La Ciudad de México vive días de tensión y debate público tras el masivo operativo en el Refugio Franciscano, uno de los albergues de animales más conocidos de la capital, donde autoridades capitalinas aseguraron y retiraron a cientos de perros y gatos. El caso ha encendido las alarmas sobre el estado real de muchos refugios y sobre cómo debe actuar el Estado cuando se detecta posible maltrato.
En cuestión de horas, casi mil animales fueron sacados del predio ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, y repartidos entre distintas instalaciones públicas. Mientras las autoridades hablan de un rescate necesario por condiciones de hacinamiento e insalubridad, la organización que gestionaba el refugio denuncia un desalojo injusto y ligado a intereses inmobiliarios, lo que ha generado un fuerte choque de versiones.
El operativo que sacó a casi mil animales del Refugio Franciscano
El pasado miércoles 7 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden judicial para asegurar el inmueble conocido como Refugio Franciscano, en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, a la altura de Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa. En el operativo participaron más de 200 elementos de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
De acuerdo con las cifras oficiales, en el lugar se localizaron 936 animales, principalmente perros y gatos. Las autoridades hablan de que más de 800 eran perros, junto con varios decenas de gatos, todos ellos sometidos a una revisión veterinaria de urgencia antes y durante su traslado.
La intervención se dio después de una investigación iniciada en diciembre, a partir de denuncias ciudadanas por presunto maltrato, hacinamiento extremo y falta de atención veterinaria. Inspecciones ministeriales y peritajes forenses documentaron un cuadro general de deterioro que, según la Fiscalía, justificaba la medida de rescate masivo.
Durante el operativo no faltaron los momentos de tensión: manifestantes y activistas animalistas se apostaron frente al refugio, formaron cadenas humanas y llegaron a enfrentarse a empujones con la policía para intentar impedir la salida de los animales. Pese a ello, las autoridades terminaron por ingresar con transportadoras y vehículos oficiales para sacar a los perros y gatos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió poco después a explicar que el objetivo del dispositivo era garantizar el bienestar de los animales rescatados del Refugio Franciscano, insistiendo en que el Gobierno capitalino no busca apropiarse del terreno y que simplemente está cumpliendo con una resolución judicial.
Cómo vivían los animales: hacinamiento, enfermedades y muertes
Las distintas comunicaciones de la Fiscalía capitalina y de la PAOT dibujan un panorama duro sobre las condiciones dentro del refugio. De entrada, los más de 800 perros se encontraban en jaulas pequeñas, muchas sin ventilación adecuada, en espacios reducidos, con acumulación de heces, orina y falta de luz natural. También se reportó ausencia de áreas de aislamiento para animales enfermos.
En los perros se identificaron múltiples problemas dermatológicos como alopecia extensa, dermatitis severa, infecciones cutáneas y lesiones abiertas sin tratamiento médico. A ello se añadían tumores sin atender, masas y lesiones ulcerativas, además de problemas ortopédicos y neurológicos, lesiones crónicas en extremidades y secuelas permanentes en muchos casos.
Los dictámenes veterinarios también hablaron de desnutrición grave y caquexia en algunos ejemplares, mientras que otros presentaban obesidad extrema, algo que las autoridades relacionaron con dieta inadecuada, donde se habrían detectado alimentos poco apropiados como pan sucio o productos dulces.
El estado de los gatos tampoco era bueno: la Fiscalía reportó enfermedades respiratorias generalizadas, con secreción nasal y ocular persistente, estornudos constantes y falta de medidas de aislamiento sanitario. A ello se sumaban cuadros de estrés agudo, miedo y comportamientos asociados a la sobrepoblación.
Como consecuencia de la situación, la FGJCDMX confirmó que al menos 21 animales murieron tras recibir atención médica especializada fuera del refugio, debido al grave deterioro de su salud. Otros 57 permanecen hospitalizados, entre ellos 20 perros y 37 gatos, que siguen bajo observación en centros veterinarios públicos y privados.
A dónde fueron los animales rescatados del Refugio Franciscano
Tras el operativo, los perros y gatos fueron retirados de forma gradual para reducir el estrés del traslado. De acuerdo con la información del Gobierno capitalino, la mayoría de los ejemplares fue enviada a tres sedes principales bajo la coordinación del Ejecutivo local.
Los destinos señalados por las autoridades son:
- Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.
- Hospital Veterinario de la Ciudad de México, para casos que requerían atención clínica constante.
- Albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ubicado en la zona del Ajusco.
En estos espacios, los animales reciben revisiones veterinarias completas, desparasitación, vacunación, curas de heridas y tratamientos para problemas dermatológicos y respiratorios. También se intenta ofrecerles espacios más amplios y limpios, lejos de las jaulas estrechas y el hacinamiento que, según la Fiscalía, sufrían en el predio original.
