Cientos de personas tomaron las calles de la Ciudad de México para apoyar al Refugio Franciscano y reclamar la devolución de los animales que fueron retirados del albergue en recientes operativos oficiales. La movilización, impulsada por colectivos animalistas y ciudadanía independiente, se desarrolló de forma pacífica pero con fuertes críticas al Gobierno capitalino.
En medio de la tensión, las autoridades de la CdMx respondieron con un mensaje duro: sostienen que ya han cumplido los acuerdos alcanzados con la asociación y que las protestas son contradictorias, hasta el punto de poner sobre la mesa la posibilidad de frenar las reuniones de diálogo que se venían celebrando desde principios de enero.
Una marcha multitudinaria en defensa de los “franciscanitos”
La más reciente movilización en apoyo al Refugio Franciscano reunió a alrededor de mil personas, según diversas fuentes, que se congregaron en el Monumento a la Revolución para iniciar un recorrido por el centro de la capital. Rescatistas, activistas por los derechos de los animales y vecinos acudieron con pancartas, megáfonos y fotografías de los perros y gatos asegurados.
La marcha avanzó por Avenida de la República, Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, hasta desembocar en el Zócalo capitalino, donde se llevó a cabo un mitin. A lo largo del trayecto se corearon consignas que cuestionaban el operativo y la actuación de la Jefatura de Gobierno.
Entre las frases más repetidas se escucharon gritos como “No fue rescate, fue despojo”, “Refugio sí, despojo no”, “Clara Brugada, devuelve a la manada” o “Gobierno maldito, devuelve a los perritos”. Para muchas personas participantes, el retiro masivo de animales fue percibido como una medida desproporcionada y poco transparente.
La manifestación transcurrió sin incidentes, con un carácter claramente pacífico y un ambiente de indignación mezclado con preocupación por el paradero y el estado de los animales. En el Zócalo, los colectivos realizaron incluso un pase de lista simbólico con nombres de algunos perros retirados del refugio.
La protesta del 25 de enero se suma a otras expresiones públicas que se han organizado en las últimas semanas, convirtiendo el caso del Refugio Franciscano en un símbolo de la defensa animalista frente a las decisiones del Gobierno de la ciudad.
El operativo en el Refugio Franciscano y el destino de los animales
El conflicto actual tiene su origen en los operativos encabezados por la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, apoyada por distintas dependencias locales, en el predio del Refugio Franciscano ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
Durante estas actuaciones, realizadas entre diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, las autoridades aseguraron de forma precautoria centenares de animales, en su mayoría perros pero también gatos. Las cifras oficiales hablan de 858 perros resguardados por el Gobierno capitalino, mientras que otras fuentes elevan el total de animales retirados a más de 900 e incluso superan el millar.
Los ejemplares fueron enviados a distintos albergues y espacios de resguardo administrados o coordinados por el Gobierno de la ciudad, donde, según la versión oficial, reciben atención veterinaria especializada. El operativo se justificó con base en denuncias por presunto maltrato y en un “aseguramiento precautorio” del inmueble y de los animales; para más contexto y detalles sobre qué está pasando con los animales rescatados, consulta qué está pasando con los animales rescatados.
Desde el entorno del refugio, sin embargo, rechazan tajantemente que hubiera maltrato sistemático y sostienen que el retiro fue excesivo y generó un gran estrés a los animales. Activistas y personas voluntarias han expresado su desconfianza sobre la capacidad de los espacios públicos habilitados “de manera exprés” para garantizar condiciones adecuadas de bienestar.
Una de las principales quejas de quienes apoyan al refugio es la falta de claridad sobre el censo real de animales: mientras la fundación habla de más de mil ejemplares extraídos, las cifras oficiales son menores. La diferencia numérica ha alimentado dudas sobre cuántos animales hay, dónde están exactamente y en qué situación se encuentran.
La postura del Gobierno de la Ciudad de México
Tras la marcha, el Gobierno de la CdMx difundió varios comunicados en los que reitera que desde el 11 de enero ha mantenido una “atención constante” al caso, priorizando el diálogo institucional, el bienestar de los animales y el respeto a los procesos judiciales en curso.
En esas mesas de trabajo han participado la Secretaría de Gobierno, Sedema, la Agencia de Atención Animal (Agatan), la PAOT y la Fiscalía capitalina. Según la versión oficial, durante las reuniones se presentó información veterinaria que apuntaría a afectaciones físicas y de salud compatibles con maltrato o con falta de cuidados adecuados en un número relevante de animales retirados del refugio.
Las autoridades subrayan que, de acuerdo con sus reportes, varios perros y gatos requerían tratamientos especializados, intervenciones médicas y mejores condiciones de resguardo. Por ello, el Gobierno sostiene que su prioridad ha sido poner a salvo a los ejemplares y que cualquier decisión debe pasar por ese criterio.
Desde la administración encabezada por Clara Brugada se insiste en que se han cumplido “cabalmente” los acuerdos alcanzados con la fundación en las mesas de diálogo: visitas programadas a los albergues donde están los animales, compromiso de no criminalizar a personas del refugio y garantía de que en el predio de Cuajimalpa no se permitirá desarrollo inmobiliario alguno, entre otros puntos.
En este contexto, el Gobierno capitalino considera “preocupante” que, a su juicio, la fundación no reconozca la situación de salud de los animales y que, pese a los compromisos, se recurra de manera reiterada a manifestaciones públicas contra la administración, algo que interpreta como un intento de desviar la atención del “aspecto central”: el bienestar de los animales retirados.
