El debate sobre los perros de caza abandonados en España lleva años cargado de titulares incendiarios, cifras imposibles y acusaciones cruzadas entre el mundo animalista y el sector cinegĂ©tico. Mientras unas organizaciones hablan de decenas de miles de perros tirados cada temporada, otras sostienen que el fenĂłmeno es puntual y que la mayorĂa de cazadores cuidan a sus animales como a uno más de la familia. En medio de este ruido, durante mucho tiempo ha faltado algo tan básico como datos oficiales y una regulaciĂłn clara.
En los Ăşltimos años han coincidido varios elementos que han cambiado por completo el tablero: borradores de Reales Decretos que regulan a los perros de caza desde diferentes ministerios, el primer estudio estatal serio sobre protecciĂłn animal y nuevas campañas de organizaciones tanto animalistas como del propio sector de la caza. Todo ello ha creado un escenario complejo en el que, para entender quĂ© pasa realmente con los perros de caza en España, es imprescindible poner bajo la lupa la normativa, las estadĂsticas y los intereses que hay detrás de cada discurso.
Dos borradores de Real Decreto y un mismo problema: el limbo de los perros de caza
En los despachos del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciĂłn (MAPA) y de la DirecciĂłn General de Derechos de los Animales (DGDA), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, se cocinan a la vez dos normas distintas que afectan, de lleno, a los mismos animales: los perros que se utilizan para la actividad cinegĂ©tica. El resultado, por ahora, es una especie de encaje de bolillos legal donde estos perros pueden acabar en una categorĂa u otra segĂşn quiĂ©n firme el texto, sin una protecciĂłn homogĂ©nea garantizada.
Desde organizaciones como AnimaNaturalis se denuncia que esta situaciĂłn genera una “fragmentaciĂłn normativa” que convierte a los perros de caza en casi invisibles para la AdministraciĂłn. No encajan claramente como animales de compañĂa para el MAPA, pero tampoco disfrutan de todas las garantĂas que sĂ tienen los perros que viven en hogares o centros de acogida regulados por la DGDA. Esa “tierra de nadie” legal es, segĂşn la organizaciĂłn, un caldo de cultivo ideal para que los casos de abandono, maltrato o comercio irregular queden sin rastrear ni sancionar.
AnimaNaturalis ha presentado alegaciones detalladas a ambos borradores, señalando con precisiĂłn jurĂdica los agujeros por los que, a su juicio, se escaparĂa buena parte de la protecciĂłn que merecen estos animales. Su análisis identifica al menos tres puntos especialmente delicados: el umbral de diez perros para aplicar la norma, la existencia de estándares de bienestar diferentes para un mismo perro segĂşn la administraciĂłn que lo regule y un sistema de identificaciĂłn que dejarĂa a muchos animales sin nombre ni nĂşmero en ningĂşn registro oficial.
El “umbral de los diez”: cuando la aritmética deja perros fuera de la ley
Uno de los puntos más polĂ©micos del borrador del MAPA es la exclusiĂłn de las instalaciones con diez o menos perros de caza. Es decir, todos aquellos nĂşcleos donde se alojen perros utilizados en actividades cinegĂ©ticas y que no superen ese nĂşmero quedarĂan fuera del ámbito de aplicaciĂłn del Real Decreto. Para las organizaciones de protecciĂłn animal, esta cifra no tiene una justificaciĂłn tĂ©cnica sĂłlida y abre la puerta a una práctica muy sencilla: trocear instalaciones en pequeños nĂşcleos de menos de diez perros para esquivar registros y controles.
El texto tampoco aclara con precisiĂłn quĂ© marco legal se aplica a estos nĂşcleos una vez excluidos, de modo que una perrera con nueve perros de caza podrĂa operar sin inscripciĂłn especĂfica, sin controles veterinarios periĂłdicos obligatorios y sin transparencia sobre las condiciones reales de vida de los animales. En un paĂs donde la caza mueve a miles de perros cada temporada, este “vacĂo numĂ©rico” no es un detalle menor, sino un posible agujero estructural.
