Once perros, en su mayoría de las razas Bulldog Francés y American Bully, fueron puestos a salvo de un inmueble en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde permanecían en condiciones muy precarias. Las autoridades sospechan que se trataba de un caso de maltrato animal y posible explotación de perros de alto valor comercial.
El operativo se llevó a cabo el 24 de diciembre, tras una orden de cateo concedida por un juez especializado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La intervención, en la que participaron también la Unidad de Control y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli y la Policía Municipal, se centró en un domicilio señalado previamente por denuncias ciudadanas y testimonios difundidos en redes sociales.
Cómo se desarrolló el cateo y el rescate de los 11 perros
La diligencia se realizó como parte de una técnica de investigación de cateo autorizada judicialmente. Una vez dentro del inmueble, el personal de la Fiscalía y los servicios municipales localizaron once ejemplares caninos, todos ellos en un entorno que, según la valoración inicial, no reunía las mínimas condiciones de bienestar.
Los perros se encontraban hacinados, sin ventilación adecuada, rodeados de suciedad y sin espacios apropiados para descansar o resguardarse. De acuerdo con los reportes, en el lugar no había agua ni alimento suficiente, situación que suponía un riesgo directo para la salud de los animales, especialmente en un contexto de encierro prolongado.
Durante la intervención participó un médico veterinario, cuya presencia es obligatoria en este tipo de actuaciones para valorar de inmediato el estado físico de los animales. A partir de su opinión profesional, se determinó que los once perros debían ser asegurados de forma urgente y trasladados a un espacio controlado, donde pudieran recibir atención médica y una alimentación adecuada.
Como parte del cateo también se halló una dosis de marihuana y una pipa en el interior del domicilio. Estos objetos fueron asegurados y se integraron a la carpeta de investigación abierta por la FGJEM, con la intención de aclarar tanto la posible relación con otros delitos como la responsabilidad de quienes ocupaban el inmueble.
Al término de la diligencia, el domicilio quedó asegurado por las autoridades para conservar las condiciones en que fueron encontrados los animales y los indicios, mientras avanzan las indagaciones sobre el presunto maltrato y la eventual existencia de una actividad lucrativa con perros de raza.
Condiciones de los perros rescatados y su resguardo
Los ejemplares, principalmente Bulldog Francés y American Bully, son razas consideradas de alta demanda en el mercado, con precios que en México pueden ir desde unos pocos miles de pesos hasta cifras que rondan o superan los 30.000 pesos por cachorro, según su línea genética, color, tamaño y criador. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que el inmueble podría haber sido utilizado para la cría o venta de perros sin controles adecuados.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los canes se encontraban en un ambiente insalubre, con restos de suciedad visibles y escasa circulación de aire. La falta de espacios independientes para cada animal, unida al hacinamiento, contribuía a aumentar el estrés y el riesgo de enfermedades, algo especialmente delicado en razas braquicéfalas como el Bulldog Francés, que ya de por sí presentan problemas respiratorios frecuentes.
Tras ser valorados, los once perros fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Control y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli. Allí se les proporciona alimentación adecuada, agua limpia, seguimiento veterinario y un entorno más controlado. El objetivo es estabilizar su estado de salud y su comportamiento antes de decidir su destino final, que podría incluir la adopción responsable una vez concluida la parte legal del caso.
Las autoridades no han detallado aún el grado exacto de afectación de cada animal, pero han subrayado que la intervención se produjo para evitar que la situación derivara en consecuencias más graves. En casos de deshidratación, desnutrición o lesiones, la actuación rápida suele ser determinante para salvar la vida de los animales.
Marco legal: penas por maltrato animal en el Estado de México
El rescate de estos once perros se enmarca en un contexto normativo cada vez más exigente en materia de protección animal en el Estado de México. La legislación penal local contempla sanciones relevantes para quienes incurran en conductas de crueldad o abandono.
El artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México establece penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas económicas para la persona que, de forma dolosa, cause lesiones a un animal o lo abandone poniéndolo en situación de riesgo. Estas sanciones pueden incrementarse cuando el maltrato quede documentado o se difunda mediante imágenes o vídeos, lo que la ley considera un agravante.
Por su parte, el artículo 235 Ter prevé penas de tres a seis años de cárcel cuando se cause la muerte no inmediata de un animal, prolongando deliberadamente su agonía. Si la persona responsable es un servidor público con funciones relacionadas con el manejo de animales, la pena puede elevarse hasta los nueve años de prisión y conllevar sanciones administrativas adicionales.
Las cantidades económicas derivadas de estas multas se destinan al Fondo para la Protección a los Animales del Estado de México, un mecanismo que busca reforzar la atención y el resguardo de ejemplares víctimas de abandono o maltrato. No obstante, la propia normativa excluye de estas disposiciones actividades como charreadas, jaripeos, rodeos, lidia de toros, peleas de gallos, adiestramiento, caza o rescate, siempre que se lleven a cabo conforme a la regulación específica que las ampara.
Investigación abierta y posible adopción de los perros
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta una carpeta de investigación por el presunto delito de maltrato animal relacionado con este caso. El objetivo es identificar de manera clara a las personas responsables del inmueble, determinar desde cuándo se mantenía a los perros en esas condiciones y aclarar si existía una actividad económica ilegal en torno a la cría o venta de estos ejemplares.
Mientras prosiguen las diligencias, el inmueble permanece asegurado para evitar alteraciones en la escena. Los indicios hallados, incluidos los restos de marihuana y la pipa, podrían servir para ampliar el alcance de la investigación si se acredita la comisión de otros delitos adicionales al maltrato animal.
En cuanto al destino de los perros, las autoridades han señalado que permanecerán bajo resguardo oficial en la Unidad de Control y Bienestar Animal hasta que su estado de salud sea estable y exista una resolución más clara sobre el caso. En situaciones similares, una vez concluido el proceso judicial, muchos animales son incorporados a programas de adopción responsable, priorizando hogares donde se garantice su bienestar a largo plazo.
Este rescate se suma a otros operativos llevados a cabo en el mismo municipio y en diferentes puntos del Estado de México, donde se han localizado perros en condición de abandono o explotación, lo que evidencia una creciente sensibilidad social hacia el trato que reciben los animales de compañía y la importancia de denunciar estos hechos.
Canales para denunciar el maltrato animal en el Estado de México
Ante casos como el de Cuautitlán Izcalli, las autoridades insisten en que la denuncia ciudadana es la pieza clave para detectar y atender situaciones de crueldad hacia los animales. Cualquier persona que presencie actos de violencia, abandono o condiciones insalubres puede ponerlo en conocimiento de las instancias competentes.
En el Estado de México, uno de los principales canales es la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem), dependiente del Gobierno estatal. Se puede contactar a través del teléfono (722) 21 35456 ext. 1, donde se reciben reportes sobre animales desnutridos, deshidratados, con lesiones visibles, encerrados en espacios reducidos o que sufran golpes y malos tratos.
Además del teléfono, existe la posibilidad de realizar la denuncia a través del sitio web de la Propaem y otros canales institucionales, lo que facilita el proceso para quienes no puedan desplazarse o prefieran comunicar los hechos por vía digital. En muchos casos, las quejas se apoyan en fotografías o vídeos que ayudan a documentar el estado de los animales y agilizan la respuesta de las autoridades.
Las organizaciones de protección animal y los propios centros de bienestar recuerdan que, aunque pueda dar reparo implicarse en un caso de maltrato, cada aviso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un perro o un gato. Denunciar no solo protege a los animales afectados, sino que también envía un mensaje claro de rechazo social a este tipo de conductas.
Lo ocurrido con los once perros rescatados en Cuautitlán Izcalli pone nuevamente el foco en la importancia de la vigilancia ciudadana, la aplicación de la ley y el trabajo coordinado entre Fiscalía, policía y servicios de bienestar animal. Gracias a esa combinación de esfuerzos, estos ejemplares han podido abandonar un entorno de hacinamiento y carencias para iniciar una etapa de recuperación, a la espera de que la justicia esclarezca responsabilidades y se garantice que no vuelven a sufrir una situación similar.
