Una intervención coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) permitió liberar a 14 caniches que estaban hacinados en una vivienda del barrio porteño de Flores, donde funcionaba un criadero clandestino.
El inmueble, situado en Arrotea al 600, ya había sido clausurado meses atrás, pero la actividad ilegal volvió a ponerse en marcha. Con nuevas pruebas en mano, las autoridades reimplantaron la clausura y activaron un operativo para poner a salvo a los animales.
El operativo y las pruebas que lo motivaron
Tras analizar documentación incautada en el primer procedimiento, la fiscalía, a cargo del Dr. Blas Matías Michienzi, acreditó la continuidad de la cría ilegal en el mismo domicilio. Con orden judicial del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5, se realizó un nuevo allanamiento para frenar el riesgo sobre los animales.
Participaron efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad, además de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), la Dirección General de Control y Fiscalización, la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos y veterinarios de APRA.
Qué encontraron dentro de la vivienda
En el registro se hallaron 11 hembras adultas, un macho joven de unos ocho meses y tres hembras en avanzado estado de preñez. Además, dos cachorros de menos de 45 días fueron descubiertos ocultos en un placard.
Los profesionales constataron paupérrimas condiciones higiénicas: fuerte olor a materia fecal, suciedad generalizada, otitis y sarro dental en varios ejemplares. Ninguno tenía libretas sanitarias ni vacunación registrada.
El entorno era claramente inadecuado: no había alimento disponible y los perros sólo podían beber de un bebedero pequeño, en un espacio sin condiciones para su bienestar.
Medidas adoptadas y seguimiento de los animales
Ante la reincidencia, las autoridades dispusieron el secuestro de todos los animales y de las jaulas, además de la reimplantación de la clausura sobre el inmueble. Cada caniche fue chipeado con un ID para asegurar su identificación y trazabilidad.
Los perros fueron trasladados a una ONG especializada en protección y defensa animal, donde recibirán atención veterinaria, estabilización y seguimiento hasta su recuperación, bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal.
Como antecedente, en octubre de 2024 el mismo domicilio ya había sido allanado: se rescataron 57 caniches y se constató maltrato y riesgos zoonóticos. Aquella intervención se realizó a pedido del fiscal de turno y con aval de la jueza Fernanda Botana, del Juzgado PCyF 5.
Este nuevo operativo vuelve a poner el foco en la reincidencia de los criaderos clandestinos y en la necesidad de sostener la articulación entre fiscalía, fuerzas de seguridad, organismos de control y profesionales veterinarios para cortar la cadena de explotación y garantizar el bienestar animal.