En Gran Bretaña, tener ciertas razas de perro no es solo un tema delicado, es directamente un asunto regulado por una de las leyes más estrictas de Europa en materia canina. Si estás pensando en mudarte al Reino Unido con tu perro, adoptarlo allí o simplemente quieres entender por qué se habla tanto de los American Bully XL, conviene que tengas muy claro qué dice la normativa y a quién afecta.
Desde principios de los noventa el país aplica el Dangerous Dogs Act de 1991, una ley que no solo prohíbe cuatro razas concretas, sino también a cualquier perro que encaje físicamente con esos tipos. A esta lista se ha sumado recientemente el XL Bully, que desde 2024 también está vetado. Todo ello ha generado polémica, miles de incautaciones, un incremento brutal de gastos para la policía y, sobre todo, un fuerte debate sobre si estas prohibiciones están logrando realmente reducir los ataques.
Qué razas de perros están prohibidas en Gran Bretaña
El punto de partida es claro: en el Reino Unido es ilegal poseer determinados “tipos de perro” que la ley considera peligrosos. No se habla solo de razas reconocidas, sino de perros que presenten un conjunto de rasgos físicos concretos.
En la actualidad, hay cinco tipos de perro prohibidos en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia):
- Pit Bull Terrier
- Japanese Tosa (Tosa Inu)
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro (Fila Brasileño)
- American Bully XL (XL Bully)
La clave es que la prohibición se aplica a los perros de estas razas y a cualquier animal que se considere “tipo” Pit Bull, Tosa, Dogo Argentino, Fila o XL Bully, aunque en el chip o en el pasaporte figure otro nombre totalmente distinto.
En otras palabras, la normativa británica se fija sobre todo en el aspecto físico del perro y no tanto en la raza que declare el propietario. Si el perro cumple una serie de características (medidas, proporciones, musculatura y forma de la cabeza, por ejemplo), puede ser catalogado como un tipo prohibido aunque no exista pedigrí que lo respalde.
El XL Bully es un caso particular, porque no está reconocido como raza oficial por el Kennel Club británico. El gobierno lo define como un “tipo” canino: un perro de tamaño grande, muy musculoso, con cuerpo compacto y una cabeza ancha y cuadrada que transmite mucha potencia en relación con su talla.
Qué acciones están prohibidas con estas razas
La ley británica no se limita a decir que no puedes tener uno de estos perros; también marca una serie de conductas totalmente ilegales relacionadas con los tipos prohibidos. Entre ellas, destacan:
- Vender un perro considerado tipo prohibido.
- Abandonar a un perro de estos tipos.
- Regalar o transferir la propiedad del animal a otra persona.
- Criar o reproducir deliberadamente perros que entren en estas categorías.
En el caso concreto de los XL Bully, las restricciones se endurecieron en dos fases: primero se limitó la cría y la venta, y posteriormente se convirtió en delito tener uno de estos perros si no estaba correctamente registrado antes de la fecha límite establecida.
Esto significa que, aunque tu perro sea tranquilo y jamás haya mostrado agresividad, si encaja con las características físicas de un tipo prohibido, no puedes comercializar con él ni dejarlo en manos de terceros. La responsabilidad legal recae siempre sobre el propietario registrado.
Cómo actúan la policía y las autoridades con los perros prohibidos
Uno de los puntos que más sorprende a quienes no conocen la norma es el amplio margen de actuación que tienen las autoridades. La policía o los funcionarios de control canino de los ayuntamientos pueden incautar un perro sospechoso de ser de tipo prohibido incluso aunque no haya habido ningún incidente previo.
En la práctica, esto supone que tu perro puede ser retirado de tu custodia si:
- Está en un lugar público: la policía puede llevárselo sin necesidad de orden judicial.
- Está en una propiedad privada: será necesaria una orden (warrant) específica.
- La policía entra en tu casa por otro motivo (por ejemplo, una investigación de drogas) y, durante el registro, sospecha que tu perro es de tipo prohibido: también pueden incautarlo.
Una vez retirado, el perro es evaluado por un experto canino de la policía o del ayuntamiento, que analiza si entra o no dentro de las tipologías prohibidas y si representa un peligro potencial para la seguridad pública. Tras esa valoración, pueden suceder dos cosas:
- Que el perro sea devuelto al propietario, si se considera que no está dentro de los tipos prohibidos.
- Que quede retenido en instalaciones (perreras) mientras se inicia un procedimiento judicial para decidir su destino.
Durante todo ese periodo, el dueño no puede visitar al perro ni tener contacto con él, algo que provoca un nivel enorme de estrés tanto para el animal como para la familia. Además, el propietario tiene la opción de renunciar voluntariamente al perro, pero si lo hace, el animal puede ser sacrificado sin llegar a celebrarse un juicio.
El papel de los tribunales y el Índice de Perros Exentos (IED)
Si el caso llega a los tribunales, se invierte la carga de la prueba: es el dueño quien debe demostrar que su perro no es un tipo prohibido. No basta con decir que es mestizo o presentar papeles con otra raza, sino que hay que convencer al juez con evidencias y, a menudo, con informes periciales especializados.
Si el tribunal acepta que el perro no entra en las categorías vetadas, ordena la devolución del animal a su propietario. En cambio, si el dueño se declara culpable o no consigue demostrar que el perro está fuera de los tipos prohibidos, se dicta condena penal:
- Multa ilimitada (sin tope económico determinado por ley).
- Pena de prisión de hasta 6 meses, o multa y prisión a la vez.
- Orden de sacrificio del perro como parte de la sentencia.
No obstante, hay una vía intermedia. Si el perro se considera técnicamente prohibido pero el juez estima que no supone un riesgo para la seguridad pública, puede ordenar que el animal sea incluido en el Index of Exempted Dogs (IED), el Índice de Perros Exentos.
Los perros que pasan a formar parte de este registro especial reciben un Certificado de Exención (Certificate of Exemption) y pueden permanecer con sus dueños, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones muy estrictas durante toda la vida del animal.
Requisitos para mantener un perro prohibido con Certificado de Exención
Contar con un Certificado de Exención no es una carta blanca, sino un compromiso de por vida. El documento permite al propietario mantener un perro de tipo prohibido siempre que se respeten unas reglas muy claras, supervisadas por las autoridades.
Entre las obligaciones principales relacionadas con el propio animal, se encuentran:
- Esterilización o castración obligatoria para evitar la reproducción.
- Implantación de microchip para identificar al perro en todo momento.
- Uso permanente de correa y bozal en espacios públicos, independientemente de su comportamiento habitual.
- Mantenimiento en un lugar seguro dentro de la vivienda para impedir que pueda escaparse.
Por parte del propietario, también hay condiciones personales y administrativas muy claras:
- Ser mayor de 16 años para figurar como responsable legal del perro.
- Contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que el perro pueda causar a terceros.
- Presentar el Certificado de Exención cuando lo solicite un agente de policía o un funcionario local, ya sea en el momento o en un plazo máximo de 5 días.
- Notificar al Índice de Perros Exentos cualquier cambio de domicilio o el fallecimiento del animal.
El certificado tiene una validez que se extiende durante toda la vida del perro, pero puede perderse si el animal muestra conductas peligrosas o si el propietario incumple las obligaciones impuestas por la ley.
El caso del American Bully XL: una prohibición reciente y polémica
El XL Bully es, ahora mismo, el gran protagonista del debate sobre razas de perros prohibidas en Gran Bretaña. Su inclusión en la lista de tipos vetados se produjo tras una serie de ataques muy mediáticos, algunos con resultado de muerte, que generaron una fuerte presión social y política para endurecer la normativa.
Las nuevas reglas se implantaron de forma escalonada. Primero se introdujeron medidas para prohibir la cría y la venta de XL Bully, con el objetivo de frenar la expansión de esta tipología. Después, a partir de una fecha límite concreta, se volvió ilegal tener un perro de este tipo salvo que estuviera previamente registrado y exento.
Cuando el gobierno presentó el cambio de ley, calculó que podría haber alrededor de 10.000 ejemplares de American Bully XL en Inglaterra y Gales. Sin embargo, las cifras oficiales posteriores desbordaron por completo esa previsión inicial.
Según los datos del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), hay ya más de 57.000 XL Bully registrados como animales incluidos en el sistema, una cifra que revela lo extendida que estaba esta tipología en el país antes de la prohibición.
Expertos consultados por la BBC han señalado, además, que hasta un tercio de los perros inscritos como XL Bully podrían no encajar exactamente con ese tipo, lo que evidencia las dificultades para identificar con precisión a estos animales y plantea dudas sobre cómo corregir errores en el registro.
Sacrificios masivos y saturación de perreras
Desde que se vetó el XL Bully, el impacto sobre las autoridades británicas ha sido enorme. Los cuerpos policiales de Inglaterra y Gales han informado de que, solo en el último año, se han sacrificado más de 100 XL Bully al mes, en muchos casos tras procesos de incautación y evaluación que se prolongan durante meses.
Las perreras utilizadas para retener estos perros mientras se resuelven los expedientes han llegado a estar al borde de su capacidad máxima. Aproximadamente la mitad de las fuerzas policiales que respondieron a solicitudes de información reconocieron que sus instalaciones estaban prácticamente saturadas.
En términos económicos, el cambio de ley ha supuesto un aumento descomunal de costes. Los gastos de alojamiento en perreras y las facturas veterinarias, según el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), han pasado de rondar los 5 millones de dólares anuales a superar los 31 millones.
Y eso sin contar otros desembolsos asociados como la formación específica de agentes, la compra de vehículos y equipos adaptados, el alquiler adicional de perreras a corto plazo o el incremento de recursos necesarios para vigilar y hacer cumplir la normativa sobre perros peligrosos.