La actividad cinegĂ©tica en España se desarrolla a gran escala y está documentado que una parte importante de los perros implicados corre riesgo de abandono, comercio opaco o falta de trazabilidad, sobre todo al finalizar la temporada. Para AnimaNaturalis, el borrador del MAPA, tal y como está redactado, no aporta herramientas eficaces para revertir ese escenario: al contrario, podrĂa consolidar por ley una opacidad mayor en los nĂşcleos de tamaño pequeño o medio, donde precisamente más fácil es “perder de vista” a un perro que deja de ser Ăştil. En casos de comercio irregular y sustracciones se han detectado prácticas vinculadas a un mercado opaco, como ilustra una investigaciĂłn sobre robo y negocio ilegal de perros.
Por eso, entre las alegaciones se pide de forma clara eliminar o revisar a fondo ese lĂmite de diez individuos y establecer mecanismos de registro para todos los nĂşcleos que alberguen perros de caza, con independencia del nĂşmero. La lĂłgica que defienden es simple: cada perro es un individuo con capacidad de sufrir, no una unidad estadĂstica que desaparece por estar en una perrera pequeña.
Dos varas de medir para la misma especie: bienestar vs. bioseguridad
Además de la cuestiĂłn numĂ©rica, el choque entre normativas se aprecia en el enfoque de cada borrador. El texto de la DGDA se centra en el bienestar animal: exige planes de emergencia, formaciĂłn especĂfica del personal, enriquecimiento ambiental, requisitos de alojamiento y manejo coherentes con el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes. En cambio, el borrador del MAPA tiene una Ăłptica mucho más sanitaria, focalizada en la bioseguridad y en evitar enfermedades que puedan afectar a la cabaña ganadera.
Esta diferencia no es un matiz sin importancia. Implica que un mismo perro, segĂşn se clasifique como animal de compañĂa o como animal auxiliar de caza, puede tener garantizado un nivel de bienestar muy distinto. Un perro en un refugio o en un centro de adopciĂłn debe disfrutar de ciertos estándares de espacio, socializaciĂłn y atenciĂłn, mientras que un perro de rehala en un nĂşcleo tradicional podrĂa quedarse en un escalĂłn muy inferior si solo se aplican criterios de salud pĂşblica y control epidemiolĂłgico.
El borrador del MAPA crea una categorĂa especĂfica de “animal auxiliar de caza”, donde encuadra no solo a perros de caza y de rehala, sino tambiĂ©n hurones, aves de cetrerĂa y otros animales vivos usados como reclamo. Sin embargo, segĂşn las alegaciones de AnimaNaturalis, esta etiqueta nace prácticamente vacĂa: no se acompaña de exigencias concretas de bienestar, ni en materia de espacio mĂnimo, ni en densidad de animales, ni en protocolos de manejo, ni en supervisiĂłn veterinaria individual.
Desde la organizaciĂłn se denuncia que “nombrar a los perros de caza en un decreto sin regular de verdad sus condiciones de vida” es más un maquillaje legal que una protecciĂłn real. Lo que reclaman es que la categorĂa vaya acompañada de requisitos precisos: metros cuadrados por perro, tiempos de ejercicio, revisiones veterinarias periĂłdicas, lĂmites de nĂşmero de animales por instalaciĂłn, etc. En definitiva, tratar a estos perros como seres sintientes, no solo como herramientas de trabajo ligadas a una licencia de caza.
IdentificaciĂłn y trazabilidad: perros sin nombre ni rastro en el sistema
Otro de los puntos más sensibles del borrador del MAPA es el modelo de identificaciĂłn de los perros de caza. El artĂculo 12.4 plantea que la vinculaciĂłn del perro se haga a travĂ©s de la licencia de caza del titular. A primera vista podrĂa parecer una forma de asociar animales y responsables, pero las organizaciones protectoras alertan de varios problemas graves.
En primer lugar, no se fija un control efectivo sobre el nĂşmero de perros asociados a cada licencia, por lo que un mismo cazador podrĂa tener un volumen de animales muy elevado sin que exista una supervisiĂłn especĂfica. En segundo lugar, no se crea un registro detallado y diferenciado de perros usados en caza, que permita saber cuántos son, dĂłnde están, en quĂ© condiciones viven y quĂ© pasa con ellos a lo largo de su vida. Y, en tercer lugar, no se contempla la obligaciĂłn de notificar bajas, cesiones o muertes de forma sistemática. Sin un sistema que garantice la trazabilidad individual resulta muy difĂcil ejercer control real.
