La difusión de una fotografía de un perro de seguridad extremadamente delgado en Unicentro Bogotá ha reavivado el debate público en Colombia sobre el uso de animales en labores de vigilancia privada. La imagen, tomada en las instalaciones del conocido centro comercial de la capital, ha generado un aluvión de críticas en redes sociales y ha puesto bajo la lupa tanto a la administración del recinto como a la empresa de seguridad responsable del animal.
A raíz de esta escena, organizaciones animalistas, ciudadanos y responsables políticos han vuelto a cuestionar si el modelo de seguridad apoyado en perros responde a los estándares de bienestar que exige la legislación actual. El caso se entrelaza además con un proyecto de ley que pretende acabar progresivamente con la presencia de canes en la vigilancia privada en todo el país.
La denuncia que desató la controversia en Unicentro Bogotá
El episodio salió a la luz el 30 de abril, cuando un usuario de la red social X (antes Twitter) publicó la foto de un perro de raza pastor belga malinois que, según su testimonio, presta servicios de seguridad dentro de Unicentro Bogotá. En la imagen, el animal aparece con las costillas y otros huesos claramente marcados, lo que desató sospechas de desnutrición y posible maltrato animal.
El denunciante acompañó la fotografía con un mensaje directo en el que afirmaba que “este es el estado en que mantienen a uno de los perros de seguridad del centro comercial, está en los huesos”. En esa misma publicación, etiquetó a autoridades locales y pidió una intervención urgente para verificar las condiciones de los animales que trabajan en vigilancia.
La publicación fue recogida poco después por la Plataforma por los Animales ALTO, una organización defensora de los derechos de los animales que replicó la imagen y elevó el tono de la queja. En su mensaje, la entidad señaló que el can se encontraba “visiblemente desnutrido, en los huesos y con un estado de salud deteriorado”, e insistió en que no se puede tratar a estos perros como simples herramientas de trabajo.
Plataforma ALTO subrayó que el caso no es un hecho aislado, sino el resultado de un modelo que sigue apoyándose en seres sintientes para labores de seguridad, como la operación en Cádiz, a menudo en entornos exigentes y con riesgos para su bienestar físico y emocional. La organización reclamó garantías efectivas de alimentación adecuada, atención veterinaria constante y tiempos de descanso suficientes.
Antecedentes de denuncias en el mismo centro comercial
Lo ocurrido en esta ocasión se suma a señalamientos anteriores contra Unicentro Bogotá en relación con el trato a los perros de seguridad, y recuerda otros episodios como el rescate de 29 perros. Desde al menos 2019 circulan en redes sociales testimonios y fotos que apuntan a problemas recurrentes en las condiciones de los canes utilizados en patrullajes y funciones disuasorias dentro del complejo.
En aquellas denuncias, usuarios mencionaban que algunos animales permanecían en espacios reducidos y poco adecuados, y cuestionaban si contaban con los cuidados mínimos exigidos por la normativa. Diversas publicaciones posteriores indicaban que, pese a los llamados de atención, la situación no habría cambiado de forma sustancial con el paso del tiempo.
En el caso más reciente, los medios colombianos que han seguido la historia señalan que, de momento, no se conoce una investigación formalizada por parte de las autoridades ni sanciones concretas contra el centro comercial o la empresa encargada de la seguridad, en contraste con sanciones como la multa histórica por maltrato animal. El foco, por ahora, se ha mantenido en la presión ciudadana y en el debate público abierto en redes sociales.
Esta ausencia de información oficial detallada ha alimentado las dudas sobre el estado actual del perro fotografiado, su paradero y las condiciones reales en las que se encuentran los demás canes que operan en ese mismo servicio de vigilancia.
La respuesta de Unicentro Bogotá: el caso de la perra “Ala”
Tras la expansión de la imagen y las críticas, Unicentro Bogotá decidió pronunciarse y remitió una respuesta a medios de comunicación nacionales para defender su actuación en materia de bienestar animal. En su comunicado, el centro comercial identificó a la perra como “Ala”, de raza pastor belga malinois, y negó que la foto difundida refleje la realidad.
Según la versión trasladada por el establecimiento, la imagen no mostraría el estado actual ni real de salud de “Ala”. La administración aseguró que el animal forma parte del equipo de seguridad canina bajo un esquema de cuidado que incluye alimentación controlada, supervisión permanente y atención veterinaria especializada.
Unicentro detalló que, el pasado 19 de marzo, los perros vinculados a su operación fueron sometidos a una inspección por parte de entidades distritales de protección animal y del Escuadrón Antimaltrato y Crueldad Animal. De acuerdo con el centro comercial, este control habría concluido con un concepto favorable en cuanto a salud, bienestar, manejo y actividades de recreación.
