La justicia santafesina ha dado por fin un carpetazo definitivo a uno de los episodios más sombrÃos que se recuerdan en la región. Tras un proceso que se ha alargado más de la cuenta, el tribunal penal liderado por el magistrado Pablo Busaniche ha dictado una sentencia condenatoria para los propietarios de un grupo de perros que, hace unos años, acabaron con la vida de Diego Román, un chaval de apenas doce años. El ambiente en la sala de audiencias era de pura tensión, con una mezcla de alivio y dolor contenido entre los allegados del pequeño que no han faltado a ni una sola sesión del juicio.
El fallo judicial ha sido bastante claro al señalar a Iván Reyes y Norma Vega como los responsables directos de lo ocurrido, al menos desde el punto de vista legal. Ambos han sido considerados coautores de un homicidio culposo como figura penal principal. A Reyes le han caÃdo cuatro años de prisión efectiva, mientras que para Vega la pena se ha quedado en tres años de ejecución condicional. La verdad es que el caso ha dado muchas vueltas, pero al final la balanza de la justicia se ha inclinado hacia la responsabilidad de los dueños que conlleva tener animales de este calibre bajo el propio techo.
Detalles forenses y el comportamiento de la jaurÃa
Durante las vistas, los testimonios de los expertos han sido fundamentales para reconstruir lo que pasó en aquel descampado. Se determinó que el chico fue vÃctima de un ataque coordinado por diez ejemplares que actuaron con una ferocidad inusitada. Según los peritos, este tipo de jaurÃas suelen tener un funcionamiento muy jerarquizado donde un macho alfa inicia la agresión y el resto le sigue el juego, rodeando a la presa hasta dejarla sin escapatoria. No fue algo aleatorio, sino una conducta depredadora en toda regla que no dejó margen de defensa al menor.
Uno de los puntos que más peso ha tenido en la decisión del juez ha sido el informe del médico forense Pascual Pimpinella. Con miles de autopsias a sus espaldas, el doctor fue tajante al explicar que la causa del deceso fue una rotura de la arteria femoral provocada por los mordiscos. Lo más duro de su declaración fue confirmar que las lesiones se produjeron mientras el niño todavÃa intentaba luchar por su vida, descartando cualquier otra teorÃa que incluyera armas blancas o la participación de otras personas en el lugar de los hechos, algo que se llegó a rumorear en los primeros compases de la investigación.
Además, las pruebas de laboratorio aportaron ese dato cientÃfico que a veces falta en estos casos tan complejos. Los investigadores encontraron pelos con correspondencia genética de los perros de los acusados en la ropa que llevaba Diego aquel fatÃdico dÃa. Este hallazgo fue el clavo ardiendo al que se agarró la fiscalÃa para demostrar que no se trataba de perros vagabundos cualquiera, sino de los animales que vivÃan en la finca de Reyes y Vega y que campaban a sus anchas por la zona sin ningún tipo de supervisión.
Responsabilidad civil y prevención ante animales peligrosos
A lo largo del juicio se puso de manifiesto que este no era el primer susto que daban estos animales. Varios vecinos ya habÃan dado la voz de alarma sobre la agresividad de los perros, pero parece que las advertencias cayeron en saco roto. El tribunal subrayó que los dueños descartaron la intervención de terceros o de medidas de seguridad efectivas, a pesar de saber perfectamente que sus mascotas eran un peligro potencial para cualquiera que pasara cerca de su propiedad. El cerramiento del recinto era, por decirlo de forma suave, una auténtica chapuza que permitÃa que los canes salieran a deambular libremente.
La defensa intentó por todos los medios sembrar la duda, argumentando que habÃa muchos perros sueltos por el barrio y que no se podÃa señalar a los de sus clientes con total seguridad. Sin embargo, los magistrados consideraron que existÃa un incumplimiento flagrante de las medidas de seguridad insuficientes que exige la normativa local para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Al final, esa dejadez ha tenido las peores consecuencias posibles, transformando una negligencia en una tragedia irreparable que ha marcado a toda la localidad de Recreo.
Este caso ha servido también para que las autoridades locales se pongan las pilas en cuanto a la vigilancia de animales en la vÃa pública. La sentencia no solo castiga a los culpables, sino que lanza un aviso a navegantes sobre la necesidad de fortalecer los controles municipales para evitar que algo asà vuelva a repetirse. Se espera que a partir de ahora se sea mucho más estricto con las licencias y los requisitos que deben cumplir los dueños de ciertas razas, para que la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, no dependa del azar o de la buena voluntad de los propietarios.
El veredicto final ha traÃdo algo de paz a una comunidad que llevaba años exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido en aquel campo cercano al Barrio Comunal. Aunque las penas de cárcel no pueden devolver la vida al pequeño Diego, el reconocimiento judicial de la culpa de los dueños de la jaurÃa marca un hito en la jurisprudencia local sobre la responsabilidad animal. El proceso ha demostrado que la falta de control sobre las mascotas puede derivar en consecuencias penales severas, cerrando asà una etapa de juicios y apelaciones que ha mantenido en vilo a toda la provincia de Santa Fe.