Fotografías difundidas por la propia FGJCDMX muestran a numerosos perros ya instalados en áreas abiertas rodeadas de zonas verdes, en instalaciones del Ajusco, donde se observa que han sido colocados en corrales y áreas colectivas más espaciosas. Funcionarios de la Brigada de Vigilancia Animal aseguran que ahora los perros ya no están amontonados en jaulas individuales y que se prioriza su recuperación física y emocional.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha insistido en que en estos centros se garantizarán el cuidado, la protección, el alimento y el bienestar de los ejemplares. Los animales con cuadros más graves se han derivado también a hospitales veterinarios públicos y privados, donde continúan hospitalizados bajo seguimiento especializado.
Las acusaciones de maltrato y la investigación penal
El origen del operativo está en una denuncia penal por maltrato o crueldad animal presentada a finales de año por activistas y ciudadanos que visitaron el predio. Entre ellas, destaca el testimonio de la abogada y defensora animalista Sofía Morín, quien aseguró que el peritaje oficial confirmó omisiones y negligencia grave en el trato a los animales.
La Fiscalía explicó que, durante una inspección realizada el 17 de diciembre, una perito veterinaria detectó en el refugio patologías crónicas de larga evolución, como tumores sin operar, heridas abiertas, enfermedades dermatológicas extendidas y problemas respiratorios en numerosos felinos, además de condiciones de higiene muy deficientes.
En sus comunicados, la FGJCDMX habla de hacinamiento extremo, jaulas sin ventilación ni techo, acumulación de desechos, ausencia de áreas de aislamiento y uso de medicamentos caducados. A juicio de las autoridades, todo ello habría provocado dolor, sufrimiento y estrés prolongado en los animales.
Según la titular de la Fiscalía, Bertha Alcalde, de los 936 animales asegurados al menos 798 presentaban signos compatibles con maltrato o crueldad. Con estos elementos, la institución mantiene abierta una investigación que podría derivar en responsabilidades penales y administrativas para las personas encargadas del lugar.
Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la PAOT han señalado que el operativo buscó no solo hacer cumplir la orden judicial, sino también evitar que la situación de riesgo para los animales se prolongara. Mientras tanto, el inmueble permanece asegurado y bajo custodia policial, y se realizan labores de limpieza y saneamiento en su interior.
La versión del Refugio Franciscano y la disputa por el terreno
Frente al relato oficial, la organización Refugio Franciscano A. C. sostiene una versión muy distinta. Para sus representantes, la intervención del 7 de enero no sería un rescate, sino un desalojo derivado de un conflicto por la propiedad del predio, en el que también está implicada la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
El refugio, fundado en 1977, se presenta como un espacio que durante décadas ha dado hogar a miles de animales rescatados del abandono y el maltrato, principalmente perros y gatos. En un comunicado difundido tras el operativo, la asociación afirmó que ha trabajado sin apoyo gubernamental, solo con donaciones de la ciudadanía y recursos propios, y que separar a los animales de sus cuidadores habituales constituye en sí mismo una forma de sufrimiento.
En sus mensajes públicos, el refugio denuncia que la Fundación Haghenbeck habría impulsado la recuperación del predio para destinarlo a proyectos inmobiliarios, en aparente contradicción con la voluntad del fundador, Antonio Haghenbeck, quien habría establecido que sus bienes debían dedicarse al cuidado de los animales. También señalan la venta del terreno a un fideicomiso bancario por una cantidad que consideran irregular.
Portavoces del refugio, como Gina Rivara Reyes y la abogada Jessica Paola Ávalos, han explicado que la asociación estaría dispuesta a reubicarse en un nuevo terreno en Texcoco, pero que carece de recursos suficientes para construir instalaciones equivalentes. A su juicio, el operativo se habría llevado a cabo ignorando resoluciones federales que ordenaron la restitución del inmueble al refugio.
La propia organización sostiene que los animales estaban alimentados, vacunados y bajo el cuidado de personas que los conocían, y que sacarlos por la fuerza, sin un plan consensuado y con un despliegue policial masivo, supone un riesgo emocional y sanitario para ellos. En sus redes sociales llegaron a afirmar que “eso no es un rescate”, y que el gobierno se está llevando perros y gatos “sin dar información clara”.
Choque en la calle y en la opinión pública
La intervención en el Refugio Franciscano no solo se está librando en tribunales y despachos oficiales. La jornada del operativo dejó imágenes de activistas formando cadenas humanas, cortes de carretera y enfrentamientos verbales y físicos con los agentes que custodiaban el inmueble.
Algunos defensores de animales bloquearon por momentos la carretera México-Toluca, lo que obligó a la policía a encapsular a los manifestantes y romper los cercos humanos para permitir la entrada y salida de vehículos. Se reportaron empujones, gritos y acusaciones mutuas sobre quién estaba realmente velando por los perros y gatos del lugar.
