Rescatan 11 perros y un conejo hacinados en un criadero ilegal doméstico

  • Once perros y un conejo fueron localizados en una vivienda donde eran criados para su venta sin control sanitario.
  • Los animales estaban hacinados, con escasa alimentación, falta de cuidados y algunos con problemas de piel.
  • La intervención se produjo tras la denuncia de una organización proteccionista y derivó en un allanamiento judicial.
  • El propietario se enfrenta a una infracción por vulnerar la normativa municipal que prohíbe la cría de animales con fines comerciales.

rescate de perros y conejo en criadero ilegal

Once perros y un conejo fueron rescatados de una vivienda donde se les estaba criando para su comercialización, en condiciones muy alejadas de un bienestar mínimo. El operativo, coordinado entre autoridades judiciales y agentes policiales, sacó a la luz el estado de hacinamiento, la falta de controles veterinarios y la precariedad de las instalaciones en las que permanecían los animales.

La actuación se desencadenó tras la denuncia formal de una organización proteccionista que alertó sobre la presencia de animales encerrados, sin la alimentación adecuada y sin acceso a los cuidados básicos. A partir de esa comunicación, se puso en marcha un dispositivo que culminó con una orden de registro del domicilio y la intervención directa sobre todos los ejemplares que se encontraban en el interior.

Denuncia de una ONG y comienzo de la investigación

El caso se originó cuando una ONG dedicada a la protección animal informó a las autoridades sobre posibles criaderos clandestinos, indicando que en una vivienda se estarían criando perros para su venta, en un entorno claramente inadaptado para su número y sus necesidades.

Ante estos indicios, la Policía inició las primeras actuaciones de comprobación y recopilación de pruebas, recabando información sobre el movimiento de animales en el domicilio y sobre las condiciones en las que vivían. El objetivo era poder acreditar si existía un posible caso de maltrato, abandono o explotación con fines comerciales, algo que la normativa actual persigue con especial atención.

Con la información reunida, la causa llegó al Juzgado de Garantías, que valoró la gravedad de la situación descrita por los denunciantes y por los agentes. La posible existencia de animales en situación de maltrato y la sospecha de una actividad de cría y venta sin autorización fueron determinantes para que la justicia autorizara un allanamiento en el inmueble investigado.

Este tipo de denuncias de asociaciones y colectivos de protección animal se ha convertido en una vía clave para destapar criaderos clandestinos o situaciones de abandono, ya que muchas veces son estas entidades las que primero reciben avisos vecinales, fotografías o vídeos que documentan los hechos.

El allanamiento de la vivienda y el hallazgo de los animales

La entrada en la vivienda, situada en la zona sureste de la ciudad de Concordia, se llevó a cabo con presencia policial y bajo la supervisión de un equipo especializado. El operativo se diseñó para garantizar la seguridad tanto de los animales como de los intervinientes, y para documentar con precisión el estado del lugar y de cada ejemplar encontrado.

En el interior se localizaron once perros de distintas razas y edades, además de un conejo. Siete de los perros pertenecían a la raza Dachshund, conocidos popularmente como «salchicha»: dos de ellos eran adultos, con alrededor de dos años, mientras que los cinco restantes eran cachorros de apenas un mes de vida. Junto a ellos, se encontraron tres perros adultos de raza Dogo Argentino y un can mestizo.

Llamó especialmente la atención la situación del conejo, encerrado en una jaula de pájaros fabricada de forma artesanal, un habitáculo completamente inadecuado para su especie. La estructura, reducida y poco estable, no ofrecía las mínimas garantías de espacio, movilidad ni protección para el animal, lo que reforzó la impresión general de precariedad del supuesto criadero.

Todos los animales fueron considerados en situación de vulnerabilidad, por lo que se procedió a su traslado inmediato fuera de la vivienda y a su puesta a disposición de las autoridades competentes, con la idea de derivarlos posteriormente a protectoras o casas de acogida donde puedan recuperarse.

