Lo que empezó como una serie de avisos internos que parecían destinados a quedar en el olvido ha acabado transformándose en un escándalo judicial y mediático para uno de los parques temáticos más visitados de nuestro país. Las revelaciones sobre la gestión de animales fallecidos, supuestos entierros clandestinos y la posterior reacción de la empresa han puesto el foco sobre el funcionamiento interno de Puy du Fou España.
La situación ha escalado rápidamente hasta que Ecologistas en Acción de Toledo decidió llevar el caso a los juzgados. No se trata solo de un problema administrativo, sino de una denuncia penal por maltrato animal y daños a los recursos naturales, buscando que se esclarezcan los hechos ocurridos en el recinto toledano durante los últimos años.
Un cementerio clandestino y gestiones irregulares
El núcleo del problema reside en el descubrimiento de un cementerio ilegal de animales ubicado dentro del perímetro del parque. Según los testimonios de antiguos trabajadores, especies como cabras, ovejas, conejos, ocas y gansos eran enterradas en una zona elevada cerca de la entrada del personal, saltándose totalmente la normativa vigente que obliga a gestionar estos restos a través de empresas especializadas como SecAnim.
Esta práctica, que habría ocurrido entre 2021 y julio de 2025, supone un riesgo sanitario y medioambiental considerable, ya que los cadáveres de animales son subproductos peligrosos que pueden contaminar el terreno o transmitir enfermedades si no se eliminan correctamente. Además, se ha señalado que el parque podría haber manipulado los censos, retrasando la identificación de los ejemplares para ocultar la mortalidad real de los animales.
Ante la presión, la dirección de Puy du Fou admitió que se produjeron estas irregularidades y procedió al despido de tres empleados del departamento de animales. No obstante, Ecologistas en Acción sostiene que esta medida es una simple estrategia de contención de daños, ya que se estaría culpando a mandos intermedios mientras se protegen a quienes dieron las órdenes.
Acusaciones de maltrato y negligencia
Más allá de los entierros, la denuncia es mucho más profunda y alarmante. Se ha hablado de los llamados «correctivos» violentos, que consistirían en golpes abusivos con fustas que dejaban marcas en la boca de los animales, ojos inflamados e incluso cojeras. Es decir, que el bienestar animal parece haber sido pasado por alto en favor del espectáculo.
Otros testimonios apuntan a que algunos ejemplares fueron dejados agonizar sin la debida asistencia veterinaria o alimentados con pienso que estaba en mal estado. Esta falta de cuidados básicos es lo que ha llevado a la organización proteccionista a exigir que se investigue a fondo el grado de responsabilidad de todos los implicados, incluyendo a los representantes legales de la mercantil.
A todo esto se suma la crítica hacia la administración regional de Castilla-La Mancha. Desde el sector ecologista denuncian que las consejerías competentes han estado más preocupadas por blindar a la empresa que por velar por la seguridad y la ética, llegando incluso a pedir el cese del Consejero de Fomento, Ignacio Herrando, por desestimar las denuncias iniciales.
Medidas exigidas y consecuencias legales
Dada la gravedad de los hechos, se ha solicitado a la justicia el precinto inmediato del cementerio y que se valore el cierre cautelar, ya sea total o parcial, del parque temático hasta que se pueda garantizar que las instalaciones son sanitariamente seguras para los visitantes y el entorno.
El Código Penal español es bastante claro en estos casos. El artículo 340 bis prevé penas de hasta dos años de prisión por causar la muerte de animales domésticos o bajo control humano. Asimismo, los daños sustanciales al suelo y al agua podrían conllevar penas similares bajo el artículo 325, especialmente si se altera el equilibrio de los sistemas naturales.
Por su parte, el parque ha prometido crear un Comité de Bienestar Animal y mejorar sus sistemas de trazabilidad para evitar que esto vuelva a suceder. Sin embargo, para los denunciantes, estas medidas llegan tarde y solo después de que la información saliera a la luz pública, dejando en el aire la cuestión de cuántos animales sufrieron realmente en silencio.
La resolución de este conflicto ahora depende de los Juzgados de Primera Instancia de Toledo, donde se determinará si hubo una trama de encubrimiento y maltrato sistemático o si, como afirma la empresa, se trató de incidentes aislados cometidos por unos pocos empleados.