La Guardia Civil de Socuéllamos ha identificado e investigado a tres personas en las localidades manchegas de Tomelloso, Socuéllamos y Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, por su presunta implicación en delitos contra la flora y fauna y maltrato animal. Los hechos se enmarcan en la operación Lepaní, dentro del plan Antitox de lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natural. Todo comenzó cuando un cazador denunció el posible envenenamiento de su hurón tras beber agua de un recipiente cercano al paraje de ‘La Casilla’, en Alcázar de San Juan.
Durante los meses de abril y mayo de 2026, los agentes localizaron varios ejemplares de conejo muertos en distintos puntos de las mencionadas localidades. Tras las pesquisas, detectaron en 31 lugares próximos a bocas de madrigueras montones de cebada impregnados con alguna sustancia supuestamente venenosa. En el paraje ‘Pinilla’ de Tomelloso encontraron hasta once puntos con raticida de color rosáceo y azulado, además de dos bolsas con las marcas Ratibrom y Raticida Halper, junto a restos cadavéricos de conejos.
Los hechos en detalle
Un centro veterinario de Alcázar de San Juan confirmó que los síntomas del hurón eran compatibles con una intoxicación. Los agentes verificaron la presencia de una cubeta con granulado fino de color morado y una botella con granos en su interior cerca de una caseta agrícola. Las muestras fueron enviadas al centro de recuperación ‘El Chaparrillo’ de Ciudad Real, donde se detectaron sustancias venenosas como ácido nítrico, raticida y productos fitosanitarios. El resto de los venenos fueron retirados para evitar su entrada en la cadena trófica y el envenenamiento indiscriminado de otros animales, similar a otros casos recientes de envenenamiento.
Consecuencias legales y prevención
Las personas ahora investigadas estaban directamente relacionadas con las parcelas donde aparecieron los cebos y los conejos muertos. Alegaron que recurrieron a este método prohibido por la desesperación ante los daños que la plaga de conejos causaba en sus cultivos y la consiguiente pérdida de rentabilidad. Tanto en España como en otros países, el envenenamiento de animales está tipificado como delito; la legislación española lo castiga como delito contra la flora y fauna y maltrato animal, con penas que pueden incluir prisión. La Guardia Civil recuerda que estos actos no solo ponen en riesgo a las mascotas, sino también a la fauna silvestre y a la salud pública.
La operación continúa abierta y se espera que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier sospecha de envenenamiento y de saber cómo tratar a un perro envenenado en caso de emergencia, además de no manipular cebos o sustancias extrañas en el campo. La colaboración ciudadana resulta clave para prevenir nuevos episodios y proteger a los animales de estas prácticas ilegales.
