La presencia de Luis Miguel V. F., conocido como el “vampiro de Humanes”, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reabierto un caso que ya era especialmente sensible en el ámbito de la protección animal. Su matrícula en varias asignaturas prácticas ha encendido todas las alarmas entre asociaciones y parte de la comunidad universitaria.
Este empresario madrileño, investigado por un brutal caso de maltrato y explotación de animales destinado al comercio de sangre y otros fluidos, tiene actualmente impuestas medidas cautelares que le prohíben tener animales y realizar cualquier actividad relacionada con ellos. Su regreso a un entorno académico donde el contacto con distintas especies es habitual ha sido interpretado como un posible desafío a esas restricciones judiciales.
Quién es el “vampiro de Humanes” y por qué está siendo investigado
La historia de Luis Miguel V. se hizo pública en junio de 2022, cuando fue detenido por la Guardia Civil tras una investigación impulsada por la Fiscalía de Móstoles. Se le señaló como responsable de un supuesto centro de transfusiones veterinarias que funcionaba al margen de cualquier control sanitario o administrativo.
El investigado era titular del denominado Centro de Transfusión Veterinaria, una empresa dedicada a obtener sangre y plasma de animales domésticos para venderlos a clínicas veterinarias en España y otros países de la Unión Europea. Según las pesquisas, desarrollaba esta actividad sin titulación oficial en Veterinaria ni las autorizaciones exigidas, y todo ello en un entorno completamente clandestino.
El mercado de la sangre de animales de compañía es reducido: no existen bancos públicos para perros y gatos, por lo que el suministro depende casi por completo de empresas privadas. Este vacío habría facilitado, según los investigadores, el auge de un negocio opaco en el que el “vampiro de Humanes” habría estado operando durante cerca de dos décadas.
La intervención policial en la finca de Humanes donde trabajaba el acusado destapó un escenario dantesco. Los agentes hallaron centenares de perros y gatos en condiciones deplorables, hacinados y con signos de grave deterioro físico. Se rescataron unos 240 ejemplares —en torno a 257 según diferentes recuentos de la investigación—, aunque no todos lograron sobrevivir en las semanas posteriores al operativo.
Las necropsias practicadas a varios de los animales fallecidos reflejaron que las muertes se producían por shock hipovolémico, es decir, por una pérdida masiva de sangre. En algunos casos, las extracciones se realizaban clavando directamente la aguja en el corazón para obtener un volumen mayor en menos tiempo. La investigación cifra, además, una mortalidad documentada de al menos 60 animales entre perros, gatos, conejos y un hurón, aunque las organizaciones de protección animal temen que pueda haber muchas más víctimas no registradas.
Un negocio clandestino de sangre animal
La línea principal de la acusación sostiene que Luis Miguel V. desecaba literalmente a los animales hasta causarles la muerte con el objetivo de vender sus fluidos corporales. Perros, gatos y otros pequeños mamíferos eran utilizados como “donantes” en serie sin controles veterinarios, sin supervisión externa y sin protocolos que garantizaran su bienestar.
Según el material recopilado en la causa, cada bolsa de sangre de perro se vendía en torno a 80 euros, mientras que la de gato podía alcanzar los 85. Además de suministrar a clínicas españolas, la red de distribución se habría extendido a otros países europeos, aprovechando la falta de un sistema público estructurado de bancos de sangre para animales de compañía.
El volumen de negocio estimado es notable. Los investigadores calculan que el centro clandestino habría generado hasta un millón de euros en ingresos a lo largo del tiempo, todo ello sin pagar los costes asociados a una explotación legal ni garantizar condiciones mínimas para los animales.
La primera pista que permitió destapar este entramado procedió de una fuente inesperada: un empleado de una incineradora que advirtió del inusual número de cadáveres de perros que llegaban con origen en la finca de Humanes. Esa denuncia activó las alarmas de las autoridades, que iniciaron las pesquisas que culminarían en el registro del inmueble.
En la página web del llamado Centro de Transfusión Veterinaria, que continuaba operativa hasta ser contactado por un medio de comunicación, el investigado anunciaba reservas de sangre de perros, gatos y conejos, y ofrecía también la posibilidad de adquirir sangre de caballo mediante encargo. Además, presumía de impartir charlas y conferencias sobre su actividad en distintos países, pese a carecer de las acreditaciones profesionales requeridas.
La matriculación en Veterinaria que desata la polémica
Mientras el procedimiento penal sigue su curso, el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada impuso a Luis Miguel V. una serie de medidas cautelares. Entre ellas figura, de forma expresa, la prohibición de tener animales y de realizar cualquier actividad relacionada con ellos mientras dure la instrucción, sin excepciones.
Pese a esta orden, la protectora El Refugio, personada en la causa como acusación popular, ha denunciado que el investigado se habría matriculado en asignaturas de carácter preprofesional en la Facultad de Veterinaria de la UCM. Dichas materias se desarrollan, según la entidad, entre el 12 de enero y el 8 de mayo del curso 2026-27 e incluyen prácticas en las que el alumnado entra en contacto directo con animales de diversas especies.