Amenaza de suspender las mesas de diálogo
El punto más delicado de la respuesta gubernamental ha sido el aviso de que se revisará la pertinencia de seguir con las mesas de trabajo instauradas con la fundación. En sus mensajes, la Secretaría de Gobierno cuestiona el “objetivo y la motivación real” de las protestas cuando —argumentan— se ha privilegiado el diálogo y el cumplimiento de acuerdos.
El Ejecutivo local ha dejado claro que su prioridad declarada seguirá siendo el apego a la ley, el bienestar animal y el respeto a los procesos judiciales, pero al mismo tiempo advierte que las manifestaciones podrían afectar la continuidad del espacio de concertación con el Refugio Franciscano.
En el comunicado oficial se afirma que resulta contradictorio mantener expresiones de protesta mientras están en marcha canales de comunicación institucional. Esa lectura ha sido interpretada por activistas como una especie de “llamada al orden” que condiciona, de facto, el diálogo al cese de movilizaciones en la calle.
La eventual suspensión de las mesas genera inquietud entre colectivos y rescatistas, que ven en esos encuentros una vía —aunque imperfecta— para supervisar el estado de los animales, acordar visitas y buscar salidas jurídicas y prácticas al conflicto abierto desde los operativos de diciembre y enero.
Mientras tanto, se mantenían programadas varias citas clave: reuniones entre la Secretaría de Gobierno y representantes del refugio, así como visitas a instalaciones como la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco para constatar de primera mano el estado de algunos ejemplares.
La respuesta del Refugio Franciscano y de su patronato
Desde el Refugio Franciscano y su patronato, la reacción no se hizo esperar. A través de comunicados y entrevistas, han lamentado que el Gobierno condicione o ponga en duda la continuidad del diálogo después de una manifestación que, recuerdan, fue pacífica y se enmarcó en el ejercicio de derechos constitucionales.
Integrantes del patronato, como León Téllez Berlanga, han insistido en que la organización no fue la convocante de la marcha del 25 de enero. Según su versión, acudieron tras recibir la invitación de un “Comité de Apoyo Emergente al Refugio Franciscano”, integrado por ciudadanía y colectivos, y participaron como personas particulares que defienden a los animales que tenían bajo su cuidado.
En sus mensajes, la fundación recalca que reconoce los avances concretos surgidos de las mesas de trabajo, como la programación de visitas y ciertos compromisos de la autoridad, pero considera inaceptable que se plantee la disyuntiva entre seguir dialogando o renunciar a la libre expresión y manifestación.
El refugio ha expresado su “extrañeza” por lo que interpreta como un intento de castigar la protesta en una ciudad que se define a sí misma como progresista. Para ellos, participar en una movilización ciudadana no constituye una ruptura de los acuerdos, sino un uso legítimo de derechos reconocidos en la Constitución.
La organización subraya que las mesas no deberían entenderse como una negociación política al uso, sino como un espacio técnico y de concertación para garantizar la vida y el bienestar de los llamados “seres sintientes”. Por ello, piden mantener las reuniones previstas y evitar que se utilicen como moneda de cambio frente a la presión social en las calles.
Entre la defensa del refugio y el bienestar animal
El caso del Refugio Franciscano ha abierto un debate de fondo en la Ciudad de México sobre cómo equilibrar la protección jurídica y física de los animales con el reconocimiento al trabajo de los albergues, muchos de ellos sostenidos principalmente por donaciones y voluntariado.
Por un lado, el Gobierno capitalino insiste en que existen informes veterinarios que señalan problemas de salud y posibles situaciones de maltrato o descuido en un número no menor de animales. A partir de esa lectura, defiende la necesidad de intervenir, asegurar ejemplares y establecer controles más estrictos.
Por otro, quienes apoyan al refugio alertan del riesgo de que las intervenciones administrativas se conviertan, en la práctica, en despojos que dejan sin base material el trabajo de organizaciones de larga trayectoria. A ello se suma el temor a que el discurso de protección animal pueda utilizarse para justificar decisiones poco transparentes sobre el destino final de los ejemplares.
En este punto, uno de los compromisos mencionados por el propio Gobierno es no permitir desarrollos inmobiliarios en el predio de Cuajimalpa donde operaba el refugio, un asunto especialmente sensible en una ciudad marcada por conflictos entre proyectos urbanísticos y espacios de protección ambiental o social.
Mientras se dirime el litigio sobre el terreno —con resoluciones judiciales que han ordenado su restitución al Refugio Franciscano en determinados momentos—, la verdadera incógnita para muchas personas sigue siendo el futuro de los perros y gatos retirados: si regresarán o no al albergue, bajo qué condiciones, y cómo se garantizará que su bienestar sea algo más que una declaración de intenciones.
Todo lo ocurrido en torno a las marchas en favor del Refugio Franciscano, los operativos en su predio y las tensas comunicaciones entre la organización y el Gobierno de la Ciudad de México dibuja un escenario complejo, en el que se cruzan la defensa del derecho a protestar, la confianza —o desconfianza— en las instituciones y la preocupación genuina por el destino de cientos de animales. Lo que se decida en las próximas semanas sobre las mesas de diálogo, el acceso a los albergues oficiales y el futuro jurídico del refugio será clave para determinar si este conflicto se encamina hacia una solución de consenso o si se convierte en un nuevo capítulo de confrontación abierta entre autoridades, colectivos animalistas y ciudadanía preocupada por el bienestar de los “franciscanitos”.