Condiciones higiénicas y sanitarias por debajo de lo aceptable

Durante el registro, un veterinario policial inspeccionó uno por uno a los animales y evaluó el entorno donde se encontraban. El informe preliminar destacó que el lugar carecía de las condiciones adecuadas de habitabilidad: los espacios eran reducidos, no había ventilación suficiente y la limpieza era claramente insuficiente para tantos ejemplares.

Además, el profesional constató que ninguno de los animales disponía de libreta sanitaria actualizada, es decir, no había constancia oficial de vacunaciones, desparasitaciones u otros tratamientos obligatorios. En algunos casos, se observaron problemas visibles en la piel, compatibles con enfermedades dermatológicas que suelen estar asociadas a la falta de higiene, al estrés o a la convivencia en espacios saturados.

La ausencia de documentación veterinaria y los signos clínicos detectados son indicios habituales de cría descontrolada orientada únicamente al beneficio económico, donde se prescinde de los protocolos de salud tanto por reducir costes como por evitar inspecciones. Esta situación no solo afecta al bienestar de los animales criados, sino que puede derivar en la propagación de enfermedades y en la venta de cachorros enfermos a terceros.

Las autoridades consideran este tipo de condiciones como un riesgo no solo para los propios animales, sino también para la salud pública, ya que la falta de control sanitario puede facilitar la aparición de zoonosis o de brotes de enfermedades que afecten a otros animales del entorno.

Marco legal y actuación administrativa

Paralelamente a la intervención policial y veterinaria, se dio aviso a la Inspección municipal, que se personó en el lugar para levantar las correspondientes actas. El inspector constató la actividad de cría y tenencia de animales con un claro propósito comercial, algo que no contaba con autorización y que vulneraba la normativa vigente.

Como resultado, se procedió a levantar un Acta de Infracción en aplicación de la Ordenanza municipal 38617, que establece la prohibición de criar animales con fines de comercialización en determinadas condiciones o sin la debida autorización. Esta ordenanza busca limitar la proliferación de criaderos domésticos no regulados y asegurar que cualquier actividad de este tipo cumpla criterios estrictos de bienestar animal.

El expediente administrativo abierto podrá acarrear sanciones económicas, la inhabilitación para la tenencia o cría de animales e incluso, dependiendo de la valoración jurídica de los hechos, derivar en responsabilidades penales si se aprecia maltrato o abandono conforme a la legislación aplicable.

Casos como este refuerzan la idea de que la normativa local y autonómica, así como las nuevas leyes de protección animal en Europa, se orientan cada vez más a desalentar la cría indiscriminada y a frenar la venta irregular de animales de compañía. La tendencia legislativa se dirige hacia modelos de adopción responsable y de control estricto de los centros de cría autorizados.

El papel de las entidades proteccionistas y la concienciación ciudadana

La intervención en esta vivienda pone de relieve la importancia de la colaboración entre ciudadanía, asociaciones y administraciones. Sin la alerta previa de la ONG proteccionista, las autoridades difícilmente habrían tenido conocimiento del interior de esa propiedad y de la situación real de los animales.

Por su parte, se insiste en que cualquier persona que observe signos de abandono, hacinamiento, suciedad extrema o animales sin atención veterinaria en un domicilio o local, puede y debe comunicarlo a la policía local, a los servicios municipales o a entidades especializadas. Una simple llamada o un informe detallado pueden ser el primer paso para sacar a decenas de animales de una situación límite.

Este tipo de actuaciones buscan enviar un mensaje claro: la cría clandestina de animales de compañía con fines exclusivamente comerciales, ignorando su bienestar y la legalidad, no es una práctica tolerada y puede conllevar consecuencias serias para quienes la impulsan o la permiten.

La operación en la vivienda de Concordia deja patente cómo la combinación de denuncia ciudadana, respuesta policial, respaldo judicial y acción administrativa permite intervenir de forma efectiva en espacios privados donde se vulneran de forma sistemática los derechos de los animales, favoreciendo que estos puedan ser atendidos, recuperados y, en última instancia, encontrar hogares donde reciban los cuidados que nunca debieron faltarles.

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