La organización sostiene que esa matrícula implica, de facto, el ejercicio de una actividad materialmente veterinaria o auxiliar veterinaria, algo incompatible con las restricciones marcadas por el juzgado. Desde su punto de vista, no se trata solo de una cuestión académica, sino de un posible quebrantamiento de la medida que le aleja de cualquier tarea vinculada a animales.
El Refugio afirma haber tenido conocimiento de la presencia del acusado en la universidad gracias a un escrito remitido por la Decana de la Facultad de Veterinaria, en el que se reconocería que había constancia de la existencia de medidas cautelares. No obstante, según la protectora, el propio Luis Miguel no habría comunicado formalmente su situación judicial a la hora de formalizar la matrícula, omitiendo así un dato determinante.
En un comunicado, la asociación describe esta actitud como una “conducta de ocultación consciente”, orientada a esquivar el cumplimiento de la resolución judicial. Consideran que el investigado conoce perfectamente “la existencia y alcance” de las restricciones impuestas y que, aun así, ha decidido inscribirse en estudios que implican trato directo con animales.
Reacción de las protectoras y posibles consecuencias legales
La denuncia pública de El Refugio no se limita a cuestionar la conveniencia ética de la matrícula, sino que solicita abiertamente que se investigue un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar. De confirmarse, esta nueva vía penal se sumaría al procedimiento que ya tiene abierto por presuntos delitos de maltrato a animales domésticos, intrusismo profesional y falsedad documental.
Nacho Paunero, presidente de El Refugio, ha calificado todo el caso como uno de los episodios más “macabros, repugnantes y perversos” que ha conocido en sus tres décadas dedicado a la protección animal. Sobre la nueva controversia por la matrícula en Veterinaria, Paunero considera que los hechos muestran “un desprecio absoluto a la Justicia, a la Universidad y a los propios animales”.
La organización argumenta que la presencia del investigado en un entorno universitario donde se manipulan, exploran y tratan animales supone un riesgo ético y jurídico evidente. De ahí que haya instado a que se esclarezca hasta qué punto la Universidad Complutense tenía información detallada de la situación procesal del alumno y de las limitaciones impuestas por el juzgado.
Fuentes universitarias consultadas por distintos medios se han amparado en la normativa de protección de datos para no ofrecer información oficial sobre el expediente del estudiante ni sobre las medidas adoptadas tras conocerse su identidad. No obstante, la polémica ha generado malestar entre parte del profesorado y el alumnado, que ha expresado su inquietud por compartir espacios académicos y de prácticas con el investigado.
Al mismo tiempo, la posibilidad de que se abra una nueva causa penal por quebrantamiento de medidas podría agravar notablemente su situación judicial. De prosperar esta línea, se estudiaría si la mera asistencia a clases prácticas supone una vulneración suficiente de la prohibición de realizar “cualquier actividad relacionada con animales”, tal y como figura en el auto de medidas cautelares.
Su salida de las aulas tras destaparse la matrícula
La presencia de Luis Miguel V. en el campus no ha pasado desapercibida. Según ha trascendido, la noticia de su matriculación se conoció públicamente el 12 de marzo, cuando un medio de comunicación informó de que asistía a asignaturas en la Facultad de Veterinaria.
Pocos días después de hacerse eco la prensa, distintas fuentes internas apuntan a que el investigado habría dejado de acudir a clase. No existe, por el momento, una versión oficial sobre los motivos de su ausencia, pero su desaparición de la vida académica diaria ha reducido en parte la tensión que se había generado entre estudiantes y docentes.
Aunque la Complutense evita pronunciarse de forma explícita, la percepción general es que su salida no ha sido casual. La repercusión mediática del caso, unida a la presión de las entidades de protección animal y al ruido en redes sociales, habría contribuido a que el acusado optara por retirarse temporalmente de la escena universitaria o, cuando menos, a no dejarse ver en las instalaciones.
Para El Refugio, el cese de su asistencia a clases no cierra el debate de fondo: la organización insiste en que es necesario aclarar qué controles aplica la universidad para evitar situaciones similares en el futuro, especialmente cuando se trate de personas con medidas judiciales que chocan frontalmente con la naturaleza de los estudios que cursan.
Mientras tanto, el proceso principal en los tribunales continúa su curso, con la investigación sobre el funcionamiento del Centro de Transfusión Veterinaria y el alcance del presunto maltrato animal aún en fase de instrucción. La suma de esta nueva controversia por la matrícula en Veterinaria añade una capa más de complejidad a un caso que ya había generado una profunda conmoción social.
Todo este entramado deja sobre la mesa preguntas incómodas sobre el control de actividades ligadas a los animales, la responsabilidad de las instituciones académicas y la eficacia de las medidas cautelares en casos de maltrato grave. El relato del “vampiro de Humanes” se ha convertido así en un símbolo de las carencias del sistema, tanto en la prevención del sufrimiento animal como en la supervisión de quienes, aun estando investigados por delitos muy graves, intentan reconstruir su trayectoria en ámbitos íntimamente relacionados con aquellos hechos.