En paralelo, en redes sociales se abrió un intenso debate. Por un lado, usuarios y colectivos animalistas que apoyan la intervención compartieron fotografías y testimonios que señalan condiciones de abandono, lesiones visibles y jaulas saturadas. Por otro, simpatizantes del refugio difundieron mensajes resaltando el trabajo histórico del organismo y acusando a las autoridades de actuar con opacidad y excesivo uso de la fuerza.
La jefa de Gobierno trató de desactivar parte de la polémica asegurando que el Ejecutivo capitalino no tiene interés en apropiarse del predio y que esperará lo que determinen los jueces en la disputa civil. A la vez, anunció que los animales rescatados no quedarán a su suerte y que se buscará darles atención médica, refugio adecuado y, a futuro, alternativas de adopción.
Mientras tanto, el inmueble del refugio permanece bajo resguardo de la SSC, con presencia de policías con equipo antimotines en los accesos. En el interior continúan las labores de limpieza, y en el exterior siguen colocadas lonas y mensajes de la fundación y del refugio, reflejando un conflicto que está lejos de darse por cerrado.
Impacto legal: el maltrato animal y la regulación de refugios
El caso ha puesto bajo los focos el marco jurídico de la protección animal en la Ciudad de México y, en particular, la regulación de refugios y albergues. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales capitalina reconoce a estos espacios como actores clave para la defensa de los animales como seres sintientes, pero también les impone obligaciones muy claras.
La normativa establece que los refugios deben operar sin fines de lucro, con autorización oficial y cumpliendo requisitos de infraestructura, salud e higiene. Entre ellos, evitar el hacinamiento, contar con áreas de aislamiento para enfermos, disponer de personal capacitado y garantizar atención veterinaria adecuada y oportuna.
Las Alcaldías tienen un papel central en el registro, la autorización y la supervisión de estos centros, así como en la imposición de sanciones cuando se detectan irregularidades. Además, deben gestionar sus propias zonas de resguardo temporal para animales rescatados de la vía pública o de situaciones de maltrato, distintas de los refugios privados.
La ley también prohíbe prácticas que atenten contra la vida y el bienestar, como la eutanasia injustificada de animales sanos o su uso para experimentación sin bases legales. El incumplimiento de las disposiciones puede acarrear multas que van de 1.500 a 3.000 UMA, entre otras medidas administrativas, aunque también se prevén incentivos fiscales o apoyos para los refugios que sí cumplen los estándares.
A raíz del operativo en el Refugio Franciscano, la jefa de Gobierno anunció su intención de impulsar una nueva iniciativa de ley para reforzar la regulación de refugios y albergues, de manera que se eviten situaciones de sobrepoblación y se garantice que estos espacios puedan ser supervisados con mayor rigor, pero también apoyados cuando trabajen correctamente.
Qué pueden hacer los ciudadanos ante casos de maltrato animal
Más allá de este caso concreto, las autoridades han recordado que cualquier persona puede y debe denunciar el maltrato animal. En la Ciudad de México, existen varios canales abiertos para reportar situaciones de riesgo o crueldad hacia perros, gatos y otras especies domésticas.
Para emergencias inmediatas en las que la vida del animal corra peligro, se puede llamar al 911. Si se quiere presentar una denuncia formal por maltrato o condiciones inadecuadas, la PAOT dispone de atención telefónica, página web y oficinas presenciales para canalizar los casos y, en su caso, iniciar procedimientos administrativos.
También está disponible el número del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia (55 5533 5533), que recibe reportes relacionados con crueldad animal y brinda orientación sobre cómo proceder. En temas que rebasen el ámbito local, como algunos supuestos en instalaciones federales, puede intervenir la PROFEPA.
En lo referente a rescates y apoyo operativo, la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC puede acudir a puntos donde haya animales heridos, abandonados o en riesgo, y coordinar su traslado a albergues o clínicas veterinarias. En todos los casos, la recomendación es documentar con fotos, vídeos y datos lo observado, para que las autoridades cuenten con elementos más sólidos al abrir una investigación.
Lo ocurrido con los animales rescatados del Refugio Franciscano ha puesto sobre la mesa la complejidad de equilibrar la protección efectiva de perros y gatos con el reconocimiento a la labor de quienes llevan años rescatándolos sin apenas recursos. Entre diagnósticos de maltrato, acusaciones cruzadas y un conflicto legal por la propiedad del terreno, lo cierto es que casi un millar de animales ha tenido que ser reubicado de urgencia y ahora depende de que las instituciones, los profesionales veterinarios y la propia sociedad sepan ofrecerles una segunda oportunidad en mejores condiciones que las que motivaron este caso.