En su pronunciamiento, el complejo comercial insistió en que el bienestar de los caninos es un principio “fundamental e innegociable” dentro de su modelo de seguridad. Además, mostró su disposición a colaborar con las autoridades en cualquier proceso de verificación adicional que se considere necesario, subrayando que valora la preocupación ciudadana por el trato a los animales.
Aun así, la discrepancia entre la imagen que circula en redes y la posición oficial ha mantenido viva la polémica. Mientras Unicentro sostiene que las condiciones son óptimas, colectivos animalistas y una parte de la opinión pública insisten en que lo que se ve en la fotografía no encaja con la idea de un perro bien nutrido y en plena forma.
El papel de Alpha Seguridad Privada y sus protocolos con perros
El uniforme que aparece en la denuncia permitió identificar a Alpha Seguridad Privada como la empresa responsable del servicio de vigilancia en Unicentro Bogotá. Esta compañía integra perros en su operación bajo el modelo de “binomios caninos”, es decir, parejas formadas por un guía humano y un animal adiestrado que actúan de manera coordinada.
De acuerdo con la información pública de la empresa, estos binomios se encargan de patrullajes preventivos, apoyo en inspecciones y funciones disuasorias gracias a su sola presencia en las zonas comunes y aparcamientos del centro comercial. Su trabajo se articula con personal de seguridad, sistemas de monitoreo y supervisión permanente.
Alpha Seguridad sostiene tener una política específica contra el maltrato animal, en la que afirma reconocer el valor de todos los seres vivos e implementar “los más altos estándares de cuidado y respeto” hacia los perros que forman parte de sus servicios. Entre los compromisos declarados se incluye proporcionar alimentación adecuada, agua limpia, refugio, ejercicio y estimulación apropiados.
Los protocolos internos de la empresa prohíben cualquier tipo de castigo físico o prácticas que generen estrés innecesario, y señalan el refuerzo positivo como base del entrenamiento de los canes. Asimismo, los empleados están obligados a reportar cualquier posible caso de maltrato o irregularidad que detecten en el trato a los animales.
Sobre el papel, estos lineamientos apuntan a un marco de protección amplio. Sin embargo, la fotografía del perro en aparente bajo peso extremo ha suscitado interrogantes sobre el cumplimiento real de esas políticas en el día a día de la operación en Unicentro, especialmente a la luz de las denuncias previas que se han hecho públicas desde hace años.
Qué significa un perro con bajo peso extremo y por qué preocupa
Veterinarios y asociaciones especializadas explican que un bajo peso extremo en un perro se identifica, entre otros indicios, cuando las costillas, la columna y otros huesos se hacen visibles incluso a cierta distancia. La pérdida de masa muscular, la ausencia casi total de grasa corporal palpable y un aspecto general de delgadez marcada forman parte del cuadro.
En estas condiciones, el animal puede ver comprometido su sistema inmunitario, su resistencia física y su capacidad de termorregulación, quedando más expuesto a infecciones, lesiones y problemas orgánicos. En el caso de perros de trabajo, como los utilizados en seguridad, la exigencia física se suma al riesgo de que la desnutrición se agrave con el esfuerzo diario.
En el episodio de Unicentro Bogotá, tanto la Plataforma ALTO como numerosos usuarios en redes sociales sostienen que la imagen coincide con esta descripción de delgadez extrema. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública una valoración veterinaria independiente que confirme un diagnóstico concreto sobre el estado de salud del animal implicado.
Esta ausencia de información clínica contrastada deja el debate en un terreno complejo, en el que se mezclan percepciones ciudadanas, compromisos institucionales y la necesidad de pruebas oficiales. No obstante, la mera sospecha de que un perro de seguridad pueda estar trabajando en esas condiciones ha servido para reactivar la presión sobre empresas y autoridades.
La Ley Lorenzo y las obligaciones sobre perros de seguridad en Colombia
El caso de Unicentro se produce bajo la vigencia de la denominada Ley Lorenzo, aprobada en 2022 tras un suceso que conmocionó a la opinión pública en Bogotá y que también afectaba a un perro empleado en labores de seguridad. Esta norma reconoce de forma explícita a los perros de vigilancia como seres sintientes y les otorga una serie de protecciones legales.
Entre sus disposiciones, la ley exige que los canes cuenten con alimentación adecuada a su tamaño, edad y nivel de actividad, así como con tiempos mínimos de recreación y esparcimiento a la semana. También prohíbe el uso de elementos que generen dolor físico, como determinados collares, y obliga a garantizarles un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.