ÂżQuĂ© implica esto en la práctica? Que un perro puede desaparecer de la escena administrativa sin que ninguna autoridad tenga que preguntarse quĂ© ha ocurrido. PodrĂa haber sido abandonado en un monte, cedido de forma irregular a terceros, vendido sin control o sacrificado, y el sistema, tal y como está planteado, no obligarĂa a encender ninguna alarma. Para organizaciones como AnimaNaturalis, sin un registro especĂfico y riguroso, la prevenciĂłn real del abandono o del maltrato de perros de caza es prácticamente imposible.
El análisis que han realizado es tajante: mientras no haya una trazabilidad individual que acompañe a cada animal desde que nace hasta que muere, hablar de control efectivo es engañarse. Otros paĂses europeos ya han implantado sistemas de registro exhaustivos para animales de caza, con inspecciones periĂłdicas y sanciones claras, demostrando que es viable exigir responsabilidades a quienes utilizan perros en el campo sin criminalizar automáticamente a todo el colectivo.
La crĂa en domicilios: la puerta trasera que temen los animalistas
Si el borrador del MAPA preocupa por sus lagunas en control y bienestar, el de la DGDA genera otro tipo de inquietud. En concreto, AnimaNaturalis ha puesto el foco en el artĂculo que introduce la figura de “domicilio para crĂa” de perros, gatos y hurones. Esta categorĂa permitirĂa criar animales de compañĂa en viviendas particulares mediante una simple declaraciĂłn responsable, sin necesidad de una autorizaciĂłn administrativa previa.
SegĂşn las alegaciones, esta idea choca de frente con los objetivos de la Ley 7/2023 de protecciĂłn de los derechos y el bienestar de los animales, que buscaba justo lo contrario: profesionalizar la crĂa, aumentar la trazabilidad y cortar de raĂz la reproducciĂłn descontrolada. Si cualquier persona puede empezar a criar desde su casa con un trámite mĂnimo y sin inspecciĂłn previa, el riesgo de que se multipliquen los “criaderos caseros” es evidente.
El texto, además, solo fija lĂmites numĂ©ricos claros para hurones (máximo de hembras reproductoras y nĂşmero de camadas anuales), pero no establece topes equivalentes para perros y gatos. En la práctica, se abre un vacĂo legal donde una vivienda podrĂa albergar un nĂşmero muy elevado de animales con fines de crĂa, sin que exista una regulaciĂłn precisa ni controles estructurales obligatorios.
Para las organizaciones protectoras, este modelo es una autĂ©ntica “trampa normativa”: reviste de legalidad un tipo de crĂa que se acercarĂa mucho a la que ya realizan algunos particulares sin declarar, y puede desembocar en más camadas mal planificadas, perros sin socializaciĂłn adecuada y excedentes de animales que terminen saturando protectoras o, en el peor de los casos, engrosando la lista de abandonos.
El contraataque del sector cinegético: datos oficiales frente a cifras infladas
Mientras las organizaciones animalistas centran su discurso en la falta de protecciĂłn legal y en los casos de abandono, el sector cinegĂ©tico ha encontrado en los Ăşltimos meses un arma muy poderosa: el primer gran estudio oficial sobre la gestiĂłn de la protecciĂłn animal en España. Este informe, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con datos de 284 centros de acogida entre servicios municipales y protectoras, ofrece por primera vez cifras homogĂ©neas sobre las entradas y salidas de perros en todo el paĂs.
Según este documento, en 2023 ingresaron 18.764 perros en centros de acogida. De ellos, 18.009 tuvieron salida ese mismo año (adopción, devolución al propietario, traslado o fallecimiento), quedando solo 755 en los centros al cierre del ejercicio. Además, el informe especifica que el 81,1 % de las entradas se deben a perros perdidos o abandonados, mientras que el 18,9 % restante responde a entregas voluntarias de sus dueños o a incautaciones de las autoridades.
Si se traduce esto a nĂşmeros absolutos, estarĂamos hablando de 15.216 perros realmente perdidos o abandonados en toda España a lo largo de 2023. Esta cifra engloba a todas las razas y situaciones, y aĂşn asĂ no distingue entre un perro extraviado temporalmente, uno robado o uno abandonado intencionadamente. Es decir, el nĂşmero de abandonos reales es, con mucha probabilidad, inferior al que arroja el total de entradas clasificadas como “perdidos o abandonados”.
