La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a un proyecto que regula la tenencia de perros catalogados como potencialmente peligrosos. El texto impulsa un registro provincial de propietarios y una formación obligatoria, con la intención de elevar los estándares de seguridad pública y, a la vez, cuidar el bienestar animal.
La iniciativa fue presentada como una herramienta de prevención más que de castigo, aunque contempla sanciones para quienes no cumplan. El debate llegó en un contexto de aumento de mordeduras registrado en el primer semestre, dato que volvió a situar el tema en la agenda y que, según los legisladores, exige respuestas concretas.
Qué medidas incluye la iniciativa
El proyecto crea un Registro Provincial de Propietarios de perros potencialmente peligrosos, que funcionará de forma articulada con los municipios para unificar la información y facilitar los controles. Esta base de datos permitirá identificar animales y dueños, y mejorar el seguimiento de casos.
- Inscripción obligatoria de propietarios de razas consideradas de riesgo.
- Base de datos única y actualizada en coordinación con los gobiernos locales.
- Requisitos de manejo y seguridad al circular en espacios públicos.
- Protocolos de actuación ante incidentes y responsabilidades del dueño.
Además, se incorpora un curso de capacitación obligatorio para quienes tengan estos animales, con contenidos sobre crianza, manejo responsable, medidas de seguridad y prevención de incidentes. La formación acreditada será requisito para figurar en regla en el registro.
Si bien la norma insiste en el enfoque preventivo, prevé respuestas ante faltas: se contemplan multas y arresto de hasta 45 días para los casos de incumplimiento de las obligaciones, como no registrar al perro o desoír las pautas de seguridad exigidas.
Voces en el recinto
El diputado Nicolás Taibo, impulsor de la propuesta, remarcó que se trata de perfeccionar el esquema vigente para elevar la seguridad de la comunidad y proteger a los animales, optimizando controles y responsabilidades. Aclaró que no se busca criminalizar a los dueños, sino dotarlos de herramientas formativas.
Por su parte, Juan José Esteban subrayó el incremento significativo de mordeduras en la primera parte del año, lo que a su juicio obliga a implementar estrategias integrales y sostenidas, no solo anuncios. La estadística, señaló, pide actuar con celeridad.
En la misma línea, Patricio Peñalba respaldó el perfil preventivo, pero advirtió que el Estado debe reforzar capacidades y articular con veterinarios, especialistas y organismos competentes para una gestión eficaz, desde el registro hasta la supervisión en territorio.
La iniciativa lleva la firma de Nicolás Taibo, Carlos Jorge, Edgar Domínguez, Pablo Gómez, Fabio López, Raúl Vargas y Ricardo Vargas, y fue aprobada por unanimidad en Diputados antes de pasar al Senado para su revisión.
Antecedentes y problemática en Salta
La discusión no surge de la nada: en distintos puntos de la provincia se repiten escenas de perros sueltos, incluidas razas de gran porte y fuerza, que generan preocupación vecinal y episodios con heridos. La crónica local arrastra varios hitos que explican el nuevo impulso regulatorio.
En 2011, Cerrillos llegó a la prensa nacional por la presencia masiva de perros en un barrio, donde el hospital atendía diariamente a personas mordidas. A pesar de la alarma, las soluciones no prosperaron con la contundencia esperada.
En 2017, un hombre de 96 años casi perdió la vida tras el ataque de una jauría de pitbulls en el barrio Sivero, también en Cerrillos. El hecho expuso, otra vez, la falta de controles y la necesidad de protocolos claros de prevención.
En Orán, el municipio instó a registrar a los denominados “perros fuertes”, pero la respuesta de los propietarios fue limitada y dispareja, según autoridades locales. La brecha entre norma y calle se hizo evidente.
También hubo intentos en Metán, donde se habló de un registro con credenciales, multas y exigencia de correa y bozal para circular. La propuesta, sin embargo, no llegó a consolidarse y la presencia de perros sin sujeción continuó siendo una constante.
En 2012, la Legislatura provincial aprobó una ley de tenencia responsable que ya exigía inscribir razas como rottweiler, pitbull o dogo, entre otras, atendiendo a su capacidad de causar lesiones graves. El texto fijaba que, en caso de mordedura, el dueño debía afrontar los gastos médicos de la víctima, e incluso contemplaba arresto por no cumplir con el registro.
El gran obstáculo ha sido la aplicación efectiva: no todos los municipios cuentan con los recursos o la voluntad para fiscalizar, por lo que la norma no siempre se tradujo en prácticas sostenidas. La calle, en más de una ocasión, terminó imponiendo su realidad.
Qué viene ahora
La propuesta pretende relanzar el marco existente con un foco más claro en la prevención y la formación de propietarios. Si logra implementarse con continuidad, podría marcar un punto de inflexión en la convivencia entre personas y animales en la provincia.
Para que eso ocurra, hará falta sostener controles, campañas y acompañamiento técnico a los dueños, evitando que la normativa quede en el papel. La responsabilidad individual y la coordinación institucional serán determinantes.
Al final, lo que está en juego es quién y cómo asume las obligaciones cuando un perro representa un riesgo. Registro, capacitación y control forman el triángulo sobre el que Salta intenta construir una respuesta duradera.
Con el avance del proyecto, la provincia da un paso hacia la gestión responsable de razas de perros peligrosas: un registro provincial para saber quién es quién, una capacitación para mejorar el manejo cotidiano y sanciones para los incumplimientos, todo ello orientado a reducir incidentes y a reforzar el bienestar animal sin caer en un enfoque punitivo como primera reacción.