconocimiento y participación real en las cuestiones que afectan a su futuro y al de millones de familias con animales a su cargo.
Este contexto ha generado una ruptura entre los profesionales veterinarios y la administración, que se refleja tanto en la unidad del sector como en las movilizaciones recientes. Los veterinarios insisten en la importancia de mantener su autonomía clínica, participar en la redacción de las regulaciones que afectan al sector y contar con el respeto institucional que reclaman para poder seguir ejerciendo una labor clave en la sociedad.