El dato clave para el debate sobre los perros de caza es que solo el 12,9 % de los perros recogidos se catalogan como razas de caza, y apenas el 2,8 % como galgos. Traducido, se tratarĂa de unos 2.422 perros de razas cinegĂ©ticas recogidos en total, y de ellos unos 1.965 realmente perdidos o abandonados al aplicar el porcentaje del 81,1 %. En el caso de los galgos, hablarĂamos de alrededor de 525 recogidos, de los cuales solo unos 425 encajarĂan en la categorĂa de perdidos o abandonados.
Estas cifras desmontan por completo los mensajes que hablaban de 50.000 galgos abandonados cada año o de más de 12.000 perros de caza tirados por temporada, números difundidos durante años por distintas organizaciones animalistas. El propio informe aclara que la clasificación se hace por raza, no por uso ni por titular, de modo que ni siquiera se puede asegurar que todos esos perros de razas de caza procedieran del mundo cinegético. Para las federaciones de caza, esto confirma que el abandono masivo de perros de caza es un mito sin respaldo oficial.
Protectores vs. ayuntamientos: el baile de porcentajes y el acusado sesgo anticaza
El estudio estatal no solo aporta cifras globales, sino que también compara los datos facilitados por ayuntamientos y por entidades de protección animal. Y aquà aparece un contraste muy significativo que el sector cinegético no ha tardado en subrayar: mientras los servicios municipales señalan que el 9,3 % de los perros recogidos son de razas de caza, las protectoras elevan ese porcentaje hasta el 22,3 %.
En el resto de categorĂas, los porcentajes de los ayuntamientos superan a los de las protectoras. Toman más mestizos, más perros potencialmente peligrosos (PPP) y más animales de “otras razas” que no tienen relaciĂłn con la actividad cinegĂ©tica. Pero cuando se trata de perros de caza y galgos, son las protectoras las que declaran cifras muy superiores, casi el triple en algunos casos, algo que encaja con la sospecha del mundo cinegĂ©tico de que estos nĂşmeros podrĂan estar inflados por un sesgo ideolĂłgico anticaza.
El informe tambiĂ©n recoge diferencias en cuanto a identificaciĂłn mediante microchip: los ayuntamientos localizan chip en el 36,1 % de los perros recogidos, mientras que las protectoras solo lo hacen en el 19,5 %. Este dato se interpreta, desde las federaciones de caza, como un indicio de que muchas entidades privadas podrĂan no estar registrando de manera completa el origen de los animales, lo que facilita la difusiĂłn de narrativas difĂciles de comprobar sobre abandonos masivos vinculados directamente a cazadores.
Si se cruzan estos datos con los informes privados que se venĂan usando hasta ahora —como los de FundaciĂłn Affinity o los propios estudios internos de PACMA—, el contraste es todavĂa mayor. Affinity, por ejemplo, llegĂł a estimar más de 173.000 perros abandonados en un año, cifra que hoy queda muy lejos de los 15.216 perdidos o abandonados que el Gobierno atribuye oficialmente a 2023. Esta diferencia de más de un 1.000 % alimenta el argumento de las federaciones de caza de que, durante años, se han construido campañas mediáticas apoyadas en datos sin verificaciĂłn externa ni rigor estadĂstico.
Los estudios de PACMA y el relato de las organizaciones animalistas
Desde el lado animalista, sin embargo, se insiste en que los estudios oficiales no captan toda la realidad. PACMA, por ejemplo, ha publicado sus propios informes sobre abandono de perros de caza. En uno de los más citados, elaborado con aportaciones de 194 protectoras de más de 1.000 consultadas, el partido calcula que en 2022 se abandonaron 12.295 perros de caza en España, de los cuales 5.544 serĂan galgos y 4.191 podencos; el resto, bracos, pointers, alanos y otras razas.
El propio documento de PACMA reconoce varias limitaciones: baja participaciĂłn en determinadas comunidades autĂłnomas con fuerte arraigo cinegĂ©tico, falta de datos de la AdministraciĂłn y ausencia de informaciĂłn directa sobre las recogidas realizadas por servicios pĂşblicos en municipios pequeños, donde muchas veces la gestiĂłn se externaliza a empresas privadas. Aun asĂ, el partido sostiene que los nĂşmeros que maneja son “la parte visible” de un problema que consideran mucho mayor y que, en la práctica, consideran “incalculable” por la opacidad del sistema.