El responsable de la lucha contra perros peligrosos en el NPCC, el jefe de policía Mark Hobrough, ha reconocido públicamente que la modificación legal ha generado una presión enorme sobre las fuerzas de seguridad y ha pedido cambios legales para poder aplicar la prohibición de forma eficaz.
¿Están bajando los ataques de perros en Reino Unido?
A pesar de la dureza de la ley y del notable aumento de los sacrificios de perros prohibidos, los datos no parecen mostrar un descenso claro de los ataques. De las 25 fuerzas policiales que respondieron a las solicitudes de información de la BBC, 22 indicaron que esperaban cerrar el año con más incidentes reportados que en periodos anteriores.
Esto plantea un debate complejo: ¿sirven realmente las prohibiciones de razas para reducir las agresiones? Mientras el gobierno defiende que la medida es necesaria para proteger a la ciudadanía, algunos expertos y asociaciones señalan que el problema va más allá del tipo de perro y tiene mucho que ver con el manejo, la educación para prevenir mordeduras y la responsabilidad del propietario.
El propio NPCC ha pedido cambios legales que den a los agentes alternativas más flexibles a la simple incautación y sacrificio. Una de sus propuestas es poder avisar formalmente a dueños responsables que han adquirido, quizá sin saberlo, un XL Bully o un tipo prohibido, antes de llegar directamente a la vía penal.
Al mismo tiempo, se reclama disponer de herramientas mucho más contundentes para perseguir a criadores ilegales y reincidentes que utiliza este tipo de perros sin ningún control, a menudo con fines de intimidación o incluso vinculados a actividades delictivas.
Historias reales detrás de la ley: el caso de Lisa Willis
Más allá de las cifras, hay situaciones personales muy duras que han alimentado el debate. Uno de los casos que más impacto ha tenido en los medios británicos es el de Lisa Willis, una mujer de 55 años de Norfolk que fue gravemente atacada por un perro tipo American Bully XL.
Lisa paseaba tranquilamente con su terrier Duke cuando, primero, un bulldog francés atacó a su perro. Apenas unos instantes después, un XL Bully salió de un jardín, cruzó la calle y se lanzó contra ella. La víctima describe la escena como si estuviera en “una película de terror”.
Relata que el perro era tan fuerte que quedó colgado de su brazo y no había forma de soltarlo, por mucho que lo intentara. Los gritos alertaron a varias personas, que acudieron a ayudarla y consiguieron separarla del animal, pero su brazo quedó destrozado.
Lisa contó que llegó a temer desangrarse en el lugar del ataque y pidió a quienes la socorrieron que llamaran a su marido para poder despedirse de él. Posteriormente fue trasladada al hospital, donde tuvo que iniciar un largo tratamiento y continúa bajo atención por estrés postraumático.
El XL Bully que la atacó fue capturado por la policía y sacrificado ese mismo día, un procedimiento habitual cuando un perro incluido en estas tipologías está involucrado en un incidente grave. Aun así, la víctima considera que la ley actual es “inútil” y sostiene que a propietarios como el suyo, que al poco tiempo reemplazó al perro por otro, se les debería impedir volver a tener animales.
Seguros obligatorios y cambios previstos
Otra de las obligaciones poco conocidas para quienes tienen un perro registrado como prohibido es la referente al seguro de responsabilidad civil. Para mantener la validez del Certificado de Exención, el dueño debe contar con una póliza que cubra los daños que su animal pueda causar a otras personas.
Hasta ahora, una de las entidades clave que ofrecía este tipo de seguros era Dogs Trust, pero la organización ha anunciado que dejará de proporcionar cobertura a perros prohibidos a partir del 30 de junio de 2026, tanto en nuevas pólizas como en renovaciones.
Las pólizas ya contratadas seguirán siendo válidas hasta su fecha de expiración, pero los propietarios tendrán que estar muy pendientes de las instrucciones que emita el Defra para saber cómo cumplir con la obligación de mantener un seguro activo después de esa fecha.
Mientras tanto, se exige que los dueños de perros incluidos en el Índice de Perros Exentos tengan un seguro en vigor como mínimo hasta el 30 de junio de 2026. El gobierno se ha comprometido a comunicar nuevas opciones o cambios antes de esa fecha para evitar que estos propietarios se queden en un limbo legal.
Todo este contexto hace que, a día de hoy, convivir con un perro catalogado como peligroso en Reino Unido suponga un nivel muy alto de responsabilidad, control y coste económico, lo que muchos sienten como una penalización colectiva incluso para quienes cuidan a sus animales con total rigor.
El marco legal británico en torno a las razas de perros prohibidas combina prohibiciones tajantes, un control muy estricto y un alto número de sacrificios con la intención declarada de proteger a la ciudadanía frente a ataques graves; sin embargo, la saturación de perreras, el enorme coste para la policía, los problemas de identificación de tipos como el XL Bully y las dudas sobre si realmente están disminuyendo las agresiones muestran un escenario tenso y controvertido en el que la responsabilidad del propietario, la educación canina y el control sobre la cría ilegal siguen siendo tan decisivos como la raza o el aspecto físico del perro.