Además, la Ley Lorenzo introduce la obligación de programas de retiro digno para los perros que dejan de prestar servicio, evitando que sean abandonados o sacrificados sin justificación. Las empresas deben planificar qué ocurrirá con los animales cuando ya no puedan seguir desempeñando funciones de seguridad.
La normativa también impulsa el reemplazo progresivo de los perros por tecnologías de vigilancia, como cámaras, sensores y sistemas avanzados de monitoreo. La idea es que, con el tiempo, el modelo de seguridad privada deje de depender de seres vivos sometidos a turnos de trabajo y posibles situaciones de estrés continuado.
En paralelo, otras disposiciones del marco regulatorio colombiano establecen requisitos específicos como el registro de los perros ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la implantación de microchips de identificación, la limitación de las jornadas de servicio a un máximo de ocho horas diarias y el acceso permanente a agua potable y espacios higiénicos, en línea con la ley de bienestar animal en España.
Proyecto de ley para prohibir el uso de perros en vigilancia privada
La polémica en Unicentro coincide con la tramitación de una iniciativa legislativa impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, que busca prohibir completamente el uso de perros en labores de seguridad y vigilancia privada en Colombia. El proyecto fue radicado con el apoyo de la Plataforma ALTO y otras organizaciones animalistas.
Esta propuesta se sustenta en la idea de que, pese a las normas existentes, las denuncias por presunto maltrato y malas condiciones de los canes de seguridad siguen siendo frecuentes. Los impulsores consideran que el modelo actual no garantiza plenamente el bienestar de los animales, especialmente por las largas jornadas, el estrés y los entornos hostiles a los que pueden verse expuestos.
Según cifras mencionadas por los promotores de la ley, en 2025 se contabilizaban centenares de perros en servicio activo en Colombia, empleados por distintas compañías de vigilancia en centros comerciales, supermercados, urbanizaciones y otros espacios. Para los defensores del cambio normativo, este volumen de animales implica un riesgo continuo de vulneración de sus derechos.
El proyecto plantea que la seguridad privada transite hacia soluciones tecnológicas y modelos alternativos que no requieran la participación de perros ni de otros animales. De este modo, se pretende evitar que seres sintientes puedan resultar dañados, explotados o sometidos a contextos de sufrimiento prolongado.
Las organizaciones que respaldan la iniciativa han pedido un agendamiento y debate rápidos en el Congreso, al considerar que episodios como el de Unicentro Bogotá demuestran la urgencia de revisar el marco regulatorio. Para ellas, la simple existencia de protocolos y leyes no basta si, en la práctica, se siguen detectando situaciones que generan alarma social.
Entre la denuncia ciudadana y el silencio institucional
A día de hoy, el caso de la perra “Ala” se mantiene en una zona gris, sostenido por denuncias en redes, comunicados cruzados y la ausencia de información pública detallada sobre las actuaciones oficiales emprendidas. No se ha anunciado de forma clara si existen procesos sancionadores abiertos ni qué resultados han tenido las eventuales inspecciones posteriores a la difusión de la imagen.
Este vacío informativo ha llevado a que la discusión se centre en gran medida en la percepción ciudadana y en la presión social, que se canaliza a través de plataformas digitales y medios de comunicación, como la app para denunciar el maltrato animal. Muchas personas reclaman mayor transparencia y controles más visibles sobre el uso de animales en la seguridad privada.
En paralelo, el caso ha servido para recordar que, aunque Colombia cuenta con un marco legal relativamente avanzado en protección animal, la clave está en su aplicación efectiva sobre el terreno. Sin inspecciones rigurosas y sanciones ejemplares cuando proceda, las garantías para los perros de seguridad pueden quedarse en papel mojado.
En el ámbito europeo, donde también existe una sensibilidad creciente hacia el bienestar animal, este tipo de debates se siguen con interés, ya que casos recientes de maltrato animal muestran que muchos países están revisando el papel de los animales en actividades laborales y reforzando la idea de que el progreso en seguridad no debería construirse a costa de su salud ni de su dignidad.
En conjunto, el episodio de Unicentro Bogotá ilustra la tensión entre un modelo tradicional de seguridad basado en perros y un enfoque más moderno que prioriza su protección. Mientras no haya claridad total sobre el estado real del animal y sobre las investigaciones oficiales, el caso seguirá siendo un referente incómodo en la discusión sobre maltrato animal y vigilancia privada, y un recordatorio de que el bienestar de los perros de seguridad sigue siendo una asignatura pendiente para empresas, autoridades y sociedad en su conjunto.