En su análisis del estado de salud de los perros de caza que llegan a las protectoras, PACMA señala que más del 77 % llega en condiciones entre malas y pésimas, lo que exige una fuerte inversión en alimentación de calidad, tratamientos veterinarios, vacunas, medicación, esterilización y, en muchos casos, terapia etológica. Según sus datos, el 19 % de las entidades que respondieron al estudio superó los 30.000 euros anuales solo en gastos relacionados con perros de caza, cifras que utilizan para ilustrar el coste económico que el abandono y el maltrato suponen para el tejido protector.
En cuanto a la distribuciĂłn geográfica, estos informes sitĂşan a AndalucĂa como la comunidad con más abandonos de perros de caza, seguida de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Canarias y Galicia. Las organizaciones anticaza argumentan que, aun siendo estudios privados con limitaciones, son la Ăşnica radiografĂa que ha existido durante años en ausencia de estadĂsticas oficiales, y acusan a las administraciones de opacidad cuando se trata de cruzar datos que puedan dejar en mal lugar a la actividad cinegĂ©tica.
MovilizaciĂłn en la calle: manifestaciones, denuncias y acusaciones de impunidad
Más allá de las cifras, el conflicto se ha trasladado también al espacio público. Plataformas como NAC (No a la Caza) o entidades como PACMA y distintas fundaciones protectoras llevan años convocando manifestaciones en decenas de ciudades españolas, coincidiendo especialmente con el final de la temporada de caza, un periodo que consideran “dramático” por el aumento de casos de abandono y maltrato de perros, en particular galgos. Estas movilizaciones incluyen la marcha anual contra la caza con perros que organiza reivindicaciones en varias ciudades.
En estas concentraciones se han escuchado testimonios de voluntarios y responsables de protectoras que aseguran que “los perros de caza son los más abandonados y maltratados de España”. Se denuncian prácticas como arrancar el microchip rajando el cuello a los animales para que no se pueda identificar a los propietarios, dejarlos extremadamente delgados, con fracturas o heridas graves, y tirarlos en cunetas, rĂos o incluso sacos. Las organizaciones hablan de una sensaciĂłn de “impunidad” generalizada, argumentando que los cazadores rara vez reciben castigos ejemplares cuando se descubren casos de maltrato.
El mensaje que lanzan a las instituciones es claro: reclaman que los perros de caza tengan la misma protecciĂłn legal que cualquier otro perro de compañĂa, que estĂ©n correctamente identificados, vacunados y empadronados, y que desaparezca el “limbo” normativo en el que consideran que se encuentran tras haber sido excluidos de determinados aspectos de la nueva Ley de Bienestar Animal. Para estas plataformas, España es una excepciĂłn en Europa por seguir permitiendo la caza con perros en estos tĂ©rminos, y su objetivo declarado es acabar con esta modalidad cinegĂ©tica.
Frente a estas acusaciones, la Federación Andaluza de Caza, la Real Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas han respondido con una estrategia de comunicación muy activa. Subrayan que el propio Gobierno ha “desmentido” con datos oficiales el relato del abandono masivo y acusan a las organizaciones animalistas de usar cifras infladas para criminalizar a miles de cazadores que, según ellos, cumplen la ley y cuidan con esmero a sus perros. Además, han puesto en marcha acciones para pedir a medios y representantes públicos que contrasten la información antes de repetir mensajes que consideran falsos y dañinos.
La visiĂłn de los cazadores: los perros como familia, trabajo y forma de vida
Desde el propio sector cinegĂ©tico se insiste en que la relaciĂłn entre cazador y perro va mucho más allá de una mera herramienta de trabajo. Cazadoras y cazadores de distintas modalidades relatan que conviven con sus perros durante años, que los entrenan desde cachorros y que construyen con ellos un vĂnculo emocional profundo. Para muchos, la caza con perro forma parte de una manera de entender el campo, la familia y la tradiciĂłn rural.
Algunos testimonios destacan la dedicaciĂłn diaria: sacar a los perros al campo, mantenerlos en forma todo el año, invertir en veterinarios, alimentaciĂłn de calidad y suplementos, incluso cuando ya están viejos y no pueden seguir el ritmo de la caza. Relatan casos de perros mayores a los que se atiende con tratamientos caros tras una lesiĂłn o enfermedad, justamente porque para ellos “no es una opciĂłn” sacrificar a un animal que les ha hecho disfrutar tantos años. Hablan tambiĂ©n del placer de ver cĂłmo un cachorro aprende a seguir un rastro, levanta una pieza o trabaja en equipo con su guĂa. Parte de esa formaciĂłn y cuidado se apoya en iniciativas de formaciĂłn canina especializada.
Otra preocupación recurrente entre los cazadores es el robo de perros de caza, especialmente galgos y podencos de alta calidad. Cuentan que muchos de estos robos acaban derivando, precisamente, en abandonos: quien roba un perro para competir o cazar puede deshacerse de él si no le sirve, dejándolo en mitad del campo sin identificación. Por eso, algunos galgueros se han visto obligados a mantener a sus perros dentro de casa o en instalaciones muy protegidas, por miedo a asaltos nocturnos en las perreras. Hay casos documentados de sustracciones y recuperaciones, como la noticia sobre perros recuperados tras un robo.
Desde esta Ăłptica, muchos cazadores sienten que el relato del abandono masivo ignora a la gran mayorĂa que cuida a sus perros todo el año, los mantiene hasta su vejez y los considera una parte central de su vida. Insisten en que, si bien puede haber casos aislados de maltrato —como en cualquier otro ámbito con animales—, estos no representan a un colectivo que, segĂşn defienden, está cada vez más formado en bienestar animal gracias a cursos especĂficos y a la regulaciĂłn autonĂłmica de los nĂşcleos zoolĂłgicos.
Lo que se pide cambiar en las normas y el papel de la ciudadanĂa
En el plano legal, las alegaciones presentadas por AnimaNaturalis y otras organizaciones no se quedan en la crĂtica. Para el borrador del MAPA, piden suprimir o reformular la exclusiĂłn de los nĂşcleos con menos de diez perros, crear un registro exhaustivo para todos los perros de caza, sea cual sea su nĂşmero, y fijar exigencias mĂnimas claras en materia de alojamiento, manejo y supervisiĂłn veterinaria de los animales auxiliares de caza. Su objetivo es que no haya “agujeros” donde perros concretos puedan desaparecer del radar institucional. Entre las demandas figura tambiĂ©n la creaciĂłn de mecanismos de registro exhaustivo y control que permitan trazar el destino de cada animal.
Respecto al borrador de la DGDA, las propuestas se centran en eliminar la figura del “domicilio para crĂa” y dejar la reproducciĂłn de perros, gatos y hurones exclusivamente en manos de centros autorizados, con autorizaciĂłn administrativa previa y controles periĂłdicos. Consideran que solo asĂ se puede garantizar la trazabilidad de cada cachorro y evitar un aumento de camadas no deseadas que terminen saturando refugios o siendo abandonadas.
Organizaciones como AnimaNaturalis apelan tambiĂ©n a la responsabilidad ciudadana. Reclaman que la gente se informe más allá de los eslĂłganes, que firme campañas y peticiones dirigidas a los ministerios implicados y que exija a sus representantes polĂticos una regulaciĂłn coherente, completa y sin vacĂos para los perros de caza. Subrayan que el trabajo jurĂdico, la presentaciĂłn de alegaciones y la investigaciĂłn de casos de maltrato conlleva un coste econĂłmico importante, por lo que piden apoyo mediante donaciones o cuotas de socios para poder seguir presionando a las instituciones.
Al mismo tiempo, el sector cinegético hace su propia llamada al público general: invita a revisar el estudio oficial del Gobierno, a contrastar los datos que se difunden en redes sociales y medios y a reconocer la labor de miles de cazadores que se forman en bienestar animal, invierten en sus perros y participan en la gestión del medio natural. Recuerdan que, solo en la Comunitat Valenciana, por ejemplo, los cazadores han realizado actuaciones valoradas en millones de euros en mantenimiento de caminos, instalación de comederos y bebederos, siembras, desbroces o creación de cortafuegos.
Al final, toda esta batalla de cifras, testimonios y propuestas normativas gira en torno a un mismo eje: quĂ© trato damos como sociedad a los perros que se utilizan para la caza y quĂ© nivel de protecciĂłn queremos asegurarles. Los nuevos datos oficiales han puesto un suelo de realidad donde antes solo habĂa relatos inflados o parciales, y los borradores de Real Decreto muestran que aĂşn hay mucho por afinar para que ningĂşn perro quede atrapado en un limbo legal. Entre las denuncias de abandono masivo y la defensa cerrada de la caza, se abre paso la necesidad de un enfoque riguroso, basado en estadĂsticas verificables, controles efectivos y una visiĂłn del bienestar animal que no dependa de si el perro duerme en un sofá o en una perrera de rehala